Terremoto en la cúpula policial

José Enrique Rodríguez Ulla ha sido el comisario general más breve de la policía. El pasado 13 de enero tomó posesión de su cargo al frente de la poderosa Policía Judicial y solo cinco meses después ha sido relevado. Un hecho insólito que supone un verdadero terremoto en una institución como el Cuerpo Nacional de Policía, en el que nunca se había producido una destitución tan fulminante de alguien que forma parte de la cúpula. El director de la Policía, Ignacio Cosidó, ha perdido la confianza que había depositado en él.

La Dirección General de la Policía intentó suavizar el lunes una movida de tal calibre envolviéndola en una difusa nota en la que informaba de “una profunda remodelación de la Comisaría General de Policía Judicial para impulsar una estrategia que refuerce la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el blanqueo de capitales o el cibercrimen”. Esta “reorganización” pasa por designar a José García Losada nuevo comisario general (que ya ocupó ese puesto en 2002).

¿Cómo se explica que el Gobierno nombrase en enero a Ulla y solo cinco meses después decidiera prescindir de él y encargar “una profunda remodelación” a otro comisario? En realidad, tal remodelación encubre la decapitación de Ulla por ordenar una investigación secreta y oficial sobre un ático de lujo de Marbella que usa Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Dichas pesquisas fueron abiertas por Rodríguez Ulla sin ponerlo en conocimiento del director de la Policía ni de su número dos, Eugenio Pino, según fuentes policiales.

El superjefe de Policía Judicial ordenó a uno de los comisarios bajo su mando que iniciara tales pesquisas de forma reservada. El subordinado abrió la investigación con el número de protocolo C/01218/12, tras pedir a Ulla que le diera la orden por escrito. Quiso curarse en salud porque no en vano otra investigación similar acarreó en abril un expediente al comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, y su traslado a la comisaría de Villaverde (Madrid).

Ulla, de 55 años, decidió abrir esta segunda investigación sobre el ático de marras a raíz de una carta que le dirigió el Sindicato Unificado de Policía (SUP) apelando a su “dignidad profesional” para que aclarara quién es el dueño de la vivienda de la urbanización Alhambra del Golf que tiene alquilada el vicepresidente González por 2.000 euros al mes.

Junto a la carta, el SUP adjuntaba un escrito del pasado 10 de mayo en el que la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez Pantín, respondía que la información y los datos aportados por el sindicato “son insuficientes para iniciar una investigación penal” y acordaba el archivo. No obstante, la fiscal añadía que esos datos “pudieran servir, en su caso, para una investigación policial”.

Agarrándose a esa posibilidad, el SUP conminó a Ulla a que iniciara las pesquisas. Sin aludir expresamente a él, el sindicato hacía referencia en la carta a Ulla a “mandos policiales que obedecen consignas políticas o que dejan de cumplir su obligación profesional a cambio de trabajo fijo para su hija”. Según fuentes policiales, Ulla se entrevistó con el exsubgobernador del Banco de España, Javier Ariztegui, para hablar del futuro de su hija, becaria en esa entidad. Ariztegui le dijo que la ley es igual para todos.

Según fuentes próximas a la Dirección General de Policía, la destitución del alto mando se debe a que abrió una investigación y se plegó a las exigencias del SUP sin informar a los responsables del cuerpo; a no haber puesto coto a las filtraciones que ha habido en torno al famoso ático marbellí y al caso Gürtel; a su extraña entrevista con el subgobernador del Banco de España, y, además, a no solucionar los problemas de coordinación operativa en su comisaría.

“Ulla es una buena persona, pero la comisaría general no funcionaba como debía desde que él llegó”, dice un miembro de la citada unidad. El destituido estuvo destinado en el pasado en la Brigada de Estupefacientes, mandó una corta etapa la Brigada Judicial de Madrid y después estuvo al frente de la comisaría del distrito de Hortaleza (Madrid). Ahora es probable que sea asignado al Consejo Asesor, una especie de cementerio de elefantes de ex altos cargos.

José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP, no tiene “ninguna duda” de que el jefe de Policía Judicial ha sido destituido porque el Ministerio del Interior “no quiere investigar un claro indicio de blanqueo de capitales” en la vivienda de Marbella. El SUP ha pedido a la Agencia Tributaria que investigue el asunto, pero aún no ha recibido respuesta. Sánchez Fornet anuncia que la próxima semana denunciará el caso ante los tribunales.

Mientras tanto, es previsible que el sucesor de Ulla realice cambios en su comisaría general. Esta probable movida ya la ha puesto en marcha Interior al trasladar a José Luis Olivera Serrano, máximo responsable de la investigación de Gürtel, al puesto que hasta ahora ocupaba García Losada: la dirección del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), un ente no operativo.