“Mi mala suerte es ser negro y albino”

"Dios me lo está poniendo muy difícil. Me dio esta piel blanca en un cuerpo de negro. Nací bajo la estrella de la mala suerte”. Emanuel Mukasa es ugandés y tiene 20 años. Sus padres murieron cuando estalló la guerra en el país africano en 1980. Fue recogido por un pastor que sabía que si no protegía a este niño —un negro con piel blanca— sería asesinado, según Emanuel, por algún vecino o por un grupo mafioso que vendería su cuerpo para prácticas de brujería. El campesino que rescató a Emanuel optó por esconderle en un pajar hasta su mayoría de edad, momento en el que el joven decidió jugarse la vida atravesando el desierto desde su país natal hasta Marruecos para llegar a nado hasta Melilla. En total, unos 12.000 kilómetros.

Emanuel lleva casi 19 meses en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde solicitó el derecho de asilo por sentirse perseguido por ser albino. “Estoy cansado y quiero salir de aquí”, solloza por teléfono en un inglés balbuceante. Su voz temblorosa transmite cansancio y desasosiego. Emanuel llegó a España después de una travesía de un mes escondido en los bajos de un camión cuyo conductor le daba pan y agua. Antes de iniciar su viaje tuvo que pagar el peaje para alcanzar lo que él consideraba su “libertad”: extraerse sangre y entregársela al chófer del vehículo, quien también veía en él un ser esotérico. La realidad que vive hoy este joven negro de tez blanca es muy distinta de la que soñaba antes de salir de Uganda. Había oído historias sobre España. Un lugar donde se acogían a las personas perseguidas como él, un país que le reconozca “como un ser humano”.

Cuenta cómo salió huyendo de un “infierno” devastado por la guerra civil, que se cobró 312.000 vidas y en la que 350.000 personas tuvieron que refugiarse en el sur de Sudán. Al final acabó acorralado entre las paredes del CETI, donde espera que se le conceda la posibilidad de acceder a la Península como refugiado. Emanuel siente desamparo y “está muerto de miedo”, comentan por teléfono algunos de sus amigos.

Los días de Emanuel son largos, tediosos y monótonos. “Leo un fragmento de la Biblia cada mañana porque debo estar en comunión con Dios. Sé que él no tiene la culpa del color de mi piel y no le debo culpar de ello. Si he hecho algo mal, no lo sé”, comenta llorando. A mediodía sale un rato del CETI, siempre cubierto con su gorra negra, chaqueta y pantalones largos. Anda con la cabeza gacha y encorvada; quiere pasar inadvertido. Suele ganarse unos euros como limpiador de coches en los semáforos o si no permanece hasta la hora de comer a las puertas de algún supermercado esperando que alguien se apiade de él y pueda transportarle la compra a cambio de una moneda. “Solo quiero ganarme la vida como cualquier otro, salir de este centro… ser independiente. He vivido toda mi vida recluido… solo quiero ser libre”.

Emanuel lleva más de un año y siete meses esperando que las autoridades españolas reconozcan que no es un inmigrante que solo busca trabajo, sino un hombre cuya cabeza tiene un precio que se cotiza al alza en su país.

“He vivido toda mi vida recluido... en una prisión. Solo quiero ser libre y poder vivir como un ser humano”

Organizaciones como CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y el Defensor del Pueblo denuncian desde 2008 esta situación. Consideran que la Ley de Asilo en España se ha convertido en “una carrera de obstáculos” para quienes necesitan protección internacional inmediata. El 73% de las 3.400 solicitudes de asilo presentadas en 2011 ante las autoridades españolas fueron denegadas.

“En España cohabitan dos problemas en materia de asilo: una clara falta de formación en estos asuntos, además de la desinformación por parte de los agentes policiales fronterizos que no hacen distingos entre los inmigrantes económicos y posibles refugiados”, afirma Lourdes Navarro, responsable jurídica de CEAR en Andalucía.

Según fuentes del Defensor del Pueblo, las delegaciones del Gobierno de las ciudades autonómicas llevan desde finales de 2008 incumpliendo la normativa con respecto a la protección internacional. “En Melilla y Ceuta nadie informa de los derechos que tienen los posibles asilados. Solo les dicen que no pueden viajar a la Península porque les falta un documento de la Delegación del Gobierno o del director del CETI, quien carece de poder jurídico para emitir ningún documento que les permita el salto a la Península”.

En 2010, el Defensor del Pueblo abrió una investigación en relación con la actuación de agentes de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificaciones Documentales (UCRIF) por interrogar a un grupo de magrebíes, solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas, sin presencia de un abogado y por hacerles preguntas ajenas a dicho procedimiento. Además, inició otra indagación paralela basándose en cuatro sentencias del Tribunal Superior de Andalucía que declaran una evidente vulneración de la libre circulación y movimiento de solicitantes de asilo a los que se impide acceder a la Península desde ambas ciudades autónomas.

Las delegaciones del Gobierno de Ceuta y Melilla reconocen que no siempre es fácil identificar en un primer momento los casos que sí cumplen “los parámetros para ser solicitantes de asilo” debido al gran número de inmigrantes irregulares que acceden al territorio español. Asimismo, recuerdan los citados medios, que Ceuta y Melilla tienen una cláusula de reserva del espacio Schengen, que establece que los extranjeros que acceden a dichas ciudades no pueden entrar en la UE si no están documentados. Ese es el motivo, según la Delegación del Gobierno en Melilla, por el que a los demandantes de asilo no se les permite cruzar el Estrecho.

Además, las delegaciones del Gobierno añaden que hay trámites burocráticos que no ayudan a agilizar el proceso de asilo.

Una visión que confronta con el abogado y experto en inmigración Marcelo Belgrano, quien defiende que el Tratado de Schengen obliga a que se realicen controles fronterizos, pero no a que se limite la libertad de movimiento de estas personas a menos que representen “un problema para el Estado”.

A pesar de existir, según CEAR y ACNUR, pruebas suficientes que demuestran que Emanuel se encuentra en una evidente situación de vulnerabilidad se le ha denegado hasta tres veces la cartilla roja que le da el estatus de refugiado. Después de 19 meses de lucha, España solo ha admitido a trámite su solicitud. Esto significa que solo puede deambular por las calles melillenses, pero no por la Península.

Emanuel está cansando. Quiere terminar con la entrevista. Su voz muestra impaciencia, pero antes de despedirse añade: “Solo quiero salir de aquí y ser libre”.