18 colectivos de la justicia se unen para rechazar a Gallardón como interlocutor

Hasta 18 colectivos de la justicia, entre los que se encuentran las asociaciones mayoritarias de jueces, fiscales y el Consejo General de la Abogacía, han celebrado esta mañana un acto conjunto  en el que han rechazado como interlocutor al ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, y han reclamado una reunión directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Casi todos los cuerpos profesionales que forman la Administración de justicia, además de sindicatos y organizaciones de consumidores, han escenificado su rechazo a las reformas emprendidas por Gallardón con un manifiesto conjunto presentado en la sede del Consejo General de la Abogacía española. Los colectivos han reconocido que les ha unido su oposición a la política del ministro. Las reformas emprendidas son, a su juicio, un "ataque brutal al Estado de Derecho" además de un intento de privatización de la justicia, al igual que está ocurriendo con otros servicios públicos. La de hoy es, además, la primera jornada de protestas en la justicia: para mañana han convocado un paro de una hora en los juzgados de toda España.

El conflicto comenzó por un asunto puramente laboral: el motivo fue el proyecto de ley de “medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia”, aprobado por el Gobierno en octubre, que introducía en el ámbito judicial los recortes generalizados en la función pública —incluida una reducción de días libres— y eliminaba prácticamente la figura del juez interino sustituto, traspasando esa carga extra de trabajo a los titulares (a cambio de un plus en el sueldo). Los jueces lo consideraron una declaración de guerra.

Pero las discrepancias se agravaron con la Ley de Tasas. No hay una oposición frontal y general a las tasas, sino a estas tasas. Jueces para la Democracia rechaza la imposición de cualquier tarifa; pero la APM, por ejemplo, sí es partidaria de cobrar al ciudadano para “disuadir de pleitear” (en 2011 entraron en los juzgados nueve millones de asuntos): lo que rechaza es las “cuantías desorbitadas” que ha establecido el ministerio. González Armengol, de la asociación Francisco de Vitoria, afirma: “Estas tasas, exclusivamente por razón de la cuantía, son inconstitucionales”.

Entre los secretarios judiciales (4.200) hay división: el mayoritario Colegio Nacional de Secretarios Judiciales aprueba las tasas y se ha apartado de las protestas porque ve un “diálogo sincero” con el ministro, mientras que el Sindicato de Secretarios Judiciales va a proponer a sus afiliados que, cada vez que un ciudadano se niegue a pagar la tasa y haya que archivar el pleito, pidan al juez que eleve una consulta al Constitucional.

Pero si hay una organización que se ha movilizado contra las tasas es el Consejo General de la Abogacía, con su presidente Carlos Carnicer a la cabeza, que la semana pasada constituyó con sindicatos y asociaciones de consumidores la Plataforma Justicia para Todos.

Los profesionales de la justicia amenazan con una huelga, en enero —sería la segunda de la democracia, tras la que los jueces hicieron contra el Gobierno del PSOE en 2009—, si el ministerio no accede a sus reclamaciones.