Interior reduce de 700 a 100 el número de escoltas para jueces y magistrados

La polémica en torno a la reducción de escoltas que ha llevado a cabo Interior en relación con los jueces y fiscales aumentó ayer, especialmente en la Audiencia Nacional. El presidente de ese tribunal, Ángel Juanes, y el fiscal jefe, Javier Zaragoza, enviaron una carta conjunta a los ministros de Justicia e Interior y al presidente del Gobierno para mostrar su “preocupación” por “la retirada integral” de la seguridad personal. Uno de los pocos en conservarla, el presidente de la Sala Penal, Fernando Grande-Marlaska, decidió ayer renunciar a ella en solidaridad con sus compañeros.

El Ministerio del Interior ha reducido de 700 a 100 el número de escoltas dedicados a los jueces, según señalan fuentes policiales. Esta disminución supone, sobre todo, una rebaja en el porcentaje de magistrados y fiscales protegidos en relación con el total, que Interior aseguró el lunes que se había llevado a cabo solo con el criterio del riesgo concreto de cada uno de los escoltados.

Antes, de 2.101 escoltas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado —excluyendo, por tanto, la seguridad privada en el País Vasco y Navarra— se dedicaban 700 a la protección de miembros del sistema judicial. Es decir, un tercio del total de los escoltas, tanto de las protecciones estáticas como dinámicas, se empleaba en los jueces. De 1.251 escoltados, 376 (el 30%) eran magistrados y fiscales.

A partir de ahora, y tras una evaluación del riesgo individualizada de cada protegido, de los 1.091 agentes dedicados a este tipo de labores, solo 100 protegerán a jueces y fiscales. Es decir, que el porcentaje de escoltas dedicados a profesionales de la justicia pasa de un tercio a una décima parte. Ese porcentaje, al parecer y según los análisis de Interior, es más adecuado al riesgo real que corren los magistrados y miembros del ministerio público.

La carta enviada al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ministro del Interior, Jorge Fernández, y al de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón por el presidente y el fiscal jefe de la Audiencia —que se negaron a hacerla pública— recordaba los asuntos delicados que se siguen en ese tribunal, no solo en materia de terrorismo, sino también en criminalidad organizada y en casos de corrupción. El mensaje trataba de transmitir al Gobierno la “preocupación” de los profesionales de ese órgano y preguntaba por la situación en la que queda su seguridad, aunque “con ánimo constructivo”, según fuentes de la Audiencia.

Los jueces y magistrados que protestaron anteayer, cuando se les comunicó la medida, recibieron ayer el apoyo y la solidaridad del presidente de la Sala Penal, Fernando Grande-Marlaska, que también envió una carta a Interior. En ella, renunciaba a su coche policial y a sus guardaespaldas, al considerar que su situación “no difiere de la del resto de sus compañeros” a los que se ha retirado la escolta. Marlaska sí solicitó un coche oficial del parque móvil para las incidencias y reuniones a las que tenga que asistir fuera del tribunal. Por último, agradeció al ministerio la protección prestada durante tantos años.