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EDITORIAL

Cuentas claras

La publicación del presupuesto real afianzará el prestigio de la Monarquía parlamentaria

Poco a poco, sin apenas estridencias, la Casa del Rey está dando pasos hacia una mayor transparencia pública. Son decisiones discretas, pero que sumadas todas en una serie suponen un cambio de cierta envergadura en las costumbres de la Monarquía española. Primero fue la decisión de apartar al duque de Palma, Iñaki Urdangarín, consorte de la infanta Cristina, de todo acto oficial, a raíz del conocimiento público de irregularidades en la institución que dirige. El discurso de Navidad insistió en la obviedad de la universalidad de la ley y sus consecuencias; fue bien recibido por la opinión pública y por los diputados de la nueva legislatura. Ayer, la Casa del Rey dio a conocer por primera vez el desglose de su presupuesto y gracias a él los ciudadanos pueden saber que, del monto global de 8,43 millones de euros, el Rey recibe 292.000 euros al año (140.000 como salario y el resto como gastos de representación), que el príncipe Felipe percibe unos 146.000 euros anuales, y que ambas retribuciones están sujetas a una retención fiscal del 40% y del 37%, respectivamente.

Parece un ejercicio inútil negar que todos estos esfuerzos de transparencia controlada (el Rey no está obligado a explicar las cuentas de su Casa) responden a la conmoción causada por la implicación del duque de Palma en el caso de corrupción, cuyo expediente judicial se conoce con el nombre de Operación Babel. El gesto real debe interpretarse como una invitación indirecta a que se conozca toda la verdad sobre las operaciones económicas del yerno del Rey, porque esa transparencia es fundamental para la salud del sistema democrático. Por tanto, aunque no faltarán voces que reclamen más detalle en el desglose de las cuentas reales, es importante que se comprenda la importancia del mensaje, la calidad de primer paso en la información pública sobre las cuentas del Rey y todas las implicaciones políticas y jurídicas de ese primer paso.

Es esencial que esta información pública se convierta en costumbre. Más aún, puesto que la transparencia de las cuentas públicas es un bien democrático, sería conveniente que la esperada ley orgánica, prevista en el título de la Constitución relativo a la Corona y orientada a pormenorizar las reglas sucesorias, incluyera precisiones definitivas sobre las personas que constituyen la casa real y, por tanto, actúan en nombre del Rey, y quienes se dedican a sus negocios privados. Asimismo, debería especificarse el grado de detalle con que la Casa del Rey debe informar y auditar sus cuentas. En momentos de grave recesión económica y con muchas familias españolas atribuladas por el desempleo es importante conocer qué esfuerzos de contención del gasto está haciendo la familia real.

La exigencia de claridad en las cuentas reales constituye el método más eficaz para salvaguardar el prestigio de las instituciones, tal como reclamaba don Juan Carlos. Y así parece haberlo entendido la casa real.