Las recetas de un ministro que quiere darle la vuelta a la justicia

Tasas para la segunda instancia. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado una reforma para racionalizar la Administración judicial y evitar “abusos” planteando una suerte de copago para el recurso de segunda instancia. “Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas". Estarán exentos de pago los que acrediten falta de recursos.

Prisión permanente. El Ejecutivo de Rajoy estudiará una posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, la cadena perpetua, que sería una pena excepcional en línea con la que existe en otros países europeos y se aplicaría para delitos que hayan causado una gran alarma social. En cualquier caso, la medida implicará una reforma del Código Penal.  En España ya existen penas de hasta 40 años para casos en los que el condenado haya cometido dos o más delitos castigados con penas superiores a los 20 años o haya sido condenado por dos o más infracciones de tipo terrorista y una de ellas supere ese mismo límite. Esos castigos son, de facto, prisiones perpetuas, porque implican el cumplimiento efectivo de 32 años como mínimo. Solo transcurrido ese límite, el recluso puede acceder a la libertad condicional, aunque las condiciones exigidas lo hacen prácticamente inviable. La revisión a los 20 años que propone el PP podría, por tanto, convertir la prisión permanente en una pena inferior.

Los presos de ETA. Gallardón ha manifestado hoy respecto a los presos de la banda terrorista ETA que "la amnistía no cabe" en la Constitución y que "mientras los indultos generales están expresamente prohibidos", los individuales están sometidos a requisitos" precisamente por su "naturaleza excepcional".

Aborto. La reforma de la ley del aborto exigirá el consentimiento de los padres y sugiere una revisión a fondo de la norma de 2010, que establece un sistema de plazos en el cual no se obliga a la embarazada a dar una justificación para el aborto hasta la semana 14 de gestación, y que el PP llevó al Constitucional. La ley se aprobó "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos", ha asegurado Gallardón antes de señalar que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.

Acceso al abogado de oficio. El ministro de Justicia plantea una revisión a fondo de la situación económica de los ciudadanos que soliciten poder seguir haciendo uso de la justicia gratuita y de los abogados del turno de oficio.

Quitar competencias a los jueces. El Ejecutivo, en un intento de racionalizar la Administración de justicia y reducir la litigiosidad, despojará de algunas competencias a los jueces para atribuírselas a notarios y registradores. 

Eliminación de cuotas políticas en el TC y el CGPJ. Se reformará el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial -para que 12 de ellos sean designados directamente por los jueces- superando "cuotas partidistas". Se actuará también en las competencias del Supremo y del Constitucional, y respecto a este último ha propuesto una superación del "pasado" para reformar a sus miembros de modo que sus nombramientos no respondan a cuotas de partidos ni de grupos parlamentarios.

Reforma de la ley de responsabilidad penal del menor. El Gobierno reformará la Ley del Menor para que, en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos.