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El PP acelera sus reformas en solitario

El Gobierno forzará un pleno extraordinario para aprobar el jueves la Ley de Estabilidad El PSOE cree imposible el acuerdo por las prisas del Ejecutivo

“El Gobierno está tan asustado con la presión de Europa que quiere pisar el acelerador y llegar incluso más lejos de lo que se le pide desde fuera, aunque sea en solitario”. En este diagnóstico coinciden dos responsables de grupos parlamentarios que en los últimos días han negociado con los máximos responsables del Ejecutivo.

Jueves al rojo

  • El PP aprueba la próxima semana en el Congreso algunas de las medidas más impopulares contra la crisis. Los populares piensan aprobar las medidas sin apoyo de la oposición.
  • Martes 10. Votación de la propuesta de crear el Impuesto de las grandes fortunas. El PP se opone.
  • Miércoles 11. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contesta a la oposición sobre la amnistía fiscal y la reforma laboral.
  • Jueves 12. Convalidación del decreto ley sobre medidas tributarias y amnistía fiscal. Votación de las enmiendas a la totalidad contra la reforma laboral. Aprobación de la Ley de Estabilidad.

Esa impresión tendrá concreción la próxima semana cuando el Gobierno acelere la tramitación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, a costa de acabar con cualquier posibilidad de acuerdo con otros partidos. Salvo cambio de última hora, fuentes del Gobierno explican que el PP impondrá su mayoría absoluta para que la Comisión de Economía dictamine la ley mañana, lunes; el martes, la Junta de Portavoces habilite un pleno extraordinario para el próximo jueves y ese mismo día se apruebe la ley orgánica sin más votos que los del PP.

El PSOE intentó en los últimos días un acuerdo sobre esta norma que limita la capacidad de endeudamiento de todas las Administraciones públicas e impone a partir de 2020 el déficit cero. Los responsables del Grupo Socialista, con Soraya Rodríguez a la cabeza, mantuvieron conversaciones con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el portavoz del PP, Alfonso Alonso, pero han encallado siempre en el mismo punto: si se admite un déficit estructural desde 2020 del 0,4% del PIB, como defienden los socialistas, o del 0%, como ha escrito el Gobierno en su proyecto de ley.

Para intentar mantener la posibilidad de acuerdo, los socialistas vetaron el martes en la Junta de Portavoces del Congreso una modificación del orden del día del pleno de la próxima semana para que este jueves se aprobara ya la Ley Orgánica de Estabilidad. El cambio exigía unanimidad y el PSOE lo impidió con el argumento de que ese mismo día se estaba debatiendo aún en la comisión el dictamen con las enmiendas y, además, les movía el interés por alargar el plazo para llegar a un acuerdo. De esa forma, la ley no saldría del Congreso hasta dentro de dos semanas, pero el PP ha decidido acelerarlo y fuentes de La Moncloa consideran que el veto del PSOE fue “una pataleta” a la que responderán con la convocatoria el jueves de un pleno extraordinario, tras el ordinario que tiene ya un orden del día cerrado e inamovible.

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El deseo de consenso del PSOE tiene que ver con la consideración de que esta ley es desarrollo del pacto que alcanzaron el pasado mes de agosto el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, para modificar el artículo 135 de la Constitución para incorporar la exigencia europea contra el déficit público. Esta ley es desarrollo de aquel pacto y los socialistas consideran que debe entenderse por déficit estructural el 0,4%, mientras que el Gobierno insiste en el 0%.

Ese objetivo es más bien simbólico ya que queda establecido para 2020, con tiempo suficiente para modificarse o para tener unas condiciones económicas y políticas muy diferentes. Pero el Gobierno no ceja en su empeño para poder enviar un mensaje claro de firmeza a la Unión Europea y los mercados, aunque eso suponga no dar imagen de unidad con el único partido que, en principio, está en condiciones de gobernar de aquí a 2020, además del PP.

El PSOE, como gesto de buena voluntad en favor del acuerdo, desistió de presentar enmienda de totalidad y el pasado 29 de marzo se abstuvo en la votación de ese tipo de enmiendas. Sin embargo, el PP solo ha incorporado en el dictamen de la comisión sus propias enmiendas, que buscaban endurecer la ley, es decir, acortar los plazos para su aplicación a todas las Administraciones, incluyendo las que se refieren a sanciones.

CiU ve muy lejos el acuerdo por la inflexibilidad del Ejecutivo

Teóricamente, es posible un acuerdo también en el trámite en el Senado, pero fuentes socialistas aseguran que, tras ver la marcha de las negociaciones, lo ven altamente improbable. Según el PSOE, hay decisiones de Bruselas que avalan su tesis, como que el propio Rajoy firmó recientemente como presidente el pacto fiscal de la UE, que fija en el 0,5% el déficit estructural, o el llamado Objetivo a Medio Término, que fija una tabla aritmética de déficit en función de distintas variables.

Tampoco es previsible que el Gobierno pueda cerrar un pacto sobre la ley de estabilidad fiscal con otros partidos que sí han apoyado algunas de sus medidas. Así, CiU ha pedido a Montoro que dé más margen de tiempo a las comunidades para cumplir los objetivos, teniendo en cuenta que la mayor parte de su déficit tiene que ver con la bajada de recaudación. Hasta ahora, los nacionalistas catalanes han dado siempre con el no del Gobierno. Esta misma semana, su portavoz, Josep Antoni Duran i Lleida, empezará las negociaciones sobre los Presupuestos, con el escollo de los más de 900 millones de euros de inversión en Cataluña pactados con Gobiernos del PSOE. En este caso, CiU sí ve posible un acuerdo y avanza en las negociaciones sobre las enmiendas parciales de la reforma laboral.

Hollande asume la defensa de España

F. G.

El Gobierno de Mariano Rajoy no solo no rechaza las palabras de Nicolas Sarkozy poniendo a España como ejemplo de lo que no se debe hacer frente a la crisis, a la misma altura que Grecia, sino que hizo salir a la diputada Elvira Rodríguez para respaldar expresamente al presidente francés. El argumento del Ejecutivo es que se trata de palabras pronunciadas en actos electorales, no en su condición de jefe de Estado y, además, se refiere a la gestión de Zapatero, en coincidencia con sus denuncias sobre la herencia recibida.

Fuentes de La Moncloa dijeron desconocer que vaya a haber alguna gestión oficiosa para que Sarkozy cese en esa estrategia, a pesar de que va en contra de la tesis del Gobierno de poner distancia entre la situación de España y la de Grecia. Quien sí lo hizo en la campaña electoral francesa fue el candidato socialista, François Hollande, que apeló a la “solidaridad europea” para que su oponente cese en sus menciones a la economía española.

El PSOE, por segundo día consecutivo, pidió a Rajoy que asuma ante el presidente francés la defensa de España. Ayer fue la vicesecretaria general, Elena Valenciano, quien aseguró que “cuando un jefe de Estado extranjero ataca de esta forma a la economía española lo que se espera de un Gobierno responsable es que salga al paso, y no que lo aplauda en actitud sumisa”.

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