Un zapatazo, dos años de cárcel y a la espera de un indulto que no llega

El periodista iraquí que lanzó un zapato a George W. Bush en Bagdad en 2008 permaneció nueve meses encarcelado; el ciudadano kurdo que hizo lo mismo con Erdogan en Sevilla en 2010 sigue en prisión tras más de dos años.

Escena uno: 14 de diciembre de 2008. Rueda de prensa del aún presidente de EE UU George W. Bush en Bagdad. Un zapato vuela en dirección a la cabeza del mandatario. El periodista chií Mountazer al Zaidi lo ha lanzado al grito de “¡perro!”. Tras esquivar Bush el tiro, el reportero es detenido. Escena dos: 22 de febrero de 2010. Homenaje al primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan en Sevilla. A la salida del acto, un zapato vuela hacia su cabeza y también yerra su objetivo. El activista kurdo Hokman Joma lo ha lanzado mientras grita “¡asesino!” a Erdogan. Es detenido.

La consecuencia de ambas acciones es dispar. Mientras que el periodista iraquí pasó solo nueve meses en prisión, Joma permanece desde hace dos años y dos meses (805 días) en la prisión de Sevilla I. El hombre, de nacionalidad siria y 29 años, va camino de cumplir en su totalidad la condena de tres años impuesta por el juez de lo Penal José Antonio Gómez, ya que el Gobierno ha ignorado su petición de indulto. El propio magistrado reconoció, al imponer la condena, que esta debería ser anulada por el Gobierno mediante indulto, dada la desproporción del castigo impuesto: “Excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo”.

La sentencia condenó a Joma por un delito de atentado contra la autoridad y le absolvió por un delito de resistencia grave a los agentes que le detuvieron aquel día a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla. La fiscalía había pedido su expulsión del país para evitar su ingreso en prisión, pero la petición fue ignorada por el juez. Un mes después, la Audiencia de Sevilla ratificó la pena.

Sin embargo, tras la celeridad procesal llegó la calma. Una vez condenado, la tramitación de su indulto se ha retrasado durante más de un año y solo estuvo lista el pasado enero. “Fue un procedimiento exprés y luego, a la hora del indulto, se ha ralentizado de manera consciente”, protesta su abogado, Luis Ocaña. “Me da la impresión de que el Gobierno va a evitar pronunciarse. El indulto estaría bien por una cuestión de dignidad”, añade.

Joma nació en una pequeña aldea del Kurdistán sirio y entró en España a través de Ceuta. Antes del zapatazo que cambió su vida a los 27 años alternó empleos como camarero y soldador. “No tiene pensamientos radicales. Cree que debe aprovechar algo para dar pasos y no caer otra vez en un error. Creo que no le lanzaría otro zapato a nadie, no mereció la pena. Ahora está mentalizado para cumplir los 10 meses que quedan”, explica su amigo Ahmed Ibrahim Alí, que cada dos semanas le visita en prisión.

A pesar de haber cumplido ya dos tercios de la condena y mantener un comportamiento ejemplar, la prisión le ha denegado los permisos temporales porque no tiene domicilio conocido, según Ibrahim. Este señala que el preso mantiene buen ánimo en el módulo mixto donde vive. “Lee muchos libros y escribe su diario. Me ha dicho que le quedan 10 meses y ya está”, expone. Instituciones Penitenciarias denegó el permiso a EL PAÍS para entrevistar a Joma. El Ministerio de Justicia no informa del estado de las peticiones de indulto hasta que estas son aprobadas por el Consejo de Ministros.

Borja Mapelli, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, enfatiza que el juez podría haber solicitado él mismo el perdón institucional. “El juez se podría haber mojado más con el indulto. Y habría sido ideal considerar el atenuante de arrebato en la sentencia”, afirma. A Mapelli le resulta “excesivamente riguroso” que en la sentencia se aplicase dos veces “la valoración de la autoridad”, y señala que Joma “estaba reivindicando la libertad de su pueblo”. “España siempre lleva el lastre de los independentismos y eso ha podido influir”, censura.

“Tres años es una barbaridad: lo dice el propio juez, lo ve todo el mundo, pero al Gobierno solo le interesa la utilización de la justicia en su beneficio. No le interesa que se respeten los derechos humanos”, critica con crudeza María Isabel Mora, coordinadora del área de cárcel de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH). Y añade: “El Gobierno se ha desentendido y es una decisión absolutamente política. Indulta a banqueros y políticos corruptos, pero en este caso no. Elimina toda crítica política con otros países para evitar el problema”.