Presos de Al Qaeda piden canjear su pena por la expulsión

Cambio condena terrorista por expulsión del país. Ocho de los 11 paquistaníes detenidos en 2008 por intentar atentar contra el metro de Barcelona y condenados por pertenencia a Al Qaeda han solicitado a la Audiencia Nacional que sustituya la pena que les queda pendiente de cumplir por su inmediata expulsión de España. Pero la Audiencia Nacional, una a una, ha rechazado las solicitudes individuales.

Otros importantes yihadistas presos han sondeado también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer si esta apoyaría la condonación de la última parte de la pena a cambio de su expulsión de España. Entre ellos hay reclusos marroquíes, sirios y argelinos que no pueden acceder a la semilibertad por haber perdido sus permisos de residencia, lo que les imposibilita lograr un trabajo, como exige la ley.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado las peticiones de los paquistaníes condenados por planificar la voladura del metro de Barcelona ante la negativa de la fiscalía. Los jueces creen que los condenados “podrían aprovechar su vuelta a Pakistán para reintegrar sus vínculos con la organización delictiva”, según un auto de los magistrados Fernando Grande-Marlasca, Manuela Fernández Prado y Javier Martínez Lázaro.

La Audiencia Nacional condenó a penas de ocho años y medio hasta 14 a los 11 islamistas paquistaníes detenidos en Barcelona. “Si atacamos el metro de Barcelona, los servicios de urgencia no pueden llegar”, confesó uno de los condenados a uno de los supuestos suicidas, un topo que avisó a los servicios secretos franceses y estos al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El compló fue desbaratado en enero de 2008.

El Tribunal Supremo rebajó sensiblemente las penas al entender que el ataque estaba en fase tan “embrionaria” que no se podía condenar a la mayoría de los acusados más que al mínimo de seis años de prisión por pertenencia a grupo terrorista.

Si atacamos el metro de Barcelona, los servicios de urgencia no pueden llegar” Uno de los detenidos

Benet Salellas, abogado de los condenados, señala que considera justo que se sustituya la parte final de la condena de sus representados. “Esta posibilidad la contempla el Código Penal. A mis clientes les ha caducado el permiso de trabajo y no han podido renovarlo porque están en prisión. Además, cuando concluyan la condena serán expulsados igualmente del país. Me parece una solicitud razonable”, afirma.

El letrado asegura que la Audiencia Nacional aceptó una solicitud similar de sustitución de pena por expulsión de Souhil Kaouka, uno de los condenados por la Operación Lago detenidos en Cataluña en 2003 y acusados de preparar un atentado. La desarticulación de este grupo sirvió para que el Gobierno de José María Aznar justificara su apoyo a la guerra de Irak.

Souhil fue condenado a seis años de cárcel y la misma Sala que ahora ha denegado la petición de los paquistaníes aceptó la suya. Fue expulsado de España cuando le quedaba por cumplir la cuarta parte de su pena.

El Código Penal contempla la sustitución de las penas de prisión a ciudadanos no comunitarios no residentes legalmente por su expulsión de España, siempre que la pena sea inferior a seis años. Pero se puede aplicar en caso de condenas superiores en la fase del tercer grado (semilibertad) o cumplimiento de la cuarta parte de la pena.