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el caso de ignacio gonzález

Interior expedienta al comisario que investigó el patrimonio de González

Agapito Hermes de Dios defiende su actuación: “Todo ha sido legal”

Ignacio González, vicepresidente madrileño.
Ignacio González, vicepresidente madrileño.SAMUEL SÁNCHEZ

El excomisario de Marbella Agapito Hermes de Dios defendió ayer su investigación sobre el vicepresidente madrileño, Ignacio González: “Mi actuación ha sido en todo momento legal y respetando el conducto reglamentario”, dijo a EL PAÍS, tras hacerse público que la Dirección General de la Policía (DGP) le había abierto un expediente disciplinario.

Hermes de Dios, que ha sido relevado de su cargo en Marbella, indicó, no obstante, que el expediente se abrió a petición suya: “Yo le pedí al director adjunto operativo que abriera un expediente para aclarar el tema, porque yo no he podido defenderme de todo lo que ha ido apareciendo en los medios de comunicación”, declaró. Además, añadió que su traslado de Marbella a Madrid también se produce tras solicitarlo él mismo: “No es un castigo. Yo lo solicité y me lo han concedido. Sé que me voy a Madrid, pero no a qué comisaría concreta”.

Las fechas

  • Entre julio y diciembre de 2011 se desarrolla una investigación sobre el patrimonio del vicepresidente regional, Ignacio González.
  • Enero de 2012. Interior releva a la cúpula policial, decisión que coincide con el final de las pesquisas policiales, que no habían sido registradas de forma oficial.
  • Interior negó en marzo que se hubiera producido la investigación a González. Después, el ministro Jorge Fernández Díaz cambió de versión, explicando que sí hubo pesquisas policiales, que fueron "ilegales".
  • La Dirección General de la Policía (DGP) abre un expediente al comisario de Marbella, que pide el traslado a Madrid.

El Ministerio del Interior explicó en una nota pública que el objetivo del expediente disciplinario es que el comisario esté protegido por todas las garantías jurídicas en el marco de la investigación abierta por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. “Siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía mantiene abierta una investigación interna y ha establecido las medidas oportunas para averiguar y exigir responsabilidades a quien ordenó la investigación policial, al margen de la autoridad judicial y de los procedimientos ordinarios, al vicepresidente primero de la Comunidad Autónoma de Madrid”, añade. En este sentido, Agapito Hermes de Dios aseguró a EL PAÍS que no iba a hacer declaraciones a los medios de comunicación hasta que la investigación “no se haya cerrado”.

Fuentes del caso indicaron inicialmente que la investigación “reservada” había partido del ex director adjunto operativo Miguel Ángel Fernández-Chico, fallecido en enero. A partir de ahí, según esta versión, el comisario Hermes de Dios encargó los trabajos al jefe de la Brigada de Información de Marbella, que sería quien en última instancia habría realizado las pesquisas, y que también ha sido interrogado por la Unidad de Asuntos Internos. Otras fuentes policiales consideran “imposible” que Fernández-Chico encargara esa investigación a Hermes de Dios sin registrarla de manera oficial. Estas mismas fuentes recuerdan que el excomisario de Marbella había estado destinado en La Moncloa con José María Aznar de presidente del Gobierno, y apuntan a que la orden es fruto de una disputa interna en el seno del PP.

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Hermes de Dios presentó una denuncia ante la Unidad de Asuntos Internos explicando que había desaparecido de su despacho la carpeta en la que se hallaban las conclusiones de las investigaciones realizas en torno a la vivienda que Ignacio González asegura alquilar en Marbella. En un principio, el Ministerio del Interior negó la existencia de las pesquisas policiales. Después, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró en una intervención en el Senado que sí había habido una investigación a Ignacio González, calificándola de “ilegal” porque no aparecía en los registros de investigaciones oficiales. En este sentido, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) negó que la investigación fuera “ilegal” y subrayó que este tipo de pesquisas son una práctica “habitual” en la policía. Asimismo, anunció posibles acciones judiciales para aclarar todo el caso.

El otro sindicato policial, la Confederación Española de Policía (CEP), cargó ayer contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la gestión de su Departamento tras “airear” públicamente la existencia de una investigación policial “ilegal”. Desde el sindicato describen la situación como un “despropósito” y añaden que la tesis del ministro “no se sostiene ni medio minuto”.

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