El Gobierno de Rajoy insta por primera vez la libertad condicional a un etarra

Era el siguiente paso después de la concesión del tercer grado, y el Gobierno ya lo ha llevado a cabo. Instituciones Penitenciarias trasladará a partir del lunes al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, el expediente favorable para la libertad condicional del disidente de ETA José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, de 59 años, preso en Basauri (Bizkaia). El magistrado será quien finalmente conceda la medida. Se trata de la primera vez que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pone en marcha una libertad condicional, ya que el otro expediente que se está tramitando, del también disidente de la banda Fernando de Luis Astarloa, fue iniciado por el Gobierno socialista.

Pérez de Nanclares rompió con la banda en enero de 2010, un año y diez meses antes de que ETA anunciara el "cese definitivo" de su "actividad armada". El preso, que cumple condena desde mayo de 1992 y al se le aplicó el año pasado la doctrina Parot —por la que su pena no se extinguirá hasta 2022—, había pasado por todos los pasos previos al tercer grado: permisos de salida de 36 días al año, más tarde la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, y finalmente la concesión del tercer grado el pasado febrero. Ahora está ya en marcha, según adelantaba hoy el diario Deia y confirmaba más tarde Interior, la libertad condicional.

Se trata de uno de los reclusos que se ha acogido a la vía Nanclares, política impulsada por el anterior Gobierno socialista y apuesta fundamental del actual Ejecutivo —a pesar de que solo una veintena de presos de la banda, de 550, se han acogido a la misma—, que consiste en la concesión de beneficios penitenciarios a todos aquellos que cumplen con los requisitos del código penal y la ley penitenciaria para los presos terroristas: perdón a las víctimas, rechazo de la violencia, colaboración con las autoridades cuando se pueda y hacer frente a las indemnizaciones civiles.

Fernández Pérez, que fue detenido en mayo de 1992 por colaborar con el comando Vizcaya y se le condenó a 41 años de cárcel, había sido cómplice de un atentado contra el guardia civil José San Martín Bretón al dar cobijo en su casa al asesino, Javier Martínez Izaguirre. Los agentes, además, hallaron en su chalé un zulo dispuesto para albergar a un secuestrado.

Antes de conceder la libertad condicional, y una vez que recibe el expediente completo por parte de Instituciones Penitenciarias, el juez tiene que dar traslado al fiscal para que informe sobre la medida y tiene también que informar a las víctimas de que la excarcelación se va a producir.