Un desmentido a la derecha radical
El Gobierno ha tomado la decisión, con el respaldo de un análisis policial riguroso de que, en el actual horizonte, no hay riesgo de un regreso del terrorismo etarra
La decisión drástica del Ministerio del Interior de reducir el número de escoltas en el País Vasco y Navarra, por encima de la mitad, es la mejor muestra de que el Gobierno de Rajoy ha dado credibilidad al cese definitivo de ETA y ha desafiado, por tanto, a quienes, desde la derecha radical, pretenden su inmovilismo con el falso argumento de que la amenaza del terrorismo etarra continúa como antes del 20 de octubre, la fecha de la declaración de cese definitivo de la banda.
No hay que olvidar que hace tan solo una semana, el exministro del Interior y europarlamentario del PP Jaime Mayor Oreja, erigido, desde hace ya tiempo, en portavoz político de la derecha radical, declaraba en La Gaceta que ETA volverá a matar tras las próximas elecciones vascas, en marzo de 2013, y que nada ha cambiado con la declaración de cese definitivo de la banda el pasado octubre.
Lo que el exministro del Interior pretendía con esa observación, sin ninguna base objetiva, era presionar al Gobierno para que no se involucre en la política de reinserción de los presos etarras para lograr la disolución de ETA.
Pero el Gobierno ha tomado la decisión, con el respaldo de un análisis policial riguroso de que, en el actual horizonte, no hay riesgo de un regreso del terrorismo etarra. Por otro lado, la retirada de escoltas, que afecta a concejales, parlamentarios, jueces... —la protección se ha mantenido en los consejeros del Gobierno vasco y altas magistraturas vascas— se ha medido caso por caso.
Así, a algunos concejales residentes en zonas de amplia influencia del nacionalismo radical se les ha mantenido la protección porque, aunque el riesgo de atentado terrorista se haya disipado, pueden sufrir presiones de otro tipo.
La protección policial creció de manera significativa en el País Vasco y Navarra en 1994 cuando ETA aprobó la Ponencia Oldartzen, la de “socialización del sufrimiento”. La consecuencia fue una campaña de asesinatos contra concejales, parlamentarios, jueces, en contraste con la etapa anterior, centrada en el asesinato de policías y militares. Tuvo otro repunte cuando en 2000-2003, ETA inició otra campaña de asesinatos generalizados —hasta 50— tras romper la tregua de 1998-1999. En julio de 2009, ETA cometió su último asesinato.
Ayer, el exvicelehendakari y exministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, paseando por Vitoria, cruzó delante de la sede del Parlamento vasco. Jáuregui, también sin protección, pensó que no había sesión al observar que no se producía el habitual trasiego de decenas de escoltas. Pero había sesión. Lo que sucedía es que a los parlamentarios ya les han retirado la escolta y la sede del Parlamento ofrecía, treinta años después, el paisaje de una Euskadi normalizada.
