Asuntos Internos intentó controlar la investigación catalana del ‘caso Palau’

Un mando policial dependiente muy directamente del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, intentó hacerse con el control de las investigaciones del caso Palau. El pasado 29 de octubre, en plena precampaña catalana, el jefe de Asuntos Internos de la Policía se reunió en Barcelona con el fiscal que investiga el saqueo de la institución musical catalana para ofrecerle sus servicios. En el encuentro, el mando policial —que depende exclusivamente del director adjunto operativo, Eugenio Pino, mano derecha de Cosidó— pidió al fiscal que solicitara el registro de la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para ahondar en la presunta financiación irregular del partido de Artur Mas. Eso suponía arrebatar el caso a la unidad policial que lo investigaba, la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal).

La cita del comisario con el fiscal se había mantenido en secreto hasta ayer, cuando el Sindicato Unificado de Policía (SUP) distribuyó el borrador fantasma de la UDEF —sin ningún dato de autoría ni oficialidad— que acusa a Mas y otros líderes nacionalistas de enriquecerse con el saqueo del Palau a través de cuentas en Suiza y Liechtenstein. El borrador, difundido hace diez días por El Mundo, ha convertido la campaña electoral catalana en un lodazal, ha provocado un alud de querellas y ha desatado un grave enfrentamiento institucional. Y ello a pesar de que el Ministerio del Interior, el juez y hasta el mismo jefe de la UDEF siguen confesando que no saben dónde está ese documento ni quién lo encargó.

Pero el SUP distribuyó, además, una nota anónima que informaba del encuentro citado e insinuaba la nula disposición del juez y del fiscal que llevan la investigación en Cataluña por ahondar en el caso. En la reunión, según el escrito, la policía aportó “anónimos e informaciones de confidentes” e informó de que el extesorero de Convergència, Daniel Osácar —imputado en la causa por hacer llegar las comisiones al partido—, “había alardeado de tener en un disco duro todos los pagos por si le pasaba algo”. Buena parte del contenido de ese escrito fue desmentido ayer por distintas fuentes judiciales.

La investigación del Palau de la Música contiene indicios de la financiación irregular de Convergència a través del Palau. La constructora Ferrovial abonaba grandes sumas de dinero a la institución. Esas cantidades iban a parar, supuestamente, al partido nacionalista a cambio de obras públicas adjudicadas por el Gobierno de Jordi Pujol. A diferencia del borrador —que introduce, como novedad, que las comisiones fueron a los bolsillos de los dirigentes de CDC—, esos datos sí constan en el sumario. Los aportó, precisamente, la UDEF y la Agencia Tributaria en informes remitidos al juzgado entre mayo y junio de 2012.

El juez había encargado a la UDEF el rastreo de 18 millones de euros —de los 24 en los que está cifrado el saqueo— que fueron cobrados en cheques al portador y cuyo destino se desconoce. El jefe de esa unidad era, a la sazón, el comisario José Luis Olivera Serrano, que fue destituido en julio tras liderar, entre otras investigaciones, el caso Gürtel de presunta financiación ilegal del PP. Olivera conocía por esos informes a Emilio Sánchez Ulled, fiscal anticorrupción que investiga el caso Palau. Días antes de la reunión de este 29 de octubre, Olivera llamó a Sánchez Ulled en nombre de otro comisario por un “asunto policial interno”. Según fuentes judiciales, se trataba de que el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas-Aranda, le presentara un nuevo equipo de “análisis” dedicado a investigar casos de corrupción policial.

Al mediodía del lunes 29, el fiscal recibió a los dos comisarios en su despacho. Olivera hizo las veces de “presentador” y luego Blas llevó la voz cantante. La conversación, sin embargo, fue por otros derroteros. El jefe de Asuntos Internos se ofreció ahí al fiscal para asumir las investigaciones del caso Palau y apartar, así, a la UDEF, una unidad de Policía Judicial sin tanta dependencia jerárquica de Cosidó —con más escalones de mando— y que, por su propia naturaleza, está acostumbrada a trabajar siempre a las órdenes directas de jueces y fiscales.

Para intentar persuadir al fiscal anticorrupción de los resultados que podrían aportar, los comisarios le enseñaron un documento de unas diez páginas —sin membrete oficial ni firma— con dos partes: una mera cronología de los hitos del caso Palau —desde el registro de la institución hasta los últimos informes— y un extracto literal del último informe de Hacienda aportado a la causa. “Un corta y pega”, según fuentes judiciales.

El documento era un simple resumen: no aportaba un solo dato nuevo ni un indicio revelador; ni siquiera un anónimo o unas siglas, según las mismas fuentes. Pese a todo, el jefe de Asuntos Internos sugirió al fiscal que sería una buena idea registrar la sede de CDC y la casa del extesorero. El fiscal Sánchez Ulled le preguntó si tenía algún indicio. Los policías respondieron que no, pero que podían abrir otras vías de investigación. Al constatar que no había nada tangible, el fiscal les indicó que, si lo preferían, fuesen a hacerle esas peticiones al juez. No lo hicieron y se volvieron a Madrid.