Asturias anuncia acciones legales por el intento de intervenir sus cuentas

El Gobierno asturiano, que preside Francisco Álvarez-Cascos, de Foro Asturias Ciudadanos (FAC), y que está en funciones a la espera de la próxima formación del nuevo ejecutivo autonómico, rechazó hoy con dureza la eventual intervención de las cuentas públicas asturianas por el Ministerio de Hacienda como una operación de naturaleza “política, no económica o presupuestaria” para “interferir o tutelar el proceso de elección del Presidente del Principado”.

El ejecutivo de Cascos niega que haya causa alguna que justifique el proceder de Hacienda (Asturias cumple con los objetivos de déficit y de deuda, asegura, y su situación, afirma, es mejor que las de muchas comunidades, especialmente las del PP) y ha solicitado ya a sus servicios jurídicos el inicio de posibles “reclamaciones, por vía de responsabilidad patrimonial, por los perjuicios” que las declaraciones del Ministerio de Hacienda “ocasionen al Principado de Asturias, como pudiera ser el encarecimiento de su financiación”.

El Principado atribuye al Gobierno central, del PP, “un comportamiento desleal, irrespetuoso y antijurídico” y sostiene que su proceder “contraviene frontalmente el principio de lealtad institucional”. El ejecutivo de Cascos proclama que el Plan Económico Financiero de Asturias “cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria” y que “el Ministerio de Hacienda no ha rechazado ni formulado ningún tipo de reparo, objeción o petición de documentación adicional” a dicho plan.

El Principado reaccionó con dureza a lo que tachó en un hecho cuya “gravedad” no tiene “precedentes”, y que “se basa”, dijo, “en meras elucubraciones acerca del futuro político de una comunidad autónoma desconociendo que el proceso de formación de un nuevo ejecutivo, principal línea argumental de su crítica, concluirá este mes de mayo”.

El Principado sostiene que “se encuentra dentro de la senda prevista para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fiscal”, que “la situación financiera del Principado es sustancialmente mejor que la de otras comunidades” –“especialmente las gobernadas por el PP, y respecto de las cuales “no se ha anunciado medida alguna”-, que Asturias “cumple el requisito del ratio de endeudamiento sobre el PIB previsto en la Ley de Estabilidad (inferior al 13% del PIB)” y que “los porcentajes de déficit en que incurrirá el Principado en el período 2012-2014 (del 0,99%, 1% y 1% respectivamente) son “inferiores a los máximos permitidos en cada uno de esos ejercicios (1,5%, 1,1% y 1%).

UPyD calificó la posible tutela de las cuentas de una “gravísima irresponsabilidad que nos coloca en una peligrosa situación” y, en una crítica a Cascos, asegura que esta situación es “la consecuencia de un gobierno en funciones que no ha cumplido sus obligaciones con esta región”. IU afirmó que se trata de una maniobra del PP para “dar un escarmiento a todas las comunidades autónomas eligiendo para ello a la que ahora mismo está en una situación política más débil”. El PP asturiano opinó que “hay margen hasta el próximo 17 de mayo, fecha de la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera”, para que “la colaboración entre la Abogacía y la Intervención General del Estado y los servicios jurídicos y financieros de la Administración del Principado permita corregir y modificar los elementos necesarios del Plan Económico y Financiero del Principado”.