La investigación halla un millón de euros de agujero en las cuentas de Urdangarin

Iñaki Urdangarin, duque de Palma, marido de la infanta Cristina y yerno de los Reyes de España, logró en su actividad privada como presidente del Instituto Nóos, una asociación sin ánimo de lucro, contratos a dedo por cuatro millones de euros entre 2004 y 2006 para organizar distintos congresos vinculados al deporte y al turismo en la Comunidad Valenciana y en Baleares, ambas autonomías gobernadas por el PP. En el caso de Baleares, los dos contratos, por 1,2 y 1,1 millones, que suscribió el Gobierno de Jaume Matas (PP) en 2005 y 2006 se hicieron sin concurso y sin respetar la Ley de Procedimiento Administrativo, según la investigación judicial.

El contacto de Urdargarin para conseguirlos fue el entonces director general de Deportes de Baleares, José Luis Ballester, como prueban algunos correos electrónicos que figuran en el sumario. Las facturas de Nóos que justifican los gastos ocasionados por la celebración, durante dos días, de los congresos en Baleares, “aún dándolas a todas por buenas, no cubren ni con mucho la justificación de lo recibido”, sostiene la Fiscalía Anticorrupción. El agujero detectado por la investigación judicial suma casi un millón.

Diego Torres, socio de Urdangarin, presentó tan solo justificantes por valor de 800.000 euros, de los que 150.000 euros eran gastos que nada tenían que ver con los actos del primer evento organizado en 2005. Por el segundo contrato de 2006, Nóos percibió 1,08 millones, pero dejó otro medio millón sin justificar. Y eso pese a que Nóos falsificaba e hinchaba facturas, según la investigación, que no aclara por qué el instituto de Undargarin y Torres no lo hizo por valor de los 2,3 millones que recibió.

Tras los registros ordenados por el juez que investiga el caso, tanto en la oficina como en la vivienda de Torres, que fue gerente del Instituto Nóos entre 2004 y 2006, fuentes próximas al caso aseguran que el duque de Palma será imputado, al menos así lo pedirá la Fiscalía Anticorrupción, que le atribuye varios delitos, para que el juez pueda preguntarle por todas las irregularidades detectadas. Fuentes de Anticorrupción matizan, no obstante, que de momento no hay ninguna acción contra Urdangarin ni tienen previsto tomarle declaración hasta que no analicen toda la documentación incautada -14 cajas de documentos-. Por estos hechos, están ya imputados su socio y tres colaboradores.

Manuel González Peeters, abogado de Torres, recurrirá el auto de registro del juez porque, en su opinión, “no respeta el principio de proporcionalidad”. Torres sostiene que los trabajos y las facturas del Instituto Nóos relacionadas con Baleares están en regla. El recurso persigue que el juez devuelva a Torres la documentación incautada en la sede de la promotora inmobiliaria Aizoon, SL. Esta sociedad es una de las seis que, según el relato del fiscal, utilizaban tanto Torres como Urdangarin para derivar el dinero público adjudicado por el Gobierno balear al Instituto Nóos.

La investigación judicial tiene su origen en el caso Palma Arena, que investiga múltiples irregularidades en la adjudicación de una de las mayores instalaciones deportivas que existen en Baleares y por la que están imputados el expresidente autonómico Jaume Matas y otros altos cargos de su Gobierno.

Como consecuencia de esa investigación, que arrancó hace cinco años, el juez ha ido abriendo piezas separadas. Una de ellas corresponde a la actividad del Instituto Nóos, que logró contratos millonarios del Gobierno de Matas y, antes, del Gobierno de Francisco Camps en la Comunidad Valenciana. Tanto Matas como Camps están imputados por corrupción. El dirigente balear abandonó la política y Camps aún mantiene su escaño de diputado autonómico, aunque tiene pendiente un juicio por cohecho dentro de poco más de un mes.

Compañías de la trama investigada operaban en paraísos fiscales

El juez del caso Palma Arena ha ordenado registros en la Comunidad Valenciana y en Baleares, las dos instituciones gobernadas por el PP que dieron trato de favor al Instituto Nóos, que Iñaki Urdangarin presidió entre 2004 y 2006.

El fiscal recuerda que Nóos se fundó en 1999 y que no tuvo ninguna actividad hasta 2004, cuando nombraron a Urdangarin administrador de esa asociación sin ánimo de lucro. A partir de ese año, el Instituto Nóos recibió encargos de los Gobiernos de Camps y Matas para organizar congresos en los que se debatía sobre la importancia de los eventos deportivos para la salud de las ciudades o para los negocios turísticos.

La fiscalía sostiene que el Instituto Nóos fijó “unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la Administración pública y tras recibir los fondos públicos se simulaba por parte de dicha asociación la contratación de servicios ficticios a dichas entidades mercantiles o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado, emitiendo las mismas las correspondientes facturas contra el Instituto Nóos, acabando de esta forma los fondos públicos en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarin”.

El fiscal detalla el nombre de hasta seis sociedades mercantiles a las que el Instituto Nóos encargaba supuestamente trabajos para la organización de los congresos que, a su vez, había contratado con el Gobierno balear. Entre los encargos figuraba, por ejemplo, la redacción de una ponencia a un hermano de Iñaki Urdangarin.

Los indicios hallados son tan sólidos que, según fuentes próximas a la investigación judicial, “será inevitable la citación judicial de Urdangarin en calidad de imputado”, la misma que afecta ya a Diego Torres, su socio en Nóos. El juez investiga si hubo en este caso falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos. Urdangarin ha preferido de momento guardar silencio en relación con los delitos que la Fiscalía Anticorrupción le atribuye. En la Casa del Rey tampoco hay comentarios sobre la investigación judicial en marcha.

Hay una factura del hermano de Urdangarin

Una de las nuevas pistas descubiertas en la pieza secreta apunta a la existencia de compañías del grupo investigado que operaban en paraísos fiscales, en el Caribe, según los indicios hallados alrededor de la mano derecha y socio de Urdangarin, Diego Torres, ya imputado. La partida en el exterior sería de 300.000 euros, según fuentes de la defensa. El fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, y la comisión judicial de Palma han trabajado durante varios días en los registros e interrogatorios de implicados en Barcelona ordenados por el juez.