La juez de los ERE acusa a la Junta de diseñar cómo “regalar” las ayudas

Al Gobierno andaluz le nació ayer un problema de dimensiones imprevisibles. El auto de prisión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández contiene una bomba de relojería que derivará previsiblemente en un listado de imputaciones de altos cargos que encabeza el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, desveló algunas de sus cartas y en el razonamiento para justificar la condena de la gestión de Fernández extendió dudas sobre otras consejerías y los servicios jurídicos de la Junta como supuestos cómplices para permitir la concesión de ayudas públicas millonarias en los años de vacas gordas. El Ejecutivo autónomo dispuso de un fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones entre 2001 y 2010, cuyas subvenciones fueron concedidas de manera discrecional.

“La política no puede ir contra la ley y el derecho”. La frase lapidaria de la juez resume la tesis que recorre el extenso auto de 77 páginas: la Junta diseñó un sistema para “regalar” subvenciones fraudulentamente a un “extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta y del PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco o afiliación política”. Y la Intervención General identificó el problema, tras lo que “de manera rotunda” puso reparos a las consejerías involucradas en este “sistema operativo”. Hasta ahí, la acusación de la magistrada ya conocida.

La dimensión que dejó atisbar ayer Alaya es que los informes de la Intervención fueron ignorados por Fernández “en su condición de consejero de Empleo, junto a titulares de otras consejerías”. Entre esos otros consejeros que despreciaron las advertencias de la Intervención incluye al presidente Griñán durante su etapa como consejero de Economía, y a los exconsejeros de Economía e Innovación Magdalena Álvarez (posteriormente ministra de Fomento) y Francisco Vallejo, a los que Alaya ya ha señalado en anteriores autos. En pasadas resoluciones, Alaya ya ha apuntado al supuesto delito de prevaricación por ignorar los informes contrarios de la Intervención a las subvenciones del Gobierno autónomo.

El auto reprocha al Gobierno andaluz ignorar los reparos de la Intervención

La intención del sistema de ayudas creado era sortear las pegas que la Intervención General había expresado en 1999, así como las limitaciones que la Unión Europea ponía a las ayudas entregadas a las empresas por la Junta andaluza.

Sin embargo, la tesis de Alaya va más allá y dibuja una connivencia a nivel político de extraordinaria dimensión. La magistrada extiende las sospechas de consentir este reparto de ayudas supuestamente fraudulentas al interventor general y a los servicios jurídicos. “Deberá ser objeto de investigación si en el asesoramiento (...) hubiesen prevalecido los criterios políticos sobre los jurídicos”, explica.

Fernández y el diputado socialista José Antonio Viera [exconsejero de Empleo entre 2000 y 2004] firmaron el convenio para establecer las ayudas en 2001. Pero las ayudas superaron el dinero presupuestado la gran mayoría de los años, por lo que la Consejería de Hacienda debió realizar ampliaciones presupuestarias para cubrir las necesidades de gasto. Entre 2005 y 2008, la Intervención General puso reparos, aunque sin emitir un informe de actuación que hubiera alertado del menoscabo en las arcas públicas.

“Lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se olvidara la ley”

Alaya estima que tanto los exconsejeros de Empleo e Innovación como los de Hacienda ignoraron los reparos de la Intervención de manera intencionada. “Que se trate de una implantación normalizada en el proceder de la Junta durante 10 años, no quiere decir que el procedimiento derivado del convenio marco sea por esto conforme a derecho, pues lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se haya podido olvidar, indiciariamente, el cumplimiento de la ley”.

Según la juez, el objetivo del método puesto en práctica era “institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas” de la Junta de Andalucía y permitir un “uso abusivo” en el manejo de fondos de la Administración.

La respuesta del abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, a las acusaciones de Alaya resumen con precisión la supuesta prevaricación y malversación continuadas que achaca a gran parte de la cúpula del Gobierno andaluz, a modo de una causa general: “Supone concebir y proyectar una grave sombra de duda sobre la general actuación y funcionamiento, no ya del Gobierno, sino más ampliamente de la propia Administración andaluza, a varios de cuyos grupos funcionariales de élite se extiende tal ominosa duda de actuación, tales como los del Cuerpo de la Intervención y los varios departamentos técnicos y jurídicos, incluido el Gabinete Jurídico de la Junta, obligados todos ellos a velar por la legalidad”.

El letrado muestra su asombro ante la tesis de la magistrada, que supone un salto cualitativo y cuantitativo en la causa [que acumula 52 imputados], y que se trasladará, al menos en parte, al Tribunal Supremo tan pronto la juez concrete las acusaciones contra el diputado y exconsejero de Empleo José Antonio Viera, al ser este aforado. La Guardia Civil ya ha subrayado su responsabilidad sobre los 50 millones en ayudas directas a empresas que recibió la Sierra Norte sevillana, una pequeña comarca, en comparación con los 30 millones que recibió el resto del territorio andaluz.

“Resulta contrario a los principios de la lógica y la experiencia pensar que pudo ser posible la gestación a escondidas y la posterior ocultación premeditada durante una década en el fondo de algún misterioso cajón, ese procedimiento específico de autos”. Fernández argumenta que el fondo era aprobado año tras año por el Parlamento andaluz, y dijo que “lo conocían todos”, aunque su abogado matizó que no pronunció esa expresión para “eludir responsabilidades por elevación, sino para enmarcar la gestión y aplicación del procedimiento”. La causa ya acumula 15.000 folios y otras 200.000 páginas de documentación.