El juez Marlaska pregunta si debe llevar el ‘caso Bolinaga’ al pleno
El fiscal, que se opuso a la excarcelación, pidió que fueran los 18 magistrados del tribunal en lugar de la sección primera los que resolvieran su recurso
La providencia viene firmada por el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, aunque es una decisión conjunta de tres magistrados de la sección primera, la que estudia los asuntos penitenciarios en la Audiencia Nacional y resuelve todos los recursos contra decisiones del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, del que es titular José Luis de Castro. Marlaska, junto a Nicolás Poveda y Javier Martínez Lázaro, ha preguntado a primera hora de la tarde a los 18 magistrados de lo penal del tribunal si deben ser ellos, es decir, el pleno, el que tenga la última palabra sobre la excarcelación del asesino y secuestrador Iosu Uribetxeberria Bolinaga, como solicitó el fiscal en su recurso, o es la propia sección primera la que afronte esa decisión.
En su recurso contra la excarcelación, aprobada el pasado jueves por el juez De Castro, el ministerio público reclamó que fuera el pleno y no la sección la que resolviera debido a “la repercusión” que el caso Bolinaga “puede tener para otros casos” y “la necesidad de establecer criterios jurídicos uniformes”. Marlaska, al que, como presidente de Sala, la Ley Orgánica del Poder Judicial da el poder de trasladar al pleno el asunto, anunció que no lo iba a hacer. Durante su entrevista en el Consejo General del Poder Judicial para acceder al cargo, el presidente prometió que nunca avocaría al Pleno este tipo de asuntos sensibles.
Pero la ley también permite que sea la mayoría simple de todos los magistrados de la Sala la que obligue a avocarlo al pleno. Ante la petición de la fiscalía, Marlaska, Poveda y Martínez Lázaro han decidido preguntar al resto de sus compañeros. La providencia de la sección primera, conocida pasadas las tres de la tarde, da un plazo de 24 horas a contar desde el lunes a todos los miembros de la Sala de lo Penal para que se pronuncien sobre si debe o no ser el pleno el que finalmente decida. En caso de que, cumplido ese plazo, no hayan remitido un escrito solicitándolo, se entenderá que prefieren que sea la sección primera la que se encargue del caso.
Los cinco magistrados de la sala primera ya confirmaron la libertad de dos etarras de la vía Nanclares en julio
La providencia establece que, en caso de que no se reúna el quórum suficiente (10 magistrados) serán los cinco magistrados de la sección primera en su conjunto los que tomen la decisión final. Además de Marlaska, Martínez Lázaro y Poveda, forman parte de ella los magistrados Ramón Sáez y Manuela Fernández de Prado. Como esta última se encuentra de vacaciones, su puesto, en este caso, se cubrirá por sorteo entre el resto de miembros de la Sala Penal. Para recursos posteriores de este tipo, el presidente dispone que sea el magistrado más moderno el que sustituya las vacantes si se producen.
En caso de que 10 o más magistrados propongan que sea el pleno el que se ocupe de la excarcelación, la deliberación se fija para el próximo jueves 13 de septiembre a las cuatro y media de la tarde. Si no se alcanza esa mayoría el lunes, será la propia sección la que decida “de manera inmediata”, es decir, el martes 11.
Que sea la sección primera o el pleno el que decida finalmente la cuestión tiene su importancia. La sección rechazó el pasado julio los recursos presentados por el ministerio público contra las libertades condicionales concedidas por De Castro a dos internos de la vía Nanclares –Fernando de Luis Astarloa y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares- que habían abandonado la violencia y habían pedido perdón a las víctimas.
La fiscalía que dirige Javier Zaragoza no se oponía a la excarcelación, pero exigía que entre las reglas de conducta que se impusieran a los presos se incluyera la prohibición de ir a Bilbao, una prohibición que el fiscal no había solicitado ni cuando disfrutaron de permisos ni cuando el Gobierno les otorgó la semilibertad por su abandono de la violencia. En caso de que la Sala hubiera dado la razón al fiscal, su proceso de reinserción se habría visto afectado, ya que uno de ellos habría perdido su trabajo en la capital vizcaína.
Mientras, en medios judiciales, se cree que la decisión de la sección primera –en la que, cuando está presente Fernández de Prado, los progresistas son mayoría- confirmaría la excarcelación decretada por el juez De Castro, el resultado en el pleno sería mucho más incierto. Entre los 18 magistrados de la Sala de lo Penal, dominan los de tendencia conservadora.
