Más de mil manifestantes recorren el centro de Madrid contra el ‘tasazo’

A las doce menos cuarto de esta mañana, cuatro personas llegaban a Cibeles portando un ataúd de madera y cartón. En él se leía Justicia, me han matado. Solo 15 minutos después, daba comienzo una marcha en la que han participado más de mil personas. Se manifestaban contra el tasazo, una medida que eleva las tasas judiciales entre 50 y 750 euros de media, y contra la intención del Gobierno de privatizar el registro civil a favor de los registradores de la propiedad. Más de mil personas han recorrido el centro de Madrid, convocadas por los sindicatos del sector –CSI-F, CC OO, STAJ y UGT– bajo el lema Gallardón [ministro del ramo] acaba con la justicia para todos. La cita ha culminado con la lectura de un manifiesto que reclama al Ejecutivo que escuche a todos los profesionales que, de forma unánime, critican los "recortes de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos".

La foto de Gallardón era casi omnipresente entre los carteles que exhibían los manifestantes, que pedían a gritos su dimisión. Jueces, fiscales, letrados, funcionarios y consumidores se han constituido en la Plataforma Justicia para Todos contra la gestión del ministro y, en menos de un mes, han recogido más de 200.000 firmas que serán registradas el próximo lunes en el ministerio. La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, ha participado en la marcha y ha calificado la unión todos los profesionales del sector como un hecho "histórico" que refleja su preocupación por la limitación del derecho a una tutela judicial efectiva como consecuencia del tasazo. "Habrá una justicia para ricos y una justicia para pobres", decía Carlos Paniagua, del sindicato de Justicia de UGT.

"Es una barbaridad que alguien que quiera denunciar a un vecino que debe 100 euros de comunidad tenga que pagar 200 euros para hacerlo. Están llevando a cabo una política de privatización, no les interesa defender lo público", declaraba indignada Veni Martín, una funcionaria de Justicia de unos 50 años. "Pero no es solo eso. A los empleados de la Administración nos han bajado el sueldo, nos han reducido los días libres... y ni siquiera han negociado con nosotros, una exigencia en cualquier democracia".

Además de la Ley de Tasas y del cambio en las condiciones laborales de los funcionarios, la intención de Gallardón de privatizar el registro civil también focalizó las críticas durante la manifestación. Vicente Navarro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), se mostraba especialmente preocupado: "Cuando el ciudadano vaya a retirar un certificado de defunción, por ejemplo, va a tener que pagar una tasa a los registradores de la propiedad y a los notarios. No es de recibo". Francisco Lama, responsable del sector en el C-SIF, sindicato mayoritario en el ramo, defendía el modelo implantado hasta ahora, "en el que la justicia se financia con los impuestos".

"Poco me parece a mí todo esto. Están acabando con las libertades que hemos conseguido a base de mucho esfuerzo. Deberíamos movilizarnos más. Cuando recortan, yo incluso me alegro, a ver si así despertamos de una vez", exclamaba irritado Pedro Delojo, aparejador ya jubilado. En la misma línea se manifestaba María Andrés, ceramista de 55 años. Con una bandera de la república sobre los hombros, reclamaba la dimisión del Ejecutivo: "No hay ninguno que sirva. "El problema en España es que ya no sabemos ni a quién votar. Siento vergüenza de mi país, y eso es muy duro. Por eso estoy aquí. Solo podremos solucionarlo en la calle". Minutos después, la marcha llegaba a su fin frente al Ministerio de Justicia. "Sin justicia no hay derechos", gritaban los manifestantes.