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El drama de los demás no mueve su voto

Los servicios sociales, cuarto pilar del Estado de bienestar, apenas se mencionan en campaña

Las ayudas a los desfavorecidos caen en el olvido de los políticos cuando son más necesarias

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Un grupo de indigentes aguarda para lograr cama en un albergue municipal de Madrid.

Los candidatos llegaron al plató, se sentaron frente a frente y diseccionaron la situación económica. Llegado el bloque social se enfrentaron por los problemas educativos, por los recortes sanitarios, los matrimonios gais, la igualdad de sexos. Y alguno mencionó la Ley de Dependencia en menos de 10 segundos, fugazmente, a título de inventario. ¿Y los servicios sociales? No es fácil que se trate esta área, que se discuta sobre ella, sobre lo que se ha hecho y lo que hay que hacer. Es una cartera muy descentralizada, pero también lo son la educación o la sanidad.

Miles de maestros y de médicos han debido sentirse aludidos estos días cuando hablan los políticos en campaña electoral, pero los más de 400.000 profesionales del sector de los servicios sociales quizá no tanto. María José Redondas, trabajadora social de base y presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Galicia, desde luego no: “Suelen referirse a la política social, pero es que ahí lo meten todo, el desempleo, las pensiones y, como mucho, visualizan la dependencia, pero no todo lo demás”.

Y ese además que menciona Redondas no es poca cosa en tiempos de crisis. El paso de 2008 a 2009 supuso un incremento del 36% en el número de usuarios que se acercaron a los servicios sociales para demandar ayuda, alrededor de ocho millones de personas. Son familias que, de repente, no pueden pagar el agua o la luz o la hipoteca, madres solteras que necesitan apoyo con sus hijos; personas en riesgo de exclusión social porque han perdido algo más que el trabajo; drogas, alcohol, gente que vive en albergues... Y sí, dependientes, estos también están bajo el paraguas de los servicios sociales y ya hay más de un millón reconocidos como tales. También es millonario el colectivo de la discapacidad. Así que hay pocos hogares que no se sientan concernidos por los servicios sociales. ¿No es un olvido político demasiado oneroso en tiempo electoral?

Ocho millones de personas pidieron ayuda en 2009, un 36% más que en 2008

“La solidaridad no mueve multitudes, la gente se mueve por lo que le afecta y, en ese sentido, llevan ya años interiorizando que la educación, como la sanidad, son universales y necesarias. Las consideran como un derecho y como tal lo defienden. Nadie se identifica, sin embargo, con situaciones de pobreza y de exclusión, pero la dependencia sí debería defenderse como un gran derecho, que lo es, pero la gente todavía no lo ve así, es una ley muy joven aún”, explica Gustavo García Herrera, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

La prueba de que el derecho a una ayuda por dependencia no ha calado aún la tiene García Herrera en su propia casa: “Mi madre me discute sobre esto. Se empeña en que tiene que ahorrar por si lo necesita cuando sea dependiente para ir a una residencia; yo le digo que tiene derecho a ella con ahorros y sin ahorros. Y ella, erre que erre, que no. No se ve como un derecho todavía”, cuenta este experto.

Los demás servicios sociales que se prestan empiezan ahora a figurar como derechos en las nuevas leyes que se están redactando en las comunidades autónomas, pero solo cuatro tienen ya aprobado el catálogo en el que figuran los servicios que han de prestarse en caso de hacerse acreedor de ellos.

La segunda clave de la poca presencia de los servicios sociales en la agenda de campaña la asocia García Herrera a otro aspecto que “tampoco se acaba de asumir”, y es “la enorme contribución a la riqueza del país que generan los servicios sociales, una fuente de empleo, se ha demostrado, como no se ha visto en otros sectores”.

Efectivamente, los datos oficiales recién presentados por el Gobierno indican que entre 2009 y 2010 se han creado 165.000 trabajos, el 74% relacionados directamente con la atención a las personas con dependencia, y el resto empleos indirectos en otros sectores productivos. La implantación de la ley también proporciona retornos al erario público, hasta 1.272 millones de euros según los datos del Gobierno. Estos cálculos muestran, además, que se recuperan 20 céntimos por cada euro invertido.

El sector defiende que “los servicios sociales no son gasto sino inversión”

“No puede dejarse de insistir en este extremo económico de los servicios sociales, que son una inversión, no un gasto, lo mismo que en educación o en sanidad. Pero se habla de empleo a secas y eso no basta”, dice García Herrera.

En eso coincide Carlos Sosías, presidente en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, en siglas inglesas). “Los políticos suelen hablar de empleo sin apellidos, pero hay empleo que no es de calidad, ese no sirve, como no sirven las recetas de empleo tradicionales. Deben salir a la luz las incongruencias del modelo tradicional de crecimiento, que hay que cambiar por uno sostenible. En estos años de la recesión el índice de pobreza ha aumentado dos puntos, pero cuando había crecimiento económico no bajó un solo punto”, explica. “Así que no basta hablar de creación de trabajo. Es cierto que con la crisis ha crecido el desempleo en casi tres millones, pero ya había cerca de dos antes. Y muchos de esos desempleados necesitan algo más que encontrar un trabajo; si se trata de personas en riesgo de exclusión necesitan un acompañamiento, porque pueden tener un empleo y perderlo a los dos meses. O jóvenes sin cualificación que no volverán a la construcción, hay que buscar otros empleos”, añade Sosías.

Y ahí se revela con fuerza el sector de servicios sociales. El hecho de que las mujeres inmigrantes hayan aguantado la crisis mejor que sus maridos fotografía con nitidez el parón en el sector de la construcción y el empuje que mantienen, sin embargo, los cuidados personales a discapacitados y, sobre todo, a ancianos dependientes.

El modelo español de bienestar social, y el mediterráneo por extensión, descansa en buena parte en las familias y los cuidados que prestan desinteresadamente a niños, ancianos y familiares con discapacidad. Pero ese sistema está tocando a su fin, porque permitir que las mujeres sigan haciéndose cargo de esos cuidados es cerrarles oportunidades en el mercado laboral y perpetuar un modelo en el que solo ellas se encargan de cuidar.

La gente aún no ha interiorizado que la asistencia social es un derecho

Durante la transición española los servicios sociales estuvieron muy presentes en la vida política porque nacían entonces como un pilar del bienestar que consagraría un derecho y desterraría para siempre la beneficencia. “Sin embargo, en el imaginario colectivo aún se asocia mayoritariamente servicios sociales con marginalidad, con pobreza. El reciente pasado benéfico y asistencial aún no está superado en la actual generación. Y eso no es atractivo ni condiciona decisiones a la hora de decidir por una u otra opción de Gobierno”, opina García Herrera. “Y eso que todos los partidos no son iguales en esta materia, ni mucho menos. Y ni siquiera el mismo partido es igual en las distintas comunidades, como ocurre con la buena gestión de la Ley de Dependencia en Castilla y León y la pésima en la Comunidad Valenciana, por ejemplo.

Pero la falta de concienciación de que se está ante un derecho anula las protestas. Cabe preguntarse, por ejemplo, cómo es posible que los terribles retrasos y despropósitos en la gestión de la dependencia en algunas comunidades no hayan ocasionado multitudinarias protestas en la calle. Se trata, además, de colectivos vulnerables: ancianos, personas con discapacidad o familias que, agotadas de pedir en ventanilla, acaban por conformarse con el modelo clásico de cuidar en casa. Las manifestaciones más sonadas se dieron en la Comunidad Valenciana y ahora en Castilla-La Mancha, pero la repercusión tampoco ha sido grande. “Si en lugar de perder la prestación económica un par de meses, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha recientemente, hubieran dejado de pagar las pensiones habría saltado a los discursos de los principales líderes, seguro”, opina García Herrera.

Más sonoro aún que el silencio de los afectados es el de las organizaciones que les ayudan, el llamado tercer sector. Cruz Roja no quiso opinar para este reportaje, tampoco Cáritas, dos de las grandes asociaciones que más ayuda prestan a las personas que no encuentran cobijo en los servicios sociales públicos. No es fácil para estas organizaciones criticar a los políticos, habida cuenta de que parte de sus presupuestos provienen de dinero público. Pero es que tampoco la Plataforma de ONG de Acción Social, donde se agrupan muchas de estas organizaciones, quiso opinar sobre la escasa presencia de los servicios sociales en el mensaje político.

“Está en nuestra agenda y en nuestro programa"

Y, en fin, tampoco los políticos sienten que se hurte este asunto del debate de campaña. “Está en nuestra agenda y en nuestro programa y lo mencionamos continuamente, con la misma claridad con la que defendemos el desarrollo de la Ley de Dependencia”, asegura Marisol Pérez, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados de Asuntos Sociales esta legislatura. “Rubalcaba ha hecho una proposición para que el 80% de la financiación a las comunidades se dedique a educación, sanidad y servicios sociales, con carácter finalista y con evaluación del cumplimiento”, señala Pérez. “Yo creo que el PSOE sí habla de esto, pero hay que entender que son todavía derechos recientes que la gente no tiene tanto miedo a perder como la educación o la sanidad, por eso se habla quizá más de esas materias”, añade Pérez. Su homóloga del PP en el Congreso, Lourdes Méndez, cree que son los socialistas los que no hablan de ello. “Se lo he preguntado a los cuatro ministros que ha habido, que por qué la política social no se tenía en cuenta. Han reducido el plan concertado [con el que se financian servicios sociales a los Ayuntamientos] y para atender a la Ley de la Dependencia han desbaratado todo lo demás, muchos programas que existían en los servicios sociales se les ha dejado a su suerte”.

El pasado benéfico y asistencial no está superado por la actual generación

Pero ni Mariano Rajoy ni Rubalcaba hablaron de los servicios sociales en el debate y apenas mencionaron la Ley de Dependencia. “Sí, lo mencionó Rubalcaba de forma engañosa, para decir que había subido el presupuesto de Sanidad, pero no dijo que ese ministerio ahora tiene también Política Social, así que la subida aún se queda corta”, insiste Méndez.

El Gobierno recortó el presupuesto que destina a los Ayuntamientos para servicios sociales, una partida de 97 millones que perdió alrededor de nueve. Explicaron que ese dinero lo habían recibido los municipios por otras vías. Y ha habido recortes en numerosas comunidades autónomas, también gobernadas por el PP. Este verano el drama de las ayudas mínimas de inserción se repetía en varias partes: filas de gente que reclamaba su prestación porque no tiene nada más y que no la encontraba en los presupuestos sociales de sus comunidades ni municipios. Muchos de estos casos, desesperados, se han derivado a las organizaciones sociales, que también se han visto desbordadas durante todo el año.

Por eso IU culpa a los dos grandes partidos, los que gobiernan. Dicen que no hablan de esos asuntos, porque ambos recortan, unos desde el Gobierno central y otros en las comunidades. “Se dedican más a educación y sanidad porque ven que le preocupa a la ciudadanía, pero la dependencia, con la que se generarían muchos puestos de trabajo, parece que tiene un horizonte más bien privatizador”, lamenta el secretario federal de Economía y Empleo de esta formación, José Antonio García Rubio.

“En época de crisis el miedo y la insolidaridad arrasan y más bien proliferan mensajes xenófobos y discriminatorios. Hubo un tiempo en que algunos colectivos eran objeto de interés por parte de los partidos, los gitanos, la discapacidad, los mayores... Pero cuando la crisis arrecia, la gente tiende a pensar que en la barca del bienestar no caben tantos. Y ahí aparecen los pobres, los marginados, los excluidos, los que tienen problemas con las drogas. Son estos colectivos los que se asocian todavía con los servicios sociales. La Ley de Dependencia rompe esa vinculación marginal del sector, pero, paradójicamente, esa ley no se relaciona con los servicios sociales”, dice García Herrera.

Efectivamente, esa ley se ha vendido durante mucho tiempo, y aún se le oye a algún político, como el cuarto pilar del Estado de bienestar, una idea que mortifica en el sector. Lo explica Gustavo García Herrera: “Es solo un derecho más, fabuloso y bienvenido, pero el cuarto pilar del Estado de bienestar es mucho más que eso, son los servicios sociales”.

Programa, programa, programa...

Algunas pinceladas sobre asuntos sociales leídas en los compromisos electorales:

  • PSOE. Planes específicos de empleo en el sector de los servicios sociales. Aplicación y pleno desarrollo en los próximos años de la Ley de la Dependencia. Potenciar la prestación de servicios frente a las prestaciones económicas y refuerzo de la red de servicios. Garantizar un marco de financiación estable para la ley.
  • PP. Fortalecer los sistemas de coordinación entre las Administraciones públicas y las organizaciones sociales para actuar con mayor eficacia en la asistencia a personas y familias en situación de necesidad o riesgo de exclusión. Modificar la Ley de Dependencia para garantizar una cartera de servicios básica y común para todas las personas dependientes, así como para garantizar la calidad y la equidad de las prestaciones y servicios.
  • IU. Ley de servicios sociales estatal, concibiendo los servicios sociales como un derecho instituido. Ley de bases para la implantación de una renta mínima o salario social básico a nivel estatal para su desarrollo y gestión por las comunidades y financiación compartida. Financiación y gestión pública de la Ley de Dependencia.
  • UPyD. Ley nacional de garantía de derechos y servicios sociales que garantice el acceso a las prestaciones básicas a todos los ciudadanos. Modificación de la Ley Dependencia para situarla dentro de las competencias del Estado en materia de Seguridad Social. Ley nacional de rentas mínimas de inserción.

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