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Un indulto en dirección contraria

Así fue el recorrido del kamikaze condenado a 13 años y perdonado por el Gobierno

Joseba Elola

José Alfredo Dolz estaba pletórico. Tenía 25 años, estaba enamorado de su novia, la empresa familiar marchaba sobre ruedas, la vida le sonreía. “Me voy a Gandia a visitar a un cliente”, le dijo a su hermana Loreto en aquella tarde del 1 de diciembre de 2003, antes de partir.

Salió de Algemesí al volante de su Volkswagen Golf, acompañado de su novia Paula Catalina y enfiló la autopista de peaje AP-7. Eran las 19.15 cuando inició un adelantamiento en un tramo recto de la autopista, a la altura del término municipal de Polinyà de Xúquer. Había buena visibilidad. Cuando estaba en plena maniobra, vio cómo un Opel Magnum se aproximaba a gran velocidad en dirección contraria. Aceleró e intentó concluir el adelantamiento lo más rápido que pudo, dio un volantazo a la derecha, pero no pudo evitar el impacto. Su novia Paula Catalina salvó la vida. Él, no.

HEBER LONGÁS / EL PAÍS

Hace diez años ya de aquel siniestro accidente. Pero el fallecimiento de José Alfredo Dolz ha vuelto a desgarrar nuevamente a su familia. Esta semana saltaba la noticia del indulto del Gobierno al conductor kamikaze. Un indulto que ha despertado un notable nivel de recelos: el martes, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, daba el primer toque de atención —“tendremos que estar atentos a estas cuestiones”, dijo—; el jueves, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, declaraba: “A mí no me acaba de gustar [el indulto]. Eso se lo digo tranquilamente”.

Ramón Jorge Ríos Salgado, el conductor kamikaze, fue condenado a 13 años de prisión por un delito de conducción grave, con desprecio para la vida de los demás. Solo ha pasado diez meses entre rejas. Puso en riesgo la vida de muchas personas en aquella tarde aciaga.

Loreto Dolz, hermana de la víctima del conductor suicida, el jueves, en Madrid.
Loreto Dolz, hermana de la víctima del conductor suicida, el jueves, en Madrid.BERNARDO PÉREZ
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Empezó acosando al conductor de un Hyundai Lantra, que estaba realizando un adelantamiento en la AP-7, a la altura de la salida Torrente-Calicanto. Le arrolló una primera vez. Sin disminuir la velocidad, continuó pegado él. Le volvió a impactar. Eran las 18.40 de la tarde.

El conductor del Hyundai se llevó el susto de su vida y se paró en el arcén para alertar a los servicios de emergencia.

Tras acceder al peaje de Silla de la AP-7, Ríos Salgado cogió un tique y, tras circular un tramo de autopista, paró en el arcén derecho, efectuó un giro de 180 grados y empezó una carrera suicida de cinco kilómetros en dirección contraria.

Nueve coches tuvieron que apartarse para evitar el impacto del kamikaze. Le mandaban ráfagas de luces, le pitaban, pero Ríos Salgado continuó firme hacia adelante. Hasta que se estampó contra José Alfredo y su novia Paula.

Queremos que se revoque el indulto”, dice Loreto Dolz: “Nunca se ha hecho, pero alguna vez debe ser la primera"

El proceso judicial fue largo. Gracias a un bufete de abogados que agotó todos los recursos posibles y al inquebrantable respaldo de su empresa, la Opel, Ríos Salgado consiguió librarse de la cárcel durante nueve años. Pero el 2 de febrero de 2012 ingresaba en el centro penitenciario de Alicante tras la ratificación de la condena por parte del Tribunal Supremo. Solo le quedaba recurrir al Tribunal Constitucional. Y pedir el indulto. Así procedió.

No es habitual conceder el perdón a un kamikaze condenado a 13 años de cárcel. Y más aún con la oposición de la Audiencia Provincial, la Fiscalía y las víctimas, estamentos a los que se consulta antes de ejecutar la medida de gracia. Solo el centro penitenciario emitió informes favorables a la excarcelación del preso.

No tardaron en alzarse voces contra el indulto. El secretario general del PSOE valenciano, Ximo Puig, pedía una investigación para dilucidar si tras la medida de gracia se escondía un caso de tráfico de influencias. El abogado que defendió al conductor kamikaze, Esteban Astarloa, es hermano del diputado del PP Ignacio Astarloa, que fue subsecretario de Justicia en el periodo 2000-2002.

Juan Bravo, subsecretario de Justicia, intentó explicar esta semana los motivos del indulto. Aludió al largo tiempo transcurrido desde 2003. A las escasas probabilidades de reincidencia. Y desempolvó de nuevo el argumento de la defensa de Ríos Salgado: que el acusado sufrió aquella tarde un supuesto ataque epiléptico.

Todas las instancias han desechado este argumento. Un argumento que, según señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, plantearon los abogados de Ríos Salgado dos años después del suceso. “La única crisis que según se alega habría padecido sería precisamente la que según la defensa habría ocurrido el día de los hechos”, reza el dictamen de los jueces. Es decir, según la defensa, Ríos Salgado solo tuvo un ataque de epilepisa en su vida, y fue el día del accidente.

  En las primeras fases de la investigación, recuerda el abogado de la familia Dolz, Agustín Ferrer, cuando se le preguntó a Ríos Salgado si padecía alguna enfermedad, dijo que estaba sano, que era un deportista.

El informe de los forenses no admitía la existencia de esta crisis epiléptica: “La cual”, dice la sentencia, “en cualquier caso no justificaría una conducta tan compleja y prolongada”.

A sus 58 años, Ríos Salgado está en libertad. Cuando ocurrieron los hechos, vivía en Almoradí. Durante el juicio, en Ciudad Real. En enero de 2011, en Guadalajara.

La sentencia refleja que en aquellos días de 2003 el homicida iba a ser trasladado a otro concesionario de Opel, por lo que atravesaba “una situación de estrés”. Este periódico intentó recabar su versión, poniéndose en contacto con su abogado, Esteban Astarloa, que declinó hacer declaraciones.

El abogado de la familia Dolz describe la actitud de Ríos Salgado durante el juicio: “Normalmente, la gente suele estar nerviosa en un caso como este. Él se mostró correcto, pero muy frío y distante, como si lo estuviera viendo todo desde fuera”.

La hermana de la víctima, Loreto Dolz, de 39 años, se muestra indignada. “El poder ejecutivo vuelve a ponerse por encima del judicial: esto es una burla a los jueces y fiscales de este país”, exclama en una cafetería del centro de Madrid. La familia ha convocado una manifestación para mañana lunes, a las 20.00, en la plaza del Carbó de Alzira. “Queremos que se revoque el indulto”, dice Loreto Dolz: “Nunca se ha revocado ninguno, pero alguna vez debe ser la primera”.

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Sobre la firma

Joseba Elola
Es el responsable del suplemento 'Ideas', espacio de pensamiento, análisis y debate de EL PAÍS, desde 2018. Anteriormente, de 2015 a 2018, se centró, como redactor, en publicar historias sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad, así como entrevistas y reportajes relacionados con temas culturales para 'Ideas' y 'El País Semanal'.

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