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Garzón toma posesión en el Comité Europeo contra la Tortura

El ministro de Justicia dice que "es muy difícil" explicar fuera de España la situación de Garzón

El juez Baltasar Garzón.
El juez Baltasar Garzón.EFE

El juez Baltasar Garzón ha tomado posesión esta mañana como nuevo miembro del Comité Europeo  de Prevención contra la Tortura (CPT), cargo para el que fue elegido el pasado mes de julio por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. El CPT está integrado por expertos independientes encargados de supervisar las condiciones de detención en los 47 países miembros del Consejo de Europa mediante visitas e informes periódicos. Los miembros del CPT actúan a título individual, no en representación de los Estados de los que son originarios.

Garzón accede a este nuevo cargo a  punto de ser  juzgado en el Tribunal Supremo, a partir del próximo día 29, por haber ordenado intervenir las conversaciones de los cabecillas de la trama corrupta Gürtel en prisión para intentar averiguar el paradero de los millones de euros que habían sacado fuera de España. Algunas de las  conversaciones intervenidas fueron de los presos con sus abogados, por lo que está acusado de prevaricación y de vulnerar  garantías  constitucionales.

Precisamente hoy, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha opinado  que es "muy difícil de explicar fuera de España" la situación en la que se encuentra el juez Baltasar Garzón, dada su "hoja de servicios" en "defensa de los derechos y las libertades" y en su "lucha contra el terrorismo". "Con sus más y sus menos", ha añadido.

Fuentes próximas al juez imputado recordaron ayer, coincidiendo con su toma de posesión como miembro del Comité contra la Tortura, que uno de sus principales activos en este campo es el conocido como  "Protocolo Garzón", según lo denominó en su día el Relator de Naciones Unidas Martin Scheinin, al pedir la generalización de su uso  en su informe sobre la tortura en España de mayo de 2008. El Protocolo puesto en marcha por Garzón y hoy de uso generalizado para detenidos en procesos de la Audiencia Nacional prevé que un detenido incomunicado sea sometido a videovigilancia constante y sea examinado por un médico de su elección. De esa forma, se previenen malos tratos y queda libre de sospecha «cualquier agente de las fuerzas del orden a quien pudiera haberse acusado injustificadamente de conducta impropia».

La adopción de dicho Protocolo ha sido respaldada en algunas sentencias de los tribunales como las de la Audiencia Nacional contra el comando Askatasun Haizea o la del Tribunal Supremo del pasado mes de julio contra el etarra Aitor Cotano Sinde. En ambos casos, el tribunal rechazó las denuncias de torturas precisamente por haberse aplicado el Protocolo y haberse filmado  las celdas  de los detenidos.

Desde su suspensión de funciones por el Supremo, Garzón ha sido designado asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, y del Gobierno colombiano dentro de la misión que la OEA tiene en ese país.

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