El juez rechaza la querella del PP por no identificar a los cargos de Camps
El juez considera que debe especificar contra quién se querella y por qué hechos concretos
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado la querella presentada por la dirección nacional del PP en la causa por la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano. Los populares la presentaron con el fin de personarse en el procedimiento y acceder, de primera mano, a la instrucción. El tribunal señala en un auto que la querella presentada por la dirección nacional del partido “no concreta mínimamente los hechos por los que se ejercita la acción penal”. Y no se dirige “contra persona alguna aforada ante este tribunal, siendo dicho requisito determinante de la competencia asumida por el mismo”.
El juez José Ceres, instructor de esta ramificación del caso Gürtel, da por no admitida la querella ya que considera que en la querella se "debe especificar los concretos hechos por los que ejercita la acción penal y contra qué personas determinadas dirige su acción”. En su escrito, el PP solo nombraba al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, y al encargado de su filial en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y obviaba a la larga lista de caros y excargos del PP que ya están imputados.
En su texto, el PP hacía extensible la acusación a “cuantas personas físicas o jurídicas que hayan participado en los hechos delictivos como autores (directos, cooperadores o inductores), cómplices y encubridores”, pero no citaba a nadie más. Ahora, el juez le recrimina que no incluyera "ni una mínima referencia concreta" a otra parte de los hechos que también se investiga y que se basa en la contratación de la Generalitat Valenciana con Orange Market.
La causa que instruye Ceres reúne la mayor parte de la actividad corrupta que la trama Gürtel desarrolló presuntamente en Valencia. De un lado, la financiación ilegal, en la que se investigan los supuestos pagos de actos electorales del PP del expresidente Francisco Camps por parte de empresas constructoras beneficiarias de adjudicaciones de la Generalitat. En este caso, las sociedades de la trama, especialmente Orange Market, habrían actuado de vehículo de los pagos en las campañas de 2007 y 2008. La causa indaga, por otra parte, la supuesta adjudicación irregular del montaje y organización de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur desde 2005 a 2009, por más de cinco millones de euros.
En su resolución, el magistrado señala, que la querella presentada cuenta con una "descripción de los hechos en términos sumamente genéricos sin que aparezca la necesaria precisión y concreción fáctica" y apunta que “aparecen desprovistos de todo mínimo detalle y concreción, careciendo de una específica imputación fáctica y jurídica, lo que resulta necesario para un válido ejercicio de la acción penal”.
Tras esta decisión, el PP puede volver a presentar otra querella en la que rectifique e incluya las exigencias del juez para formar parte del procedimiento en el que se investiga no solo la financiación ilegal sino también la posible comisión de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad.
Se trata del segundo revés del PP en su intento por tener acceso de primera mano a la instrucción de la rama valenciana del caso Gürtel. En diciembre, el juez ya rechazó una maniobra del partido, que pretendía convertirse en acusación en Valencia limitándose a reproducir la querella que en su día presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que solo se relataban hechos referentes a esta comunidad. El segundo intento contiene algunas referencias más específicas a la causa valenciana, pero mucho menos de lo que resulta “legalmente exigible”, apunta el juez.
La negativa pone de relieve el difícil objetivo del PP: formar parte de la causa, como consiguió en Madrid, sin tener que acusar directamente a quienes integraron las cúpulas en el partido y el gobierno del dimitido presidente Camps, que en muchos casos siguen en el parlamento autonómico o en puestos destacados de la Generalitat. Entre los imputados figuran los diputados del PP Ricardo Costa, Vicente Rambla, Milagrosa Martínez, Angélica Such, David Serra y Yolanda García; el extesorero nacional del partido Luis Bárcenas; la directora general de promoción institucional, Dora Ibars, otros cargos menores, miembros de la trama y los dueños o gestores de ocho constructoras valencianas.
