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Oposición, jueces, abogados y fiscales se unen contra las nuevas tasas

Los profesionales de la justicia confían en el recurso del PSOE ante el Constitucional

Justicia pretende paliar la saturación de los juzgados.
Justicia pretende paliar la saturación de los juzgados. EFE

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha logrado poner de acuerdo a todos. Pero no en apoyo a una de sus medidas, sino en el rechazo a las nuevas tasas judiciales que hoy publica el Boletín Oficial del Estado.

Desde la oposición, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha considera la iniciativa de Gallardón como “un retroceso más en nuestro sistema de derechos y libertades”. El líder de la oposición acusa al PP de utilizar la crisis “como coartada para imponer un cambio muy profundo y cargado de ideología”. “La derecha española nunca se había atrevido a tanto”, añade Rubalcaba que asegura que se están estableciendo dos tipos de ciudadanos: “los que tienen dinero y pueden hacer efectivo su derecho a la salud, a la educación, y ahora a la justicia, por un lado; y, por otro, los que carecen de medios y, como ciudadanos de segunda categoría, tienen restringidos sus derechos.”

“La Ley de Tasas Judiciales es otra vuelta de tuerca en una involución que afecta a la esencia misma de nuestra democracia”, concluye, y recuerda que los socialistas van a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.

Las protestas han llegado desde uno de los ámbitos más frágiles, las víctimas de violencia de género. Para la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial(CGPJ), Inmaculada Montalbán, las nuevas tasas supondrán "un freno" para que las víctimas de esta violencia "rompan el vínculo con su agresor". Presentar denuncias seguirá siendo gratis, pero las demandas de divorcio para aquellas mujeres sin hijos supondrán unos 100 euros, y alrededor de 800 más interponer recursos de apelación. "Esto dificultará mucho las separaciones en las que víctima y agresor comparten vivienda (las más habituales) o algún negocio", señaló Montalbán.

La portavoz del PP en el Congreso en materia de Violencia de Género, Marta González, ha afirmado que "la asistencia jurídica gratuita está exenta para las mujeres víctimas de violencia de género". Sin embargo, la norma publicada hoy no incluye dicha excepción.

Para la asociación de consumidores Facua, la ley de tasas judiciales supone la "implantación efectiva de una justicia para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tengan los ciudadanos". En un comunicado, FACUA considera que su aplicación es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y considera que "abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar las decisiones del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su cumplimiento".

Abogados, jueces y fiscales también se han mostrado en contra de las tasas y persiguen la declaración de inconstitucionalidad de las nuevas tasas. Así lo indicaron tras un encuentro entre el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, y la Comisión Interasociativa, que agrupa a las asociaciones de jueces y fiscales. Además, la Abogacía ha agradecido al PSOE, atendiendo las peticiones del Consejo General de la Abogacía, el anuncio de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley, "ya que vulnera la igualdad de todos los españoles y el acceso a la tutela judicial efectiva".

También el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) se ha quejado de la nueva Ley de Tasas que, según consideran, les convierte en "meros recaudadores". Para Sisej, la nueva norma va "contra la ciudadanía", ya que discrimina "la posibilidad de acceso al servicio público en función de su capacidad económica". Además, estos funcionarios sostienen que la norma "es de dudosa compatibilidad con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva".

Entre los sindicatos, la Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato UGT ha calificado de "regresiva" y "franquista" la ley que entrará mañana y ha recalcado que las tasas solo se aplicaron entre 1959 y 1986, cuando el entonces presidente Felipe González las eliminó. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) apunta que la subida de las tasas judiciales "limita derechos constitucionales" y creará una "Justicia de dos categorías", a la que se accederá "en función de los recursos económicos". Y la Unión Sindical Obrera (USO) rechaza "frontalmente el tasazo" al considerar que sólo quienes tengan recursos podrán recurrir "sin menoscabo de su patrimonio".