La Audiencia desmonta la instrucción de Ruz sobre el chivatazo del Faisán
Elosua pudo estar en una perfumería y no en su bar en el momento del soplo
“Si el cimiento falla, se desmorona el resto del edificio”. Esa es la lógica que ha seguido el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para desmontar la investigación del juez Pablo Ruz sobre el chivatazo a ETA en el bar Faisán de Irún. Los 14 magistrados que han estudiado el caso, encuentran “inconsistencias relevantes” en la instrucción del caso. Por unanimidad. La primera, encargar las pesquisas sobre el soplo a los mismos policías responsables de la operación contra el aparato de extorsión de la banda frustrada por la delación. A partir de ahí, la sala pone en duda el momento del chivatazo señalado por el juez y la identidad de la persona a la que Ruz lo atribuye, el inspector José María Ballesteros, los elementos básicos que sostienen el caso. Sin ellos, la instrucción cae como un castillo de naipes.
Los magistrados critican que Ruz se haya apoyado casi únicamente en la hipótesis defendida por el equipo policial al que se encargó la investigación: que el chivatazo, ocurrido en plena tregua de ETA, fue ordenado por el exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo al jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies. Este se habría servido del inspector de Vitoria José María Ballesteros, que el 4 de mayo de 2006 viajó hasta Irún para entregar al miembro del aparato de extorsión Joseba Elosua el teléfono desde el que se le dio el soplo en su bar, el Faisán.
El juez, según la sala, acepta ese relato de hechos sin tener en cuenta otros elementos del sumario que lo contradicen. Por ejemplo, el acta de vigilancia policial del bar Faisán que se realizó el día del chivatazo y que pone en cuestión el momento en que se produjo el soplo. Ruz lo sitúa a las 11.20 de la mañana. Ese fue, según el juez, el instante en que Ballesteros pasó a Elosua el móvil desde el que le avisaron de la operación antiterrorista que se preparaba contra él. Sin embargo, según el relato de los policías que vigilaban al miembro del aparato de extorsión, cinco minutos antes, a las 11.15, Elosua se encontraba en una perfumería en compañía de su hijo, su esposa y su yerno, y no en el bar, donde según Ruz se produjo la delación.
La sala encuentra “inconsistencias relevantes” en la investigación
Las dudas sobre el lugar en que se encontraba Elosua en el momento en que el juez sitúa el chivatazo desvirtúan también la implicación de Pamies. Así, la llamada de este a Ballesteros a las 11.20 de ese día “no es un elemento de verificación o corroboración” de la hipótesis que mantienen tanto Ruz como el equipo policial, sino una posibilidad que debe contrastarse con otros indicios, “como que Elosua no se encontrara en el bar Faisán a esa hora”, tal y como recoge el acta policial de vigilancia.
El hecho de que la persona que le entregó el teléfono fuera Ballesteros tampoco está claro, según el pleno de la Sala Penal. En primera declaración ante el juez, Elosua aseguró que la persona que se lo dio llevaba traje. No un traje clásico o de calidad, sino más moderno o informal. Pero en el vídeo en que se ve entrar a Ballesteros al bar Faisán el día del chivatazo, este aparece vestido con un polo de manga corta con un llamativo logotipo a la altura del pecho. Ese atuendo, según la sala, “nunca hubiera permitido a nadie tenerlo o recordarlo como integrante de una vestimenta más o menos formal, y menos ser confundido con un traje”. En otra declaración posterior, Elosua aseguró que solo conocía a Ballesteros de haber visto su foto en los periódicos, pero negó que fuera él quien le entregó el móvil. “Que esa persona no es, seguro que no es”, aseguró.
Los magistrados llegan a poner en duda, incluso, que el chivatazo fuera urdido y ejecutado por policías. Fue el propio Elosua, en la conversación con su yerno, Carmelo Luquin, grabada gracias a un micrófono instalado en su coche, el que llega a la conclusión de que la persona que le avisó de la operación antiterrorista contra el aparato de extorsión, era un policía. Para los magistrados, esas afirmaciones son únicamente “deducciones más o menos fundadas”.
El tribunal valora que Elosua no haya identificado a quien le dio el soplo
Por último, la sala plantea la posibilidad de que la llamada con la que se dio el soplo fuera realizada desde una antena de telefonía móvil francesa y no de las españolas, las únicas indagadas por el juez. Ruz trató de obtener datos de las compañías de ese país, pero ya no estaban disponibles. Después, en sus conclusiones, desechó la posibilidad de que el chivatazo se hubiera producido a través del alguna de estas como una hipótesis poco relevante. “Puede ser menos probable, pero de ninguna manera imposible”, sostienen los magistrados, que afirman que “debió ser investigada”.
El tribunal concluye con una crítica general al método de investigación seguido por Ruz. “Se parte de una hipótesis, quizá la más probable, pero en cualquier caso no de una certeza”, para construir “hipótesis sobre otra hipótesis con un resultado siempre inseguro”.
Un equipo investigador bajo sospecha
La investigación sobre el chivatazo del bar Faisán de Irún la inició Fernando Grande-Marlaska, por aquel tiempo (mayo de 2006) sustituto del juez Baltasar Garzón durante la estancia de este como profesor en la Universidad de Nueva York. Fue Grande-Marlaska el que decidió encargar la investigación de la delación al equipo policial encabezado por el comisario Carlos Germán, el mismo que había organizado la operación antiterrorista hispano-francesa contra el aparato de extorsión de ETA, en la que Joseba Elosua, entre otros de sus integrantes, debía resultar detenido.
Esa decisión, ratificada después por Garzón a su vuelta y más tarde por Pablo Ruz, cuando se hizo cargo del caso, es duramente criticada por el pleno de la Sala de lo Penal, que en su resolución de ayer sugiere, sin decirlo, que esos agentes pudieron estar implicados en el soplo. Los 14 magistrados que se han encargado del caso consideran que los miembros de ese equipo se encuentran “objetivamente afectados por la circunstancia muy relevante de su proximidad a los hechos, o incluso, de alguna manera, de estar incursos en los mismos”. Esa es la razón por la que, según el tribunal, “los resultados de sus investigaciones han sido continuamente cuestionados” y “tachados de parciales o interesados” por las defensas del exdirector de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector de Vitoria José María Ballesteros, los tres procesados en la causa. El juez, según los magistrados, no ha dado una “respuesta suficientemente razonable” a sus advertencias al respecto.
La sala admite que corresponde al instructor —Grande-Marlaska en un principio, después Garzón y Ruz— designar a las personas que le deben auxiliar en la investigación. Pero también advierte de que el juzgado debió adoptar cautelas para que esa “cercanía a los hechos” del equipo investigador no llegara a tener “efectos contaminantes que afecten al resultado final de la investigación”. Ese equipo, según los magistrados, “construye” una hipótesis que se presenta como “la más razonable”. Sin embargo, sus circunstancias hacen que “surjan dudas razonables” sobre si su metodología ha sido verdaderamente “la correcta”, si su hipótesis era la única posible y si el descarte de otras posibilidades se ha llevado a cabo “de forma imparcial”.
