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La exdefensora del Pueblo cobrará 180.000 euros de indemnización

El Congreso tramita también la de dos expresidentes del Tribunal de Cuentas

El anterior adjunto al Defensor renuncia a cobrar la cesantía

El Congreso tramitará en breve las indemnizaciones por cese en el cargo de los dos últimos presidentes del Tribunal de Cuentas y de la anterior defensora del Pueblo. La ley prevé que los tres pueden recibir durante dos años el 80% de su sueldo, con la única limitación, aprobada recientemente, de que sea incompatible con otros ingresos. Los tres han optado por mantener este salario los próximos 24 meses, aunque ya hayan dejado el cargo.

María Luisa Cava de Llano, anterior defensora del Pueblo, formalizó el pasado 31 de julio la solicitud ante la Mesa del Congreso. Este órgano tendrá que limitarse a tramitarla para que se pague a cargo del presupuesto del defensor del Pueblo. Hasta hace dos meses también cobró esa indemnización Enrique Múgica, su predecesor en el cargo.

La exdefensora cobrará sin trabajar el 80% de 116.000 euros anuales, el sueldo aproximado que tenía cuando ocupaba el cargo. Es decir, cobrará unos 92.000 euros anuales durante dos años.

Los adjuntos al defensor del Pueblo también tienen derecho a cobrar estas indemnizaciones, pero el anterior, Manuel Ángel Aguilar Belda, ha renunciado al preferir volver a su puesto en la Administración.

La Mesa del Congreso vio ayer también las peticiones de Ubaldo Nieto de Alba y Manuel Núñez, los dos últimos presidentes del Tribunal de Cuentas. Los dos han renunciado a sus pensiones de jubilación y han preferido la indemnización por cese en el cargo, que es de 180.000 euros cada uno. El primero ocupó el cargo diez años, entre 1997 y 2007, año en que fue relevado por Manuel Núñez.

La Mesa del Congreso constató ayer que está obligada a tramitar las peticiones por cumplir los requisitos legales, sin posibilidad de frenarlas. No obstante, tomó la decisión ayer de solicitar un informe legal a los servicios jurídicos de la Cámara para avalar el trámite. Estas indemnizaciones son idénticas a las que cobran los exministros y exsecretarios de Estado y se establecieron como forma de compensar los dos años de incompatibilidad. Hasta ahora podían cobrarse aunque hubiera otros ingresos públicos o privados.

Carlos Dívar, expresidente del Consejo General del Poder Judicial, pretendía cobrarla junto a la pensión de jubilación, pero anteayer renunció.