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Un coche bomba en los pilares de ETA

El mayor atentado de la banda reventó hace 25 años sus apoyos políticos y sociales Aquella matanza marcó el inicio de su final

Luis R. Aizpeolea
Rescate de uno de los niños muertos en el atentado terrorista de ETA en el centro comercial Hipercor, que causó 21 muertos y 45 heridos.
Rescate de uno de los niños muertos en el atentado terrorista de ETA en el centro comercial Hipercor, que causó 21 muertos y 45 heridos. J. MARTÍN (EFE)

A las 16.10 horas de la tarde del 19 de junio de 1987 estalló en el aparcamiento del Hipercor de la avenida Meridiana de Barcelona un coche Ford Sierra cargado con 30 kilos de amonal y 100 litros de gasolina. Su detonación abrió un socavón de 5 metros de diámetro por el que penetró una bola de fuego que abrasó a quienes encontró a su paso. Murieron 21 personas y resultaron heridas 45. Fue el atentado más brutal de ETA y sus autores, integrantes del comando Barcelona de la banda —Domingo Troitiño, Rafael Caride y Josefa Arnaga—, fueron posteriormente detenidos y condenados a casi 800 años cada uno en sendos juicios celebrados en 1989 y 2003.

La matanza causó gran conmoción popular. No solo fue la más brutal de la historia de ETA sino que 1987 arrojaría 52 muertos, el mayor número de víctimas mortales desde 1980, que, con 92, es el récord de la banda. El ministro del Interior, José Barrionuevo, y su equipo siguieron angustiosamente desde sus despachos el goteo de muertos que facilitaba el gobernador de Barcelona: “Dos, cinco, diez... hasta 17, y 21 a los pocos días”.

El impacto fue tal que Barrionuevo y su equipo arrojaron la toalla. Intervino, además del presidente Felipe González, una representación de la Ejecutiva del PSOE —Txiki Benegas, José Luis Corcuera y Francisco Fernández Marugán—para impedirlo. Entre el aviso de los terroristas y la explosión transcurrió una hora en la que no se produjo ninguna intervención para desalojar el centro comercial, un reproche que Interior encajó muy mal. Corcuera recuerda que les costó horas hacerles desistir a Barrionuevo y su equipo porque estaban sobrepasados emocionalmente y se sentían incomprendidos.

Pero con la perspectiva de 25 años puede concluirse que el mayor atentado de la historia de ETA se convertiría en el primer gran punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo etarra y el principio de su fin. Así lo atestiguan algunos de los principales protagonistas de aquella etapa.

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Felipe González, al que la matanza le cogió en Río de Janeiro, temió que aquel ataque indiscriminado sin precedentes implicara un salto cualitativo en el terrorismo etarra y desestabilizara la democracia. Años después se supo que ETA utilizó coches bomba en Madrid y Barcelona desde 1985 para compensar la disminución de acciones criminales por la reducción de los comandos legales. Así, en 1984 hubo 201 atentados y en 1985, 148, un 26,3% menos.

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En aquellos momentos, en España no había un diagnóstico claro en la lucha contra el terrorismo. ETA —con 43 asesinatos en 1986 y 52 en 1987— mantenía un sólido apoyo político y social en Euskadi lo que dificultaba la acción policial.

Las Fuerzas de Seguridad no tenían la formación ni el prestigio de hoy. “La espiral acción-represión de ETA había provocado malos tratos y actuaciones ilegales que deslegitimaban la acción policial, sobre todo en Euskadi”, recuerda Ramón Jáuregui, exvicelehendakari del gobierno vasco. La guerra sucia, iniciada en la dictadura y mantenida hasta bien entrados los ochenta, con el Batallón Vasco Español (BVE) y los GAL, contribuía a que una mayoría social tuviera una actitud equidistante ante el Gobierno y ETA.

Francia tampoco colaboraba contra ETA. Le costó entender que España era una democracia plena: la guerra sucia, con cerca de 80 muertos hasta 1987, alimentaba esta situación. El nacionalismo democrático, a su vez, o creía que la solución al terrorismo de ETA era política y no policial. “Todo aquello se reflejaba en el vacío y la frialdad en los funerales de policías en Euskadi que denotaban que la sociedad vasca no legitimaba la acción policial”, dice Jáuregui. HB, brazo político y legal de ETA, se encontraba en su salsa en aquel clima. “Aquello era una espiral maldita, condenada a la derrota”, añade el político socialista.

El aldabonazo de Hipercor animó a Felipe González a encargar a Txiki Benegas, secretario de Organización del PSOE y líder del PSE, que lograra un diagnóstico común con todos los partidos. Era una manera de empezar a afrontar la difícil situación y luego vendría lo demás.

Benegas conectó con el expresidente Adolfo Suárez, líder del CDS, también profundamente conmocionado por Hipercor. Elaboraron un borrador de pacto, cuya base era sacar la lucha antiterrorista del debate político; rechazar la negociación política con ETA y legitimar la acción policial contra el terrorismo con una condena de la guerra sucia. Benegas logró sin problemas el apoyo de Miquel Roca, de CiU. Gerardo Iglesias, de IU, no quería pactos con el PSOE. Benegas recabó la ayuda de Enrique Curiel para lograr que IU no se despegara del proceso y firmara.

Lo más difícil para Benegas fue convencer al líder del PNV, Xabier Arzalluz, que mantenía la equidistancia entre el Gobierno y ETA al señalar que la solución al terrorismo era política y no policial. Alinearse con el Gobierno le suponía unesfuerzo pues, además de la guerra sucia, Eusko Alkartasuna, liderada por Garaikoetxea, y escindida del PNV, presionaba por “soluciones políticas”. Benegas, tras reunirse varias veces con Arzalluz sin éxito, le montó una encerrona: un almuerzo en La Dorada de Madrid con Suárez, Felipe González y Roca. Entre todos le convencieron que, tras la matanza de Hipercor, el PNV no podía quedarse al margen del primer acuerdo contra el terrorismo de la historia democrática española.

Fue más fácil para Benegas involucrar a Alianza Popular. Lo hizo, a través del exministro del Interior con UCD, Rodolfo Martín Villa, que convenció sin dificultad a Manuel Fraga. Así se firmó el Pacto de Madrid en un acto solemne en el Congreso. Era el 5 de noviembre de 1987.

González y Benegas valoraron el pacto de Madrid, pero para que fuera eficaz había que suscribirlo en Euskadi porque era en esta comunidad donde se jugaba “la batalla decisiva contra ETA”. En marzo de 1987, PNV y PSE habían suscrito un pacto de gobierno con José Antonio Ardanza como lehendakari, al perder los peneuvistas la mayoría, lo que facilitaba las cosas.

Este sería el primero de los cinco puntos del giro estratégico de la lucha antiterrorista provocado por el atentado de Hipercor:

1 . PRIMER PACTO ANTITERRORISTA

Ardanza, del ala moderada del PNV, conmocionado por el ataque indiscriminado, estaba dispuesto a liderar un pacto que legitimara la acción policial contra ETA. “Hipercor sacudió las conciencias y descorrió el velo del carácter totalitario de ETA. Por primera vez, el nacionalismo democrático la califica de terrorista”, dice José Luis Zubizarreta, asesor de Ardanza.

Ardanza, que contaba con el aval de Arzalluz, acordó con Benegas que en el debate de política general de septiembre ofrecería un pacto contra ETA y el líder del PSE lo apoyaría. Su discurso marcó un hito en la historia del PNV: “De ETA no sólo nos separan los medios. También los fines”. “Con ello, el nacionalismo democrático propiciaba un frente de demócratas frente a violentos. Y no entre nacionalistas y no nacionalistas como sucedía. Este salto en el PNV suponía el aislamiento de HB y ETA y fue la base del Pacto de Ajuria Enea”, subraya Zubizarreta.

Ardanza inició la ronda con todos los partidos, menos HB. Se empantanó con Garaikoetxea, líder de EA, enrocado en que la solución al terrorismo de ETA pasaba por soluciones políticas, no policiales. Pero el 11 de diciembre, ETA cometió otro atentado brutal. Un coche bomba estalló en la casa-cuartel de Zaragoza, dejando 11 muertos, 4 de ellos niños, y 88 heridos. Ardanza aprovechó la conmoción para acelerar el pacto antiterrorista vasco. Encerró a los líderes políticos tres días —del 10 a 12 de enero de 1988— en Ajuria Enea y lo consiguió.

El pacto lo firmaron los representantes de todos los partidos parlamentarios vascos, con la única excepción de HB. Por vez primera, los partidos vascos, incluidos los nacionalistas, reconocen la legitimidad de la acción policial en la erradicación del terrorismo, valoran la importancia de la colaboración policial internacional y del Estado de derecho con la condena de las acciones ilegítimas, y rechazan que el final del terrorismo pase por cesiones políticas a ETA. El Gobierno sólo podría hablar con ETA para negociar paz por presos.

Jáuregui, vicelehendakari, asegura que el pacto supuso un “giro crucial” en la lucha contra ETA, el paso del nacionalismo de la equidistancia al compromiso contra ETA, que adquirió su máxima expresión, poco después, con la implicación de la Ertzaintza, con el peneuvista Juan María Atutxa, al frente. Recuerda Jáuregui cómo Felipe González le pedía que favoreciera el protagonismo político de Ardanza y del PNV en la lucha contra ETA.

2 . MOVILIZACIÓN SOCIAL

El pacto de Ajuria Enea propició, también, un importante estímulo a la movilización social en la calle. La fuerza y legitimidad de su carácter unitario hizo que su primera convocatoria, en marzo de 1989, en Bilbao, pidiendo a ETA el cese de la violencia, bajo el lema “paz ahora y siempre” fuera la mayor hasta entonces. Y la última, en julio de 1997, exigiendo a ETA que no asesinara al edil del PP, Miguel Angel Blanco, fue aún superior. Al calor del pacto de Ajuria Enea surgieron los movimientos contra la violencia, el primero, Gesto por la Paz. Más tarde, avanzados los noventa, nacieron el Foro de Ermua y Basta Ya.

Todo ello implicó la pérdida creciente de la calle de HB y su ascendente marginación social. Un texto de la coordinadora KAS de 1990 reconoció que el Pacto de Ajuria Enea había generado en el seno del MLNV “sensibles niveles de autoaislamiento social y político” que les estaban impidiendo “penetrar en nuevos sectores del electorado”. A su vez, ETA admitió que el pacto estaba “logrando atacar con una violencia y unidad nunca vista” y añadía: “Últimamente obteniendo un reconocimiento social”.

3 . COLABORACIÓN DE FRANCIA

El pacto de Ajuria Enea supuso, también, el comienzo del desmontaje de la mitificación internacional sobre ETA, amasada durante la dictadura franquista. Felipe González y François Mitterrand iniciaron, desde 1984, la colaboración contra ETA. Hubo extradiciones; se retiró el estatuto de refugiado a los miembros de ETA; se iniciaron los juicios de etarras en Francia.

Pero el salto clave de la colaboración francesa se produjo tras el atentado de Hipercor, en 1988, siendo ministro francés del Interior, Pierre Joxe, que permitió la presencia policial española en Francia. Este paso intensificó la eficacia policial y se puso de relieve con la caída de la cúpula de ETA en Bidart (Francia), en 1992.

4 . EFICACIA POLICIAL

Poco después del Pacto de Ajuria Enea, Felipe González designó ministro del Interior al socialista vasco José Luis Corcuera en sustitución de Barrionuevo. Lo eligió porque conocía muy bien Euskadi y por su buena relación con el PNV. Poco antes de su llegada terminó la guerra sucia.

Corcuera atribuye al pacto de Ajuria Enea una importancia decisiva, también en la mejora de la eficacia policial. La incautación policial del archivo de ETA en Sokoa (Hendaya), en noviembre de 1986, ya supuso que las Fuerzas de Seguridad cambiaran de técnica y centraran su investigación en los documentos de los terroristas, subraya Corcuera. Pero al disponer de una cobertura social de la que carecían, las Fuerzas de Seguridad mejoraron su actuación selectiva contra ETA.

Florencio Domínguez, experto en ETA, dice que “1988 marca la frontera entre dos concepciones policiales de la lucha antiterrorista”. A partir de esa fecha, las detenciones tienen como meta poner a los sospechosos a disposición judicial y no obtener información, como en el pasado. Así, de 531 detenidos en 1987 se pasa a 148 al año siguiente y de tener pruebas solo contra quinta parte de los arrestados a lograr el encausamiento del 40%, cifra que se eleva hasta situarse encima del 60% en los noventa, alcanzando en ocasiones el procesamiento del 75% de los arrestados.

La estrategia policial selectiva condujo al aislamiento de ETA frente a la población vasca y a reducir al mínimo el mecanismo de solidaridad antirrepresiva. En épocas anteriores este mecanismo había permitido a ETA arroparse con sectores sociales que no estaban identificados con la violencia, pero se ponían a su lado como respuesta a los excesos policiales.

El acoso policial llevó a ETA, también, a cometer errores organizativos muy graves. Decidió que los comandos legales pasasen a depender de los ilegales. De modo que cuando detenían a estos arrastraban a los legales. También los ilegales empezaron a tener problemas desde 1987 al disponer de menor infraestructura y verse obligados a alargar sus campañas en el interior, lo que les hacía más vulnerables. El comando Nafarroa tardó siete años en ser desarticulado por primera vez; lo desarticularon hasta cuatro veces más en los siguientes siete años. Lo mismo sucedió con otros comandos.

5 . CRISIS EN BATASUNA

El atentado arrastró, también, la primera gran crisis en la izquierda abertzale. Txema Montero, elegido eurodiputado por HB dos semanas antes en las europeas, y que en Cataluña logró 40.000 votos, el mejor resultado tras Euskadi, condenó el atentado. No tardó en ser expulsado.

Pero la crisis más grave se produjo en el principal partido de la izquierda abertzale, HASI. Txomin Ziluaga, su líder, que disputaba a ETA la dirección del MLNV, aprovechó el atentado para exigir a ETA que “se tomara unas vacaciones y realizara un repliegue táctico”. El conflicto se zanjó con un Congreso en diciembre, en Zestoa, que expulsó a Ziluaga y a un centenar de militantes de HASI.

ETA tardó 25 años más en declarar el cese definitivo de la violencia. Hubo un retroceso claro, como el Pacto de Lizarra, de 1998, respondido con otro Pacto Antiterrorista en 2000, que propició la Ley de Partidos e ilegalizó a HB. Pero el atentado de Hipercor puso las bases policiales, sociales y policiales de la lucha contra ETA. Los datos son elocuentes: De 1978 a 1987, año del atentado de Hipercor, ETA asesinó a 497 personas; en la siguiente década, de 1988 a 1997, 196, un 60% menos. Hipercor fue el principio del fin de la banda.

El ataque más sanguinario

» Veintiuna personas fallecidas (14 mujeres y 7 hombres). 15 fallecieron en el acto, abrasadas o asfixiadas, y otras 6 en los días posteriores al atentado tras una terrible agonía por las quemaduras severas en más del 80% del cuerpo.

» Cuatro de los muertos eran niños. El más joven, Jordi Vicente Manzanares, de 9 años, que falleció junto a su hermana Silvia, de 12, y su tía Mercedes Manzanares, de 30. Las hermanas Sonia y Susana Cabrerizo, de 15 y 13 años, también murieron junto a su madre, María del Carmen Mármol, de 36. La víctima de más edad fue Consuelo Ortega Pérez, de 67 años.

» Solo uno de los fallecidos, Luis Enrique Saltó Viñuelas, de 22 años, era empleado de Hipercor. Trabajaba en el departamento de decoración.

» Una de las mujeres asesinadas, María Teresa Daza Cecilia, estaba embarazada. Su marido, Rafael Morales, de 33 años, también murió en el atentado. Dejaron huérfano a un niño de siete años.

» Hubo 45 heridos, según las sentencias. Solo dos de ellos trabajaban en Hipercor: Robert Manrique, de 27 años, en la sección de carnicería, y José Francisco Domínguez, empleado de la empresa de limpieza.

» Milagros Rodríguez, de 27 años, resultó herida leve por el estruendo de los cascotes y el derrumbe del techo. Estaba embazada de tres meses y la niña, Jéssica, nació con una sordera severa que se le diagnosticó al año. En 2003, tras una larga batalla legal, la justicia la reconoció como víctima del atentado.

» Único atentado terrorista en el que la justicia declaró la responsabilidad patrimonial del Estado porque la policía no desalojó y entre el aviso de bomba y la explosión pasaron 35 minutos. Solo a 14 víctimas o sus familiares se les han reconocido indemnizaciones por valor de poco más de 150 millones de pesetas.

» Cuatro miembros de ETA fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas de casi 800 años cada uno en dos juicios celebrados en 1989 y 2003. Estos fueron Josefa Ernaga y Domingo Troitiño, como autores materiales de la masacre; Rafael Caride Simón, como ideólogo del atentado y participante en el mismo, y Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, como máximo responsable de la banda terrorista.

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