La oposición se une para forzar el debate del estado de la nación

Esta es la primera vez en esta legislatura que los grupos de oposición se unen para hacer un frente común ante el Gobierno. La decisión del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de no celebrar este año, ni ahora ni en el otoño, el debate de la nación, ha conseguido esta unidad coyuntural, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista. A última hora de la noche del jueves los grupos parlamentarios registraron en el Congreso una proposición no de ley para que el Gobierno, a lo largo del mes de julio, celebre el debate de política general.

“El gobierno ha hecho saber que no tiene pensado convocar en este año el debate sobre el estado de la nación, lo que impediría su celebración al ser una figura parlamentaria que el Reglamento de la Cámara reserva a la iniciativa gubernamental. Precisamente cuando la dificultad de la situación del país justificaría más que nunca su celebración, cuando la ausencia de explicaciones claras está incluso perjudicando la imagen de España, el gobierno demuestra su voluntad de dar la espalda a los ciudadanos y su falta de respeto a los usos democráticos y parlamentarios”. Este es el texto de la proposición no de ley cuyo debate los grupos quieren forzar a la mayor brevedad posible y que tiene la rúbrica de todos menos de CiU. Este grupo la apoyará aunque no la ha firmado, señalan en fuentes parlamentarias. En efecto, su portavoz Josep Antoni Duran Lleida, ha señalado que más que nunca es necesario este debate. Si este no se celebra en julio, sí tiene que convocarse para después del verano, señalan en fuentes parlamentarias de CiU. Aún así aún no se descarta firmar la iniciativa después de la reunión que celebre el martes su grupo parlamentario.

En la misma línea de necesidad imperiosa de celebrarlo se ha expresado el promotor de la iniciativa, Alfredo Pérez Rubalcaba: “La nación está más necesitada que nunca de este debate”. El movimiento para propiciar esta proposición no de ley, que tiene que ser calificada por la Mesa del Congreso el próximo martes, prosperó de inmediato tras las conversaciones de la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, y del secretario general, Eduardo Madina, con el resto de los portavoces. Todos querían el debate, por eso enseguida dio el sí Josu Erkoreka del PNV; Rosa Díez de UpyD; José Luis Centella de Izquierda Unida; Joan Coscubiela de ICV; Francisco Jorquera del BNG; Alfredo Bosch de ERC y otros parlamentarios del Grupo Mixto. El texto lo redactó el Grupo Socialista y contó con la aprobación general una vez que el PSOE eliminó, a petición del resto, unos párrafos en los que se reproducían frases de Felipe González, en su primer debate de la nación. Los no socialistas no querían estampar su firma en un texto arropado por frases del que fuera líder del PSOE y los actuales dirigentes lo comprendieron y las eliminaron.

El debate de la nación en las Cortes Españolas obedece a una decisión de Felipe González que, en 1983, unos meses después de ganar las elecciones, instauró este uso parlamentario, que no tiene rango normativo. Año tras año, su celebración depende de la exclusiva voluntad del Gobierno, que con algunas excepciones, siempre ha cumplido con esta tradición.

“En septiembre de 1983, se inauguró una práctica parlamentaria que supuso un importante avance en la calidad democrática de este país. Desde entonces, el comúnmente conocido como debate sobre el estado de la nación supone la más importante cita del Gobierno con la Cámara que le otorga la confianza y ante la que responde de su gestión, representando en un solo acto la transparencia y la centralidad política del Parlamento, la trascendencia democrática del control de toda la acción de Gobierno y, en buena medida, mediante la votación de las subsiguientes propuestas de resolución, la renovación de la confianza parlamentaria en el Gobierno”, se lee en la exposición de motivos de esta iniciativa de la oposición.

Este debate ha servido para dar cuenta de las decisiones de los diferentes gobiernos pero también para “concitar acuerdos entre los distintos grupos con representación parlamentaria, especialmente ante circunstancias excepcionales”, continúa el texto consensuado. La petición concreta es la siguiente: “El Congreso insta al Gobierno a remitir inmediatamente la comunicación relativa a la celebración del debate anual de política general sobre el estado de la nación del presente año, habilitando las sesiones extraordinarias que sean necesarias para su tramitación”.

La presión será fuerte aunque el Gobierno, en principio, mantiene el no a celebrar este año el debate con el argumento de que Mariano Rajoy tan solo hace seis meses se sometió al debate de investidura. Los argumentos de entonces, las previsiones e incluso su programa electoral, han sido ampliamente modificados, responden desde la oposición.