La portavoz de los jueces rectifica sus palabras sobre Urdangarin
Bravo afirma ahora que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley" El viernes dijo que "no todos los imputados son iguales", en relación al caso del duque de Palma Grabar las vistas conlleva mayor garantía para los imputados, según los secretarios judiciales
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha asegurado hoy que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley". Bravo ha querido aclarar así unas declaraciones que hizo el viernes sobre la imputación del duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Entonces dijo que "no todos los imputados son iguales". Ha precisado que con sus palabras pretendía subrayar que los jueces adoptan sus decisiones teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en cada caso para evitar "discriminaciones".
La portavoz del órgano de gobierno de los jueces se ha pronunciado así a la entrada de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde este lunes comparece el presidente del Consejo, Carlos Dívar, para presentar la Memoria de los juzgados y tribunales referente a 2010.
"Lo que yo intenté decir en la entrevista y por lo que he visto algunos no lo comprendieron es que el juez adopta las decisiones teniendo en cuenta las distintas circunstancias que concurren en los casos, circunstancias que siempre tienen que ponderar adecuadamente para evitar discriminaciones y desigualdades", ha precisado. "Es lo que hizo el juez", ha señalado.
"Yo creo que nadie ha dudado en ningún momento que la portavoz considera que todos los ciudadanos son iguales ante la ley", ha insistido. Bravo ya lamentó el pasado sábado en un comunicado las "interpretaciones erróneas" de sus palabras respecto al juicio al duque de Palma.
Los secretarios judiciales defienden la grabación
Bravo hizo aquellas declaraciones el viernes cuando le preguntaron por la decisión del juez de Palma de Mallorca de no grabar la declaración que prestará Urdangarin el próximo día 25. Esta medida también ha suscitado la reacción del Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ). Este considera en un comunicado emitido hoy que en el llamado caso Palma Arena la grabación audiovisual de vistas y comparecencias constituye una mayor garantía para los imputados, así como un instrumento que facilita la labor instructora.
El sindicato recuerda que, tras las reformas procesales aprobadas por la Ley 13/2009, se exigió legalmente la grabación audiovisual de las vistas y las comparecencias efectuadas ante jueces y magistrados, siendo la única excepción la imposibilidad material de utilizar dichos sistemas de grabación. “La implantación de sistemas de grabación de la imagen y el sonido supuso un indudable incremento de las garantías procesales de las partes, así como posibilitó la salida de los secretarios judiciales de la salas de vistas, permitiendo asumir competencias necesarias para agilizar la justicia”, agrega.
Los secretarios judiciales añaden que “todos los usuarios de la justicia merecen, con independencia de la condición en que acceden a la misma, los mismos derechos y garantías previstas por la ley, y son iguales ante el personal que la integra”.
