El juez cree que Emarsa pagó reformas en un chalé
Sospecha que la empresa financió la reforma de una casa de su exgerente Esteban Cuesta
El juez Vicente Ríos, que investiga el monumental saqueo de Emarsa, sospecha que los fondos de la empresa pública de depuración del agua de Valencia financiaron de forma encubierta la reforma del chalé que su exgerente Esteban Cuesta, imputado en la causa por varios delitos, tiene en Casas Ibáñez (Albacete), su pueblo natal.
Emarsa pagó 4,5 millones de euros a varias empresas de los hermanos García Martínez, también imputados, por servicios y suministros aparentemente falsos. Una de ellas, Construcciones y Reformas Rocafort, declaró en el año 2008 ingresos de 1,35 millones de euros. La mayor parte (814.021 euros) provenía de la sociedad pública. El resto parecen ser transacciones simuladas, ya que se trata de operaciones con otras empresas de la trama empresarial familiar.
Ese mismo año 2008 Construcciones Rocafort contrató servicios con cuatro empresas de Casas Ibáñez y su entorno: Pérez y Murcia (dedicada a la construcción); Aluminios Magán; Fontanería La Pared, y Hermanos Carrión Monedero (dedicada a suministrar combustible).
Alcalde de Benimàmet
La dueña de Construcciones Rocafort, María Paz García Martínez, negó ante el juez haber hecho obras en propiedades del exgerente de Emarsa. La mujer admitió que conocía a Esteban Cuesta antes de empezar a trabajar para la sociedad pública de vista, por ser “el alcalde de Benimàmet” (en realidad era alcalde pedáneo del PP, nombrado por Rita Barberá), donde residen los García Martínez.
¿Por qué contrató Construcciones Rocafort a cuatro empresas de Casas Ibáñez vinculadas a la construcción?, le preguntó el lunes el juez. María Paz respondió que para hacer obras en su oficina y en la de su hermano, Sebastián García Martínez. ¿No es incongruente que contratase a empresas radicadas a 150 kilómetros de distancia para hacer obras en sus oficinas cuando su propia empresa se dedica a la construcción y las reformas?, insistió el juez. María Paz dijo que no sabía que estuvieran domiciliadas en Albacete, y que quizá “todos sus trabajadores estaban trabajando en Emarsa”.
El juez ordenó a la Guardia Civil, mediante una providencia, averiguar qué trabajos hicieron las cuatro empresas de Casas Ibáñez y dónde.
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