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El PP critica que se dé 400 euros a hijos de familias con recursos

Floriano cuestiona que reciban la ayuda parados que viven con sus padres

Francesco Manetto
Carlos Floriano.
Carlos Floriano.GORKA LEJARCEGI

El PP, que una semana antes del anuncio de Mariano Rajoy ya apostaba por reformar la ayuda de 400 euros a más de 200.000 parados y sugería una prórroga, señala ahora cómo cambiar el Plan Prepara. El vicesecretario de Organización y Electoral del partido, Carlos Floriano, cuestionó ayer que deban recibir esta prestación los desempleados que viven con sus padres aunque estos tengan ingresos suficientes.

Sin cuantificar los beneficiaros a los que se refería, el número tres del PP lamentó que “en algunos casos [los 400 euros] los estaban recibiendo personas que vivían con sus padres y lo hacían independientemente del nivel económico que tuviera su familia”. El Ministerio de Empleo tampoco dispone de datos para desglosar el número de casos que denuncia Floriano.

El mensaje que trasladan los populares es que consideran prioritario “que la prestación llegue a las familias que realmente lo necesitan” y que hay que rechazar “las subvenciones indefinidas” (aunque el Plan Prepara no es indefinido: dura seis meses). En ese supuesto, señaló Floriano en una entrevista en la cadena Cope, el planteamiento de las ayudas sería “equivocado”.

Empleo dice que se cambiarán sobre todo las vías de inserción laboral

En el PP insisten en que “todas esas correcciones deben incluirse” en la revisión del Plan Prepara —una ayuda que puso en marcha el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en febrero de 2011 y que el PP va a prorrogar por tercera vez—, aunque admiten que se están barajando varios cambios y que aún no está claro cuáles serán. El Gobierno asegura, por su parte, que el objetivo es “mejorar la efectividad” de la ayuda. Así lo indican fuentes del Ministerio de Empleo, que no niegan de plano que se puedan endurecer los requisitos de acceso pero apuntan a que se está trabajando sobre todo en “mejorar las fórmulas de inserción” en el mercado laboral (es decir, cambios en las condiciones que tendrán que cumplir los beneficiarios para mantener la ayuda). Según el argumentario del PP, la reforma pretende “mejorar la protección de aquellas personas que más lo necesitan”; “reforzar el objetivo de recualificación de los parados” y “mejorar la eficacia y eficiencia del programa, en colaboración con las comunidades”.

En la misma línea, Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, destacó ayer que el Gobierno “no va a dejar a nadie en la cuneta” aunque subrayó que “la prórroga de los 400 euros tiene que valer para que los que perciben la ayuda puedan encontrar trabajo y para que la cobren quienes están en situación de especial necesidad”. Cospedal negó, además, que la decisión del Gobierno responda a “presiones de nadie”, en alusión a la ofensiva del PSOE y de los sindicatos, informa Fernando J. Pérez. El secretario de Organización de los socialistas, Óscar López, avisó que su partido seguirá “presionando” para que, una vez conseguida la prórroga de los 400 euros, esta ayuda “siga siendo lo que es”, sin que los cambios anunciados por el Ejecutivo la vacíen de contenido.

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El coordinador de IU, Cayo Lara, también pidió ayer al Gobierno, tras reunirse con representantes de CC OO y UGT, que negocie con las centrales sindicales “cualquier” cambio que pretenda hacer en la ayuda y que, en todo caso, no endurezca los requisitos para recibirla, informa Natalia Junquera. Lara anunció que llevará al pleno del Congreso en el próximo periodo de sesiones una propuesta de plan de inserción laboral para ofrecer empleos temporales de 35 horas (diez de ellas de formación) cada seis meses con un sueldo de 700 euros al mes para puestos que ahora no se cubren por falta de financiación. IU cree que 600.000 personas podrían beneficiarse de este plan con un coste estimado de 8.400 millones de euros al año (a financiar por el Estado) y gestionado por las corporaciones locales.

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Sobre la firma

Francesco Manetto
Es editor de EL PAÍS América. Empezó a trabajar en EL PAÍS en 2006 tras cursar el Máster de Periodismo del diario. En Madrid se ha ocupado principalmente de información política y, como corresponsal en la Región Andina, se ha centrado en el posconflicto colombiano y en la crisis venezolana.

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