La policía apunta sin poder acreditarlo aún que Blanco pagó en negro su chalé
El sumario no incluye datos de Hacienda que avalen la sospecha
En septiembre pasado, el juez del Tribunal Supremo que investiga al exministro socialista José Blanco acordaba el secreto de la causa. Esto obedecía a que en su instrucción, derivada de la originada en 2010 por una juez de Lugo sobre el empresario corrupto Jorge Dorribo, habían emergido “datos relevantes” que precisaban “la práctica de diligencias sobre las cuales no resulta conveniente que sean conocidas por la defensa (...) si bien lo deberán ser en su resultado, cuando se levante el secreto parcial de las actuaciones que ahora se interesa”. Dichas pesquisas incluían, entre otras, investigar a través de la Agencia Tributaria y el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales) si Blanco había usado dinero negro en la compra de su chalé en Las Rozas (Madrid).
El juez levantó ayer el secreto sin hallar aún ninguna respuesta a la sospecha que apuntó la policía y escudriñó durante estos meses dentro de una investigación sobre el aforado que se inició hace un año. Se trataba de averiguar si el ministro tenía antecedentes por operaciones sospechosas o movimientos de billetes de alta denominación (500 euros) “derivados de ingresos o reintegros en entidades financieras en efectivo”.
La UDEF solicitó que se rastrearan pagos raros y el uso de billetes de 500
El informe de la UDEF relataba que Dorribo testificó que “el señor Orozco [empresario amigo de Blanco] le manifestó que desde Azkar contribuyó a la compra del chalé del ministro de forma muy importante a cambio de la concesión de la logística de Correos, que al final no se le concedió por problemas con los sindicatos, y por eso le debía un gran favor”. A partir de ese indicio, la policía cuenta sus pesquisas y sospechas.
Blanco y su esposa adquirieron a otro matrimonio la finca 6.643 registrada en Las Rozas (una vivienda de 300 metros cuadrados con una parcela de 700), que elevaron a escritura pública el 20 de diciembre de 2006 por un precio de 670.000 euros. El pago se hizo mediante tres cheques (224.000 euros), 1.039 euros para cancelación y 444.000 euros para abonar la cantidad restante. Y constituyeron una hipoteca por 300.000 euros a 30 años.
Interior pidió ayuda a Hacienda y al servicio antiblanqueo
Pero la policía vio algo sospechoso. El vendedor indicó a los agentes que había ofertado su vivienda en el idealista.com por 721.000 euros. Pero en dicha página les indicaron que “el inmueble estuvo ofertado a la venta por un precio de 900.000 euros, sustancialmente diferente a lo manifestado por el vendedor”. De aquí infiere la UDEF “que el precio declarado haber pagado es inferior al real, existiendo un desfase de 230.000 euros abonado por los compradores con fondos de origen desconocido, de los que disponía directa o indirectamente el comprador y que se ha hecho llegar al vendedor, empleando para ello una fórmula ajena al sistema empleado para financiar la casa”. Por ello, la UDEF, para probar el “sobrepecio” pagado, pidió los datos fiscales de los participes en la compraventa. En la parte sumarial liberada ayer no se revela que Hacienda o Seplac acreditaran la sospecha policial.
El informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) del 24 de septiembre pasado, que el fiscal hizo suyo el mismo día que lo recibió, pedía similar medida respecto de todas las personas físicas y jurídicas implicadas en el caso Dorribo, y rastrear todos sus ingresos y pagos. En la parte levantada ayer del sumario no se acredita ningún cruce de pagos sospechosos con Blanco.
Interés general por 400 empleos o “interés particular del ministro”
El Tribunal Supremo ha investigado la concesión de una licencia para levantar una nave en terrenos del aeropuerto de Barcelona por parte de la empresa Azkar, propiedad de José Antonio Orozco, amigo del exministro José Blanco. Un pinchazo telefónico a Orozco destapó que el empresario llamó a Blanco para que le facilitase contactos con los que agilizar una licencia que había solicitado para construir una nave.
La licencia estaba atascada entre organismos dependientes del Ministerio de Fomento y dos Ayuntamientos barceloneses, uno gobernado por IU y otro gobernado por el PSOE. Blanco hizo las gestiones con el alcalde socialista para que recibiera a Orozco, y en su departamento ministerial para conocer la tramitación de los permisos pertinentes sobre servidumbres aeroportuarias.
Orozco logró la licencia unos meses después de su llamada al entonces ministro de Fomento. La policía, en el informe remitido al Tribunal Supremo, considera que Blanco no hizo las gestiones por “el interés de una autoridad del Gobierno por el desarrollo industrial de una zona, o por la creación de 400 puestos de trabajo o porque forma parte de sus competencias como alto cargo de la Administración”, sino que “todas las gestiones las hizo a título particular para favorecer a un amigo al que conoce desde la infancia y con quien mantiene contacto desde hace 15 años”. Y concluye: “Blanco utiliza su posición como ministro de Fomento para favorecer los intereses particulares de su amigo, tanto en el ayuntamiento de Sant Boi [con alcalde socialista] como en AESA y AENA [dependientes del ministerio de Fomento], consiguiendo así los resultados buscados: la licencia y la construcción de la nave que generará a Transportes Azkar incremento de la actividad y, por tanto, de los beneficios”.
La policía no ha encontrado ningún testimonio de técnicos que pueda avalar que la licencia se otorgó pese a que Azkar no cumplía la ley para levantar la nave industrial. Por eso los agentes firmantes del informe solicitan al juez que nombre un técnico especialista en normativa ambiental, para que determina si Azkar cumplía las condiciones para levantar la nave. Pero el juez rechaza esta prueba y tan solo cita a un técnico del Ayuntamiento de Sant Boi.
