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Montoro apremia a las autonomías a cumplir ya ante la alarma económica

Griñán estudia eliminar complementos salariales a sus 270.000 empleados La Generalitat de Cataluña ultima un nuevo plan de privatizaciones Las comunidades del PP se suman a la exigencia de los hispanobonos

Barcelona / Sevilla / Madrid -
Cristóbal Montoro comenta datos de su conferencia con el presidente del Círculo de Economía, Josep Piqué (a su derecha); el secretario de Finanzas de la Generalitat, Albert Carreras (a su izquierda); la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y el portavoz de este partido, Enric Millo.
Cristóbal Montoro comenta datos de su conferencia con el presidente del Círculo de Economía, Josep Piqué (a su derecha); el secretario de Finanzas de la Generalitat, Albert Carreras (a su izquierda); la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y el portavoz de este partido, Enric Millo.M. PÉREZ (EFE)

La semana decisiva para las comunidades autónomas, con un Consejo de Política Fiscal clave convocado el jueves, arrancó de la peor manera posible: con la Bolsa desplomada y la prima de riesgo superando su propio récord. Aunque públicamente no quiera admitirlo, el Gobierno vive en estado de emergencia. Y la imagen de control de las comunidades es clave. Así que se precipitan las negociaciones en privado y los mensajes en público para apremiar a las autonomías a recortar gastos, subir impuestos y privatizar servicios como fórmulas a la desesperada para reducir el déficit.

El Gobierno negocia hasta última hora con el foco puesto en las comunidades con más problemas. Asturias, con amenaza de intervención por su vacío de poder; la Comunidad Valenciana, con unos datos muy preocupantes; Murcia o Castilla-La Mancha. A estas últimas, controladas por el PP, prácticamente les están redactando el plan de ajuste en Hacienda, sobre todo a la valenciana. El mayor problema político es con Cataluña y Andalucía. Especialmente con esta última, que controlan el PSOE e IU, y quiere representar un modelo alternativo a los recortes del Ejecutivo.

El responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue ayer muy claro en Barcelona. Dijo que “toda Europa” estará atenta al consejo del jueves. “Su duda está en si se podrá equilibrar el presupuesto de las comunidades y los gobiernos locales”, advirtió mientras señalaba que no le temblará la mano para intervenir comunidades, a las que recordó que “los plazos son para todos”. También para los Ayuntamientos.

Hacienda negociará hasta el final porque busca dar un gesto a los mercados y publicar el jueves, al final del Consejo de Política Fiscal, todos los planes de austeridad para que se vea que son creíbles. Pero parece casi seguro que algunos de esos planes serán devueltos. De hecho, se ha convocado ya otro Consejo 15 días más tarde para volver a estudiar los que queden pendientes. Hacienda se niega a aceptar nada que no sean recortes muy duros.

Una de las claves pasa por Cataluña.

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El programa de ajustes presupuestarios que el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, presentará el jueves es ya el quinto en cuatro años y el tercero del año y medio de Gobierno de CiU.

Mas-Colell y Montoro llevan varias semanas negociando con discreción. Por eso, en la Generalitat sorprendió ayer que fuera Montoro quien desvelara que el plan contiene privatizaciones “de determinados ámbitos de servicios públicos”. Fuentes del Departamento de Economía matizaron que, en realidad, se trata de infraestructuras, aunque no especificaron. Otras fuentes citan a la empresa pública que abastece de agua el área metropolitana de Barcelona y la compañía de infraestructuras Tabasa, a la que podría añadirse algún servicio ferroviario que sea competencia de Cataluña. Además, el Gobierno de Mas se plantea recuperar el impuesto de sucesiones, que prácticamente suprimió el año pasado.

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En cualquier caso, el Gobierno de Rajoy está apoyando los recortes en Cataluña. Ayer, en la conferencia que pronunció Montoro en el Círculo de Economía en Barcelona, el secretario de Economía catalán, Albert Carreras, pidió la palabra para afear a Rajoy que la reforma laboral no es suficiente para crear empleo y planteó que “el subsidio de desempleo es demasiado desincentivador en ciertas direcciones”. “Me estimula para que sigamos con esas reformas”, le respondió el ministro, que abundó en esa tesis para subrayar que “el seguro de desempleo no es un retiro”.

Más allá de los planes del Ejecutivo, Montoro defendió la austeridad como la única vía que tiene España para salir de la crisis. “Hay que ser realistas, debiendo lo que debemos, y con las cifras que tenemos, o pagamos o nos van a hacer el ajuste los mercados”, aseguró.

El otro gran centro del choque político, Andalucía, también negocia con Hacienda y ultima sus planes de recortes de 2.700 millones de euros que necesita, según sus propios cálculos, una reducción del 8,4% sobre lo que tenía previsto en diciembre.

Fuentes del Gobierno de José Antonio Griñán aseguraron que el plan, que se presentará hoy tras el Consejo de Gobierno, incluye la eliminación de determinados complementos salariales a los empleados públicos. Según datos de noviembre de 2011, en Andalucía hay 266.999 personas con nómina de la Junta.

El compromiso del Ejecutivo de coalición PSOE e IU es que la eliminación de esos pluses será de carácter temporal y previa negociación con los sindicatos. Las centrales sindicales conocen esta intención del Gobierno andaluz a través de contactos informales con la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, y con la de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, aunque ambos se niegan a hablar de negociación.

El Ejecutivo autónomo también quiere dejar en suspenso los planes de pensiones que tienen los trabajadores de algunas empresas públicas y recortar más la inversión pública. La idea es evitar a toda costa los despidos.

Los planes de recortes, que prácticamente en todas las comunidades van a implicar reducción de servicios públicos, sobre todo en sanidad y educación, de personal y de sueldos, desaparición o venta de empresas y entidades públicas, y subidas de tasas e impuestos, ocultarán tal vez otro debate importante que varias llevaran al consejo del jueves. Se trata de los hispanobonos, esto es, que la deuda autonómica esté respaldada por el Tesoro. Algunas comunidades del PP también apuestan por esta idea, que Hacienda no descarta del todo aunque no apoya de momento. La Generalitat valenciana, la que más problemas tiene para financiarse, insistirá con este asunto. La apoyarán otras muchas, casi todas, entre ellas Andalucía, lo que muestra que en este asunto las filiaciones políticas no dividen.

El principal problema que atraviesan ahora las autonomías es de liquidez. Las emisiones de deuda de las comunidades para 2012 son de cerca de 33.000 millones de euros. Tienen vencimiento de deuda por unos 17.000 millones y el resto, unos 16.000 millones, es por la nueva deuda para financiar el déficit previsto este año, un 1,5% del PIB de las comunidades.

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