El PP ratifica sin apoyos en el Congreso el mayor recorte al Estado de bienestar

El mayor recorte de servicios sociales de la democracia llevó este jueves al Congreso de los Diputados solo dos horas de trámite, el tiempo justo para convalidar sendos decretos que rebajan en 10.000 millones de euros el gasto en educación y en sanidad.

El Gobierno de Mariano Rajoy llegó este jueves a la cifra de 20 decretos leyes, récord para cualquier otro Ejecutivo de la democracia, sin diálogo previo. En tres de los cuatro convalidados en la sesión, además, el PP impuso su mayoría absoluta para evitar que sean tramitados como proyectos de ley y puedan debatirse o incluirse enmiendas en comisión y en Pleno.

Se convalidaron los decretos de los recortes, más uno que permitirá al PP designar en solitario al máximo responsable de RTVE sin necesidad de consenso con el PSOE y otro que sustrae a las comunidades autónomas competencias sobre ríos.

En los decretos con recortes en educación y sanidad, el PP estuvo solo en las votaciones y tuvo enfrente a todos los demás grupos, con intervenciones muy duras y en las que los grupos de la oposición pusieron de manifiesto el cambio en el sistema sanitario con la reducción de 7.267 millones de gasto y los efectos para la educación pública de la disminución de 3.000 millones. Fue un aluvión de críticas de todos sin excepción, sobre la filosofía y sobre la redacción de los propios decretos que, por ejemplo, elevan las tasas universitarias y establecen el copago farmacéutico en función del nivel de renta y obligan a que los pensionistas paguen por sus medicamentos por primera vez.

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad, José Martínez Olmos, afirmó que el decreto “tiene visos de inconstitucionalidad” y acusó al Gobierno de “imponerlo” de forma “cobarde”.

El Ejecutivo intentó hasta el último momento infructuosamente atraerse a CiU, y para ello negoció con el grupo parlamentario y con la Generalitat de Cataluña. No lo consiguió y se quedó solo, respaldado por la mayoría absoluta del PP, que es suficiente parlamentariamente pero resulta escasa desde el punto de vista político, teniendo en cuenta que el recorte debe ser aplicado por comunidades autónomas gobernadas por distintos partidos. “El decreto es demoledor”, le dijo en el debate la diputada de CiU Conchita Tarruella, lamentando que la decisión de no tramitarlo como proyecto de ley impida la discusión y la mejora del texto.

Para presionar, el Gabinete usó la pésima situación financiera de la Generalitat pero el acuerdo era imposible porque debía ser sobre un texto inmutable y publicado ya en el BOE.

Los nacionalistas catalanes sí dieron respaldo al decreto que cambia las reglas del juego para elegir a la cúpula de RTVE, en el que no se podrán incluir modificaciones, y UPyD se sumó al de medio ambiente tras arrancar la tramitación como proyecto de ley.

El presidente del Gobierno estuvo presente en una parte del debate y en la votación; siguió mudo sobre los recortes y ni se planteó comparecer o dar explicaciones sobre los decretos; participó en un acto de promoción de la candidatura olímpica de Madrid; grabó un vídeo colgado en la web del Gobierno sobre transparencia; tomó café en un bar próximo con el presidente del Congreso, Jesús Posada, y se vio obligado a suspender la reunión prevista por la tarde con el tenor Plácido Domingo en La Moncloa.

El tono de los ministros que intervinieron en los debates fue el del mal menor, el de “no nos gusta hacerlo, pero no hay más remedio para salir de esta situación”. El titular de Educación, José Ignacio Wert, aseguró que lo hacen “con sufrimiento y pesar”; que “esta es la respuesta excepcional del Gobierno a unas circunstancias excepcionales, desafortunadas”; y que “son [recortes] temporales, que no forman parte de nuestro programa de reforma educativa, con lo que [se revisarán] tan pronto como mejore la situación económica”.

El portavoz de Educación del PSOE en el Congreso de los Diputados, Mario Bedera, le ha respondido que el recorte de 3.736 millones de euros contemplado en este real decreto se suman a los 487 millones del acuerdo de no disponibilidad del 30 de diciembre y a los 663 millones de recorte en los presupuestos para 2012.

“No nos hable de eficacia, de eficiencia y mucho menos de mantener la calidad del sistema educativo cuando en menos de cinco meses ha hecho recortes por un total de 4.886 millones de euros. Está usted recortando una media de 1.000 millones por mes”, le ha dicho al ministro, antes de asegurar que van a provocar el despido masivo del profesorado —más de 40.000 despidos—.

Ana Mato, ministra de Sanidad, habló de “soluciones de emergencia para problemas urgentes” y afirmó que es “la única forma de asegurar la sostenibilidad del sistema”.

Y José Manuel Soria, ministro de Industria, afirmó que el cambio de las reglas del juego en RTVE es una medida para sacar a la corporación de la situación de bloqueo que, según él, se vive en este momento, al no haber sido renovado el máximo responsable del ente y varios miembros del Consejo.

Gobernar por decreto tiene el inconveniente de que no se pueden subsanar deficiencias de las normas y hay que hacerlo mediante fe de errores en el BOE. Por eso, Gaspar Llamazares (IU) puso de manifiesto desde la tribuna que se han publicado 73 correcciones al decreto de sanidad, muchas de ellas de calado, empezando por que la referencia del Consejo de Ministros hablaba de un ahorro de 7.767 millones y la memoria económica lo rebaja en 500.