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El Congreso rompe el silencio sobre el suicidio

Todos los grupos parlamentarios se unen para impulsar la prevención del suicidio Los profesionales de la salud alertan del aumento de suicidios con la crisis económica

ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA
El pleno del Congreso celebrado este martes.
El pleno del Congreso celebrado este martes.JuanJo Martin (EFE)

Niños, adolescentes, ancianos , personas en situación de exclusión social, parados y trabajadores en un marco de inestabilidad laboral. Estos son los grupos de riesgo ante el suicidio y en estos colectivos se debe fijar y actuar la estrategia de Salud Mental. Así lo han pedido todos los grupos parlamentarios a través de una proposición no de ley aprobada por toda la Cámara a iniciativa de la portavoz de UPyD, Rosa Díez. Con especial agrado los portavoces escucharon de la diputada del PP, Carmen Quintanilla, que el Gobierno está “totalmente comprometido” con el impulso a la prevención del suicidio que arrecia en tiempos de crisis económica, según reconocen todos los expertos en salud mental.

Aunque ha habido a lo largo de los años algunas iniciativas esporádicas sobre la prevención del suicidio, la mayoría de la mano de Izquierda Unida, ha sido Rosa Díez la que ha promovido esta iniciativa sobre la que concitó el acuerdo general antes de presentarla. “Hemos roto el silencio sobre el suicidio que tiene que dejar de ser invisible porque arroja más muertes en el mundo que el terrorismo, las guerras y los asesinatos”, ha recordado Díez. Las cifras son dudosas aunque sí existe la certeza de que en España se suicidan nueve personas al día, aunque la última cifra que aporta el Instituto Nacional de Estadística es de 2009 y arroja 3.429 muertes.

¿Qué se puede hacer? Los portavoces parlamentarios se responden al unísono: prevenir. El lugar deben ser los colegios, las instituciones penitenciarias y las residencias geriátricas y sobre la base de que la mayoría de los suicidios, en torno al 90%, tienen como base trastornos mentales tales como la depresión, la esquizofrenia y el alcoholismo. En la proposición no de ley se pide al Gobierno que aborde “de forma multidisciplinar el suicidio, incluyendo la acción de Educación, Sanidad y Políticas Sociales, para estudiar factores de riesgo que pueden desencadenar procesos suicidas”.

Esta iniciativa parlamentaria ya aprobada obligará al Gobierno a modificar la actual Estrategia de Salud Mental y hacer “una redefinición de objetivos y acciones de prevención del suicidio”. Además de Rosa Díez, otros portavoces como Emilio Olabarría, del PNV, Concepciò Tarruella, de CiU, y Guadalupe Martín González, del PSOE, pusieron el énfasis en los suicidios de niños y adolescentes por acoso escolar. “Esos niños infelices que no pueden soportar seguir sufriendo”, señaló Díez. Pero junto a la situación de hostigamiento que pueden vivir los jóvenes, la desesperación que produce la crisis económica fue también objeto de especial atención.

Los desahucios de las viviendas está produciendo suicidios y las depresiones van en aumento entre personas que pierden su trabajo o lo pueden perder, han recordado los portavoces. El consenso se mantuvo en los discursos salvo por los chispazos dialectos de la diputada del PP, Carmen Quintanilla, que reprochó a la diputada socialista Guadalupe Martín que rompiera el discurso unitario con su rosario de reivindicaciones sobre los recortes, que no alivian, a su juicio, en el bienestar psíquico de los ciudadanos. Además de la portavoz socialista, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, también alertó sobre el peligro de los ajustes. “Recortar efectivos de tratamiento de salud mental es muy peligroso, como ya se ve por los suicidios vinculados a los desahucios de las viviendas”, alertó Llamazares. En tiempos de crisis las políticas de salud mental tienen que ser más intensas; no se pueden recortar. Lo dijo Llamazares pero todos los demás, de una u otra manera, expusieron la misma demanda. A partir de ahora, el suicidio ha dejado de ser tabú, al menos en el Parlamento.

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Sobre la firma

ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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