El Gobierno valenciano estudia personarse en el ‘caso Palma Arena’
El Ejecutivo del balear Bauzá ya está en la causa como acusación popular Fabra avisa de que sus servicios jurídicos actuarán si hubo engaño
El Gobierno valenciano de Alberto Fabra se personará en el caso Palma Arena si se demuestra que el Instituto Nóos —que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarin— engañó a la Generalitat. Fabra, en una emisora de radio, admitió ayer: “Si se demuestra que hubo un engaño por parte de Nóos, lógicamente, los servicios jurídicos estudiarán cuál sería nuestra posibilidad”.
De confirmarse esta decisión, Fabra seguiría la senda del Gobierno de Baleares, que ya está personado en el caso Palma Arena. El presidente balear, el también popular José Ramón Bauzá aseguró en el Parlamento autonómico que defenderá los intereses de sus conciudadanos "cuando y ante quien haga falta" y “provenga de donde provenga” porque “si una cosa está mal, está mal independientemente de quien la ha hecho”.
La Abogacía del Ejecutivo balear ejerce ya la acusación particular en las diversas piezas en el caso Palma Arena, que es la madre de la pieza 25/2ª donde se analiza la gestión de los dos convenios con el Instituto Nóos, con un coste de 2,3 millones para la celebración de sendos foros en 2005 y 2006. El juez observa indicios de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, prevaricación y falsedad documental. Un portavoz de la Consejería de Presidencia balear aseguró ayer que sus letrados "seguirán personados en las causas, sin ejercer iniciativas especiales ni retirarse".
La investigación ha llevado al juez que investiga el caso Palma Arena hasta la Comunidad Valenciana, donde la policía ha requisado documentación y la fiscalía ha interrogado a distintos cargos del PP. Entre 2004 y 2006 el Ejecutivo valenciano, que entonces presidía Francisco Camps, contrató al Instituto Nóos para celebrar tres ediciones de unas jornadas relacionadas con el deporte denominadas Valencia Summit y la elaboración de un estudio para celebrar unos primeros Juegos Europeos. Por estos encargos, la entidad que presidía Urdangarin cobró de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia 3,7 millones de euros, en el caso de Valencia Summit, y 382.000 euros por los Juegos Europeos. La Generalitat se ha negado hasta ahora a mostrar la documentación relacionada con Nóos pese a las reiteradas peticiones de la oposición.
Sin embargo, el avance de la investigación judicial del caso Palma Arena llevó ayer a la consejera portavoz del Gobierno valenciano, Lola Johnson, a reconocer que Camps se comprometió a pagar al Instituto Nóos un total de seis millones de euros por los estudios destinados a preparar la candidatura de unos Juegos Europeos en Valencia. El convenio lo firmaron en la Navidad de 2005, a iniciativa del entonces presidente de la Generalitat, el vicepresidente Víctor Campos —que ha admitido la culpa en caso de los trajes por el que se juzga estos días a Camps—; el consejero Esteban González Pons y Diego Torres, en representación de Nóos. El Gobierno de Camps se comprometió a pagar a la entidad de Urdangarin 4,8 millones de euros por gastos corrientes y 1,2 millones por gastos de inversión entre 2006 y 2007, sin descartar que el acuerdo se pudiese prorrogar.
Para su financiación, la Consejería de Economía, que dirigía Gerardo Camps, autorizó una adenda al convenio en el que se estableció una subvención nominativa en 2006 de tres millones de euros. Finalmente, solo se pagaron 382.000 euros y se desistió de la iniciativa. Una idea que partió de una empresa denominada Lobby Comunicación, cuyo propietario puso en contacto a Camps con Urdangarin.
Presidencia de la Generalitat insistió ayer en que las subvenciones se abonaron previa presentación de las facturas, que incluyeron gastos tan diversos como planes de comunicación de diferentes disciplinas deportivas, trabajos de asesoría fiscal y laboral, abono de una parte de las nóminas del personal contratado por Nóos, viajes, hoteles, alquileres, papelería, etc. Una documentación original que obra en poder de la policía judicial que investiga el caso Palma Arena y de la que, según fuentes de la Generalitat, no ha quedado copia en los archivos oficiales. Las mismas fuentes insistieron en que toda la facturación fue visada por la intervención general de la Generalitat, pero no descartaron que Nóos pudiese haber endosado gastos de difícil comprobación. “Es difícil saber si la factura de un ordenador, por ejemplo, se pasó a la vez en Baleares y en Valencia”, admitieron.
El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, exigió ayer a Fabra que muestre también los contratos firmados para la celebración del Premio de Fórmula Uno, el Open 500 de tenis y la Global Champion Tour de Hípica. Los responsables de las empresas que han organizado la competición de tenis y la de hípica también han tenido relación empresarial con el duque de Palma.
