Política
OPINIÓN

Los periodistas, mejor callados

El Consejo General del Poder Judicial no pierde ocasión para corroborar lo que todos sabemos desde hace años, que es un organismo altamente politizado, endogámico y de piel finísima, incapaz de acometer su principal tarea: poner orden en el guirigay que es la justicia en España. Esta misma semana, coincidiendo con el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de devolver a los jueces la capacidad para elegir a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (una medida que ya defendió su padre hace 27 años), los vocales del organismo, en reunión plenaria, han salido unánimemente en apoyo de la magistrada Coro Cillán García de Iturrospe y han condenado las “vejatorias” informaciones que, en su opinión, “afectan gravemente al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen”.

Para quien ande despistado, hay que recordar que Cillán es la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid que ahora dirige la reapertura de facto del caso del 11-M, el mayor atentado terrorista de la historia de España. Un asunto que, sea cual sea su desenlace, requiere por parte del instructor del más alto grado de competencia. Las veleidades de esta nueva investigación, así como las andanzas de Cillán en otros juzgados, bien valdrían una historia aparte. Baste recordar que ya fue sancionada en 1999, en 2002 y en 2003 por retrasos injustificados y graves cuando estaba destinada en la Audiencia de Gipuzkoa, llegando a pedir en uno de los casos el fiscal y el instructor del expediente su expulsión de la carrera.

Para no desviar el tiro, me referiré solo a la información publicada en estas páginas el domingo pasado bajo el título "Inestable para juzgar". En ella se daba cuenta de que la Inspección del Poder Judicial ha abierto ahora un expediente disciplinario contra Cillán por tres faltas muy graves en la tramitación de una causa que no tiene que ver con el 11-M, sino con el precinto de una sala de fiestas de Madrid, y que ponen de manifiesto posibles arbitrariedades en sus decisiones, entre ellas nombrar a su supuesto “novio” administrador de la discoteca intervenida (con un sueldo de 2.500 euros) tras intentarlo con un supuesto “amigo” (sueldo de 18.000 euros). La investigación judicial revela asimismo que una secretaria y dos fiscales del juzgado atribuyen a Cillán actuar bajo la ingesta de bebidas alcohólicas que transforman en “irascible” su conducta y le llevan incluso a “confundir personas y delitos”.

La información parte del expediente del propio Consejo. Vista su reacción, es evidente que el Poder Judicial hubiese preferido que no se publicase. Mejor el silencio que la información al ciudadano. Mejor reunirse plenariamente para acusar de vejatoria la publicación de su propio informe que hacerlo para tratar con urgencia el caso de esta juez de la que un fiscal asegura que “confunde personas y delitos”. Debería preguntarse el Consejo si es moralmente aceptable que un periodista en posesión de esta información no la publique, si acaso las dudas fundadas sobre la capacidad de la juez Cillán y su gobierno no son hechos de interés público que trascienden absolutamente el umbral de la intimidad. ¿Acaso no es ella misma una funcionaria con unos poderes extraordinarios y que lleva una de las causas más graves de la historia de la democracia? ¿No es relevante para la ciudadanía saber lo que dicen los fiscales y funcionarios que tratan con ella en el ámbito de su trabajo público? ¿No es obligación de la Administración rendir cuentas sobre el cumplimiento escrupuloso de las normas por parte de los jueces? Así sería en un país donde el Poder Judicial situase el interés del ciudadano por encima del suyo propio. Que cada uno juzgue si esto ocurre en España. Mientras tanto, los periodistas cumpliremos con nuestro deber: informar verazmente de los hechos que consideremos relevantes y de interés público.

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