Conde-Pumpido asegura que Urdangarin no tendrá un trato distinto
El duque de Palma carece de la protección jurídica especial que tienen el Rey y el Príncipe
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dicho hoy en Palma que la Fiscalía Anticorrupción investiga, “intensamente”, sin dar un “tratamiento diferenciado”, el caso que afecta a la posible citación como imputado de Iñaki Urdangarin. Según aclaró el fiscal general, el duque de Palma carece de la protección jurídica especial que tienen el Rey y el Príncipe.
El fiscal dice que no ha recibido “ninguna presión” para frenar la eventual imputación, opción que se ve “inevitable” en fuentes de la investigación.Conde-Pumpido advirtió en todo caso que será el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, el que decida “con autonomía” sobre la imputación. El juez del caso, José Castro, tiene capacidad para decidir sobre el encausamiento del yerno del Rey, esposo de la infanta Cristina de Borbón.
Los fiscales de Palma, según Conde-Pumpido, -que reúne en Mallorca a los 17 fiscales superiores de las autonomías, antes de su despedida-, abordan este asunto sobre Urdangarin "exactamente igual que en cualquier otro caso". La causa secreta del caso Palma Arena alude a la presunta malversación de un millón de euros no justificado en la liquidación del instituto Nóos, que presidía Urdangarin, por dos foros contratados en 2005 y 2006 por 2,3 millones por parte del Gobierno de Baleares, que presidía Jaume Matas, del PP.
Conde-Pumpido asumió que, inicialmente, dos años atrás no apoyó la continuación de las diligencias de investigación que los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach abrieron en los orígenes del caso Palma Arena sobre la supuesta gestión corrupta de Matas y su posible enriquecimiento personal. La causa siguió adelante solamente por la decisión del juez instructor, José Castro Aragón, que ha abierto ya una pieza de juicio contra Matas y lo tiene en libertad bajo fianza de 2,5 millones.
El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach sostienen que tanto Urdangarin como quien fue su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, urdieron un entramado societario para apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, con precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando trabajos "ficticios".
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