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PETICIÓN FISCAL DEL ‘CASO URDANGARIN’

Nóos: “Actividad delictiva para apropiarse de fondos públicos”

El fiscal acusa al yerno del Rey de diversos delitos y culpa a los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana

El duque de Palma, junto a su abogado, en febrero pasado camino de su declaración ante el juez.
El duque de Palma, junto a su abogado, en febrero pasado camino de su declaración ante el juez.

“Una actividad delictiva premeditada” para apropiarse de fondos públicos usando el parapeto de una supuesta asociación benéfico social, el Instituto Nóos. El fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, describe así la trama que montaron Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, marido de la infanta Cristina y duque de Palma, y su socio Diego Torres, para los que pide una fianza de responsabilidad civil de 8.189.448 euros.

En un escrito de casi 200 folios que el fiscal presentó este miércoles al juez José Castro, se desgranan los negocios ilegales que Urdangarin y Torres hicieron con los Gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana durante tres años, en los que ingresaron seis millones de euros.

Los delitos inicialmente señalados para los dos socios —y los cargos públicos del PP imputados— son malversación de fondos públicos, falsedad y fraude a la Administración. Los Gobiernos de la Comunidad Valencia (presidido entonces por Francisco Camps) y Baleares (por Jaume Matas) “tomaron decisiones administrativas arbitrarias e injustas”. “Estamos en presencia de una conciencia irrefutable de desviaciones de poder, requisito básico para calificar las distintas conductas como delictivas”, recalca el fiscal.

Si el juez José Castro decreta la fianza que pide el fiscal y Urdangarin no puede hacer frente a la cantidad de dinero que se le pide en un plazo de 20 días, se procedería al embargo de sus bienes, que comparte con la infanta Cristina.

Urdangarin y Torres crearon el Instituto Nóos con el reclamo de una “entidad sin ánimo de lucro”, una especie de ONG, para conseguir contratos con las Administraciones públicas. El dinero conseguido para ese instituto sin supuesto ánimo de lucro acabó desviándose a una malla de empresas privadas propiedad del propio Urdangarin y de Torres.

Anticorrupción resalta que los dos socios contaron para engordar su negocio con la complicidad de los gobernantes del PP en Baleares y la Comunidad Valenciana, que no convocaron concursos para adjudicar los contratos a Nóos y ni siquiera fiscalizaron los precios que Urdangarin y Torres fijaron ni el gasto realizado. La petición de fianza civil se basa en un largo análisis, pormenorizado en actos, facturas, pagos a colaboradores y proveedores.

» Objetivos y trama. “La única finalidad perseguida con la creación y posterior toma de control del Instituto Nóos por parte de Iñaki Urdangarin y Diego Torres era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro (una especie de ONG dedicada a proyectos sociales) a los siguientes efectos:

a.- El acceso a fondos públicos a través de convenios de colaboración con entidades públicas, ya que presentándose como compañía mercantil privada les estarían vedadas dichas opciones.

b.- Aparentar la no persecución de fines lucrativos.

c.- Rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba Nóos.

d.- Evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos”.

» Gobiernos cómplices. “Por parte de los responsables de las Administraciones públicas [Gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana y en Baleares] se tomaron decisiones administrativas arbitrarias e injustas, en tanto que adoptadas al margen de cualquier expediente administrativo, puesto que la apertura del preceptivo expediente y procedimiento administrativo hubiera impedido y obstaculizado la consecución de la ilícita finalidad de beneficiar a personas concretas”. “Los convenios de colaboración son fruto de una actividad delictiva premeditada, por lo que el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a las arcas públicas debe alcanzar la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos [que son seis millones de euros, a los que hay que sumar un tercio de esa cantidad, según fija la ley, con lo que se alcanzan los ocho millones que solicita el escrito]”.

» Contratos verbales con el yerno del Rey. “Los responsables políticos de las Administraciones correspondientes pactaron de forma verbal con los representantes del Instituto Nóos la celebración de los congresos denominados Valencia Summit e Illes Balears Forum, al margen de cualquier expediente administrativo y, de hecho, el Instituto Nóos empezó a organizar y desarrollar dichos proyectos con anterioridad a la formalización de los respectivos convenios de colaboración”.

» Expedientes inexistentes. “La omisión deliberada del expediente administrativo supone un atentado frontal a los principios básicos antes citados. La inexistencia del expediente administrativo tuvo como consecuencia directa la vulneración reiterada y flagrante de otras exigencias legales que debían imperativamente respetarse y que se obviaron para conseguir los ilícitos objetivos predeterminados”.

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