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Justicia estudia que solo cinco de los 20 vocales del Poder Judicial cobren sueldo

La mayoría de los vocales seguirían ejerciendo de jueces o fiscales y solo recibirían dietas Las retribuciones del Consejo General del Poder Judicial son de las más altas del Estado

El Ministerio de Justicia estudia una reforma legal que cambiaría sustancialmente las condiciones laborales de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que hoy están entre los cargos más codiciados de la judicatura. De los 20 vocales (más el presidente) que componen el órgano de gobierno de los jueces, solo cinco tendrían dedicación exclusiva y por tanto cobrarían el sueldo que ahora tienen asignado (unos 112.000 euros brutos anuales, además de coche oficial, escolta y gastos de representación); los 15 restantes seguirían ejerciendo su trabajo como jueces o fiscales y solo percibirían dietas por asistir a los plenos del Consejo, según han adelantado fuentes del Gobierno a Europa Press. Una portavoz de Justicia ha confirmado que esa es "una de las opciones que está barajando" la comisión encargada de elaborar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Fuentes del ministerio creen que tiene visos de prosperar.

En principio esa modificación no afectaría al cargo de presidente del Consejo -actualmente ocupado por Carlos Dívar-, que cobra bastante más (130.000 euros brutos anuales, casi el doble que el presidente del Gobierno).

La idea, según las fuentes consultadas, es que el Consejo tenga una comisión permanente formada por esos cinco vocales liberados y el presidente, con dedicación exclusiva y sueldo íntegro. Y que el resto solo sea llamado una vez al mes, para asistir al pleno (cobrando una dieta) o cuando se les requiera. Un sistema similar al que funciona en el Consejo de Estado.

Esa modificación de las funciones de los vocales del CGPJ no solo afectaría a sus sueldos. Los 15 que pudieran seguir ejerciendo como jueces podrían verse en la tesitura de aprobar en el pleno del órgano de gobierno informes y nombramientos relacionados con su trabajo de jueces. El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ya dijo en su día, cuando anunció la reforma de la ley, que se estudiaría esa cuestión para evitar incompatibilidades.

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