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EL ENCAJE DE CATALUÑA EN ESPAÑA

Los grandes empresarios catalanes pidieron a Mas que no pactara con ERC

Los patronos se reunieron con el presidente para reclamar un acuerdo con PP o PSC

Lluís Pellicer
Artur Mas y Joaquim Gay de Montellà, durante un acto de la patronal Fomento del Trabajo, en noviembre.
Artur Mas y Joaquim Gay de Montellà, durante un acto de la patronal Fomento del Trabajo, en noviembre.EUROPA PRESS

El lunes por la mañana los líderes de las patronales catalanas contemplaban desde el palco de invitados la formación del nuevo Parlamento catalán. Allí pudieron tomar nota de la nueva correlación de fuerzas en la Cámara, que no solo se traducía en una Convergència i Unió trasquilada tras las elecciones y en el ascenso de un nuevo líder en la oposición, el republicano Oriol Junqueras. A esas horas también sabían que su ansiada sociovergencia, un pacto de gobierno entre los nacionalistas y los socialistas, ya no tenía ninguna opción de cuajar y en su lugar se fraguaba un acuerdo entre CiU y ERC. Eso suponía un cambio de rumbo en la política fiscal de los dos últimos años y una hoja de ruta hacia una consulta soberanista que conllevará una escalada en las tensiones con el Gobierno de Mariano Rajoy. Unos días antes, en diversas reuniones, los empresarios le habían pedido a Artur Mas que no pactara con ERC y que lo hiciera en su lugar con el PP o con el PSC. Pero el presidente no les hizo caso.

Mas avisó a los empresarios de que sería muy difícil no pactar con ERC

Tras las elecciones del 25 de noviembre, la agenda de Artur Mas ha estado cargada de reuniones con los agentes sociales, en quienes busca complicidad para la próxima legislatura y, en especial, para la consulta que ha pactado con ERC para 2014. Según fuentes conocedoras de esos encuentros, el presidente se ha visto, entre otros, con el jefe de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà; el empresario Marc Puig; el presidente de Banc Sabadell, Josep Oliu, o el de Abertis, Salvador Alemany, en calidad de presidente de su consejo asesor de economía. Mas también se citó con los secretarios generales de CC OO, Joan Carles Gallego, y UGT, Josep Maria Álvarez.

En esos encuentros, el presidente constató que afrontará los próximos recortes sin la complicidad de los agentes sociales. De hecho, el último 11 de septiembre marca un antes y un después en las relaciones de Mas con los empresarios. El apoyo casi incondicional de estos a un Gobierno autoproclamado business friendly se empezó a agrietar con el desafío soberanista de Mas y la convocatoria de elecciones anticipadas. El resultado de los comicios y la posibilidad de que los republicanos volvieran al Ejecutivo encendió todas las alarmas en las patronales, máxime cuando ERC exigía una batería de impuestos para suavizar los recortes a las puertas de un ejercicio, el de 2013, en el que la Generalitat debe rebajar su presupuesto en 4.000 millones.

Según varias fuentes conocedoras de esas reuniones, los grandes empresarios y financieros trasladaron a Mas que la debilidad en la que quedaba CiU tras haber perdido 12 escaños hacía necesario un Gobierno de coalición. Y, según estas fuentes, le sugirieron dos alianzas. La primera pasaba por rehacer las maltrechas relaciones con el PP, una opción debilitada tras conocerse el contenido del borrador de la ley Wert de Educación. La segunda, un pacto con un PSC en horas bajas.

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Los empresarios a quienes consultó Mas desaconsejaron, en cambio, un pacto con ERC, al considerar que aportaría inestabilidad y que demandaba medidas fiscales inasumibles para el empresariado, como recuperar el impuesto de sucesiones, ampliar el tributo sobre el patrimonio, gravar los depósitos bancarios y desplegar varias tasas, desde la de bebidas con azúcar hasta la de las nucleares. Según esas fuentes, Mas no quiso dar falsas esperanzas a los empresarios y les comentó que era muy difícil no alcanzar un acuerdo con ERC, aunque se comprometió a tratar de ampliar ese pacto al PSC. No lo logró.

Nuevos impuestos

Impuesto sobre los depósitos bancarios (500 millones de euros).

Recuperación del Impuesto de Sucesiones (200 millones).

Rebaja del mínimo exento del Impuesto de Patrimonio de 700.000 a 500.000 euros (55 millones).

Impuesto sobre las bebidas con azúcar de 0,075 euros por litro y 0,025 euros por lata (22 millones).

Subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 8% al 10% (100 millones).

Creación de un tributo sobre las centrales nucleares (100 millones).

Gravamen sobre las grandes superficies comerciales (25 millones).

Impuesto sobre los pisos vacíos propiedad de la banca.

Tasa a los camiones en vías de gran capacidad y a los gases contaminantes de los aviones.

Tras la composición del Parlamento catalán, el primer acto de Gay de Montellà era un encuentro navideño con periodistas. Y allí advirtió a Mas: “Este no es el camino”. El presidente de la patronal alertó del efecto Depardieu que podían tener esos acuerdos sobre los grandes patrimonios y reclamó que la consulta se hiciera dentro del marco constitucional. Se le unieron Fepime, Pimec y Cecot, denunciando la subida de impuestos en la comunidad con mayor presión fiscal.

Pero ni esos encuentros ni los guiños que ha ido lanzando Mas al sector privado han calmado a los patronos. “Ahora estamos pagando la borrachera colectiva del 11-S, cuando jurídicamente el acuerdo para la consulta que ha firmado Mas no hay por donde cogerlo”, asegura un directivo de Fomento que pide no ser identificado. La patronal recuerda los efectos que tuvo sobre las empresas el proceso del Estatuto, cuando se produjo incluso un boicot al cava catalán.

Con el acuerdo ya rubricado entre CiU y ERC, a los empresarios les queda el consuelo de que al frente de la cartera de Economía con casi toda probabilidad seguirá el consejero Andreu Mas-Colell, que consideran el principal activo del Ejecutivo de Mas. El consejero, un reputado académico de Harvard y autor de un manual de microeconomía de referencia en todas las universidades del mundo, tiene facilidades para hablar con los principales centros económicos: muchos de quienes están al frente de ellos han sido alumnos suyos. Es frecuente que muchos analistas, cuando acuden a Europa, realicen una parada en Barcelona para entrevistarse con Mas-Colell. Recientemente ha almorzado con Nouriel Roubini o Joseph Stiglitz.

Sin embargo, el malestar de la patronal catalana no solo responde a la alianza de CiU y ERC. También la actitud de Mariano Rajoy ha suscitado decepción entre los grandes empresarios catalanes, a quienes trató de seducir con un discurso moderado antes de las elecciones generales. Un directivo recuerda el talante que mostró en una cena en el domicilio del conde de Godó, a la que acudieron los principales ejecutivos de Cataluña. El presidente de una multinacional catalana, que tampoco quiere dar el nombre, lamenta que el Gobierno central avive ahora las llamas del soberanismo cuando este parecía haberse calmado tras las elecciones.

“Este no es el camino”, advirtió Gay de Montellà al presidente catalán

Esa opinión la verbalizó, sin pelos en la lengua, el editor José Manuel Lara, quien sugirió a “todos los políticos” que se encerraran en un “frenopático” a debatir. Lara acusó al Gobierno central de aplazar un debate, el del encaje de Cataluña en España, y de encender a los nacionalistas con “leyes inoportunas a más no poder”.

Las quejas también han llegado a las pymes, que tradicionalmente han sido un caladero de votos para CiU. Ante el debate soberanista, las patronales Pimec y Cecot realizaron sendos estudios en los que los empresarios parecían inclinarse por la independencia. Sin embargo, la baja participación en esas encuestas hizo pensar que respondieron los más entusiastas. Ambas entidades, junto a Fepime, han denunciado las medidas fiscales acordadas con ERC. Y el presidente de Pimec, Josep González, ha ido más allá al reclamar que la consulta esté “autorizada por Madrid” y hacer un llamamiento a los Ejecutivos de Barcelona y Madrid. “Hay que mejorar las relaciones”, reclamó.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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