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Un ‘fondo buitre’ ayudó a Díaz Ferrán a eludir el pago de deudas

El despacho de abogados de Ángel de Cabo simulaba comprar empresas en crisis para reflotarlas cuando en realidad actuaba en connivencia con los dueños

El que fuera presidente del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, recurrió a un fondo buitre, el del empresario Ángel de Cabo (uno de los detenidos este lunes por la policía junto a seis de sus empleados), con una finalidad: entorpecer al máximo los procedimientos concursales de sus empresas para no pagar las deudas a proveedores y trabajadores. La declaración de Ángel Sutil, empleado del despacho jurídico de De Cabo, ha desmadejado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz los ardides y chanchullos que se empleaban en la oficina que De Cabo posee en Valencia para evitar el pago de deudas de empresas ruinosas.

Por las manos de De Cabo han pasado conocidas empresas caídas en concurso de acreedores. Además de Marsans, la firma Nueva Rumasa, de la familia Ruiz Mateos, y Teconsa, implicada en el caso Gürtel. De Cabo era una especie de conseguidor. Aparentaba comprar una empresa en ruinas, a veces por un precio simbólico, como sucedió con Nueva Rumasa, y decía que era para reflotarla. Era mentira. No solo su exempleado Ángel Sutil, también Joaquín Ybancos, abogado durante 30 años de José María Ruiz Mateos, ha contribuido a destapar la mugre que gravitaba sobre esas ficticias compraventas de empresas en crisis.

El objetivo real, según Sutil, era desvalijar las compañías y apartar como fuera sus bienes de los concursos de acreedores que se les avecinaban, o lucrarse directamente de ellos. Los bienes que lograban sacar de los concursos los vendían luego y se repartían las ganancias entre De Cabo y los dueños de las firmas ruinosas. Valía todo. De cabo y sus hombres recurrían a maniobras “legales e ilegales”, según informes policiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF).

La consigna en el despacho de De Cabo era crear “ficciones jurídicas”. Es decir, “mucho laboratorio jurídico”, contó Sutil al juez. Si la empresa ya estaba sometida a concurso, la estrategia era idear créditos a favor de De Cabo, en connivencia con el empresario deudor, confeccionando contratos falsos, e ir con ellos a la subasta para tratar de sacar la mayor tajada, en detrimento de los acreedores reales. “Una consigna básica del despacho era elaborar contratos de arrendamiento muy gravosos” sobre los bienes que iban a ser subastados, lo que ahuyentaba a compradores de buena fe.

Para crear esos falsos contratos o créditos, se utilizaban sociedades instrumentales de De Cabo, que carecían “de actividad” y a las que también se dotaba de una “contabilidad falsa”, según el sumario. Tenía que parecer real. Habitualmente eran contratos predatados, a los que se ponían fechas anteriores a la del concurso de acreedores para que parecieran deudas ciertas.

De Cabo llegó a confesar al abogado Yvancos que la inspiración de su actividad (supuestamente reflotar empresas en crisis) surgió a raíz de ver la película Pretty Woman, que protagoniza Richard Gere. Pero a diferencia de lo que ocurre en la película, en el sumario del caso Nueva Rumasa no parece que De Cabo se compadeciera in extremis de los miles de personas que entregaron sus ahorros a los Ruiz-Mateos en la confianza de que estos se los devolverían íntegros y con jugosos intereses, como rezaba la publicidad televisiva del clan. Cuando la familia Ruiz Mateos anunció públicamente que su intención era devolver hasta el último céntimo a los inversores, ocultó que ya estaba en negociaciones con De Cabo. Y no encaminadas, precisamente, a devolver el dinero, sino a conservar como fuera su vasto patrimonio, según se desprende del sumario.

Yvancos declaró hace semanas a este periódico que la familia Ruiz Mateos hizo una lista con los inmuebles y demás propiedades que De Cabo debían conservar a toda costa. Sutil matizó luego ante el juez Ruz que para conservar el patrimonio de los deudores cabían todo tipo de prácticas, incluidas la vigilancia y extorsión sexual de jueces y administradores judiciales de los bienes. Los hombres del despacho de De Cabo idearon todo un catálogo de maquiavélicas estrategias entre las que no descartaban los fraudes procesales. La declaración de Ybancos, abogado de Ruiz Mateos, ante el juez Ruz respecto a los chanchullos de De Cabo, fue sorprendente: “Aquello era un nido de corrupción, de hacer delitos día a día. De sacar los bienes, de utilizar informes, de poner un detective y poner una trampa a un administrador judicial o a un juez de lo mercantil con una chica o con un chico, lo que sepan que les gusta, grabarlo, y a partir de ese momento ya lo tienen cogido”.

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