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La autodeterminación política y fiscal definen los programas de los nacionalistas

Los partidos lucharán por obtener más independencia del Gobierno central en sus territorios

Gloria Rodríguez-Pina
FERNANDO VICENTE

El derecho a la autodeterminación de las comunidades autónomas históricas y la gestión de los impuestos recaudados en sus territorios van a irrumpir con fuerza en la próxima legislatura, con la intención de quedar estampados en la Constitución. Como advirtió Luis R. Aizpeolea en un análisis tras la polémica reforma de la Ley Fundamental -ejecutada para introducir en el texto el límite al déficit público-, aquellas tensas sesiones en el Congreso, en las que los nacionalistas acusaron a PP y PSOE de romper el pacto constitucional, introdujeron con fuerza en el Hemiciclo estas cuestiones, que ahora se han trasladado a sus programas electorales. El partido que se instale en La Moncloa, tras el 20-N, tendrá ante sí estas cartas cuando apele al apoyo de los partidos nacionalistas si es que los necesita para gobernar.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) dedica todo un capítulo de su programa electoral a lo que denomina un “nuevo estatus político para Euskadi”, es decir, su derecho a la autodeterminación o el ejercicio del soberanismo. “Ya no valdrán más excusas”, avisa en unas líneas en las que defiende que tras haberse encauzado el cumplimiento del Estatuto de Gernika, se debe “avanzar en el autogobierno y en el logro de un nuevo estatus político en relación con el Estado”, que se comprometa, en definitiva, con “el reconocimiento político y jurídico de la Nación vasca”, “un Pueblo con derecho y capacidad para decidir sobre su futuro”.

La coalición abertzale independentista Amaiaur presenta como “piedra angular” de su futura gestión política en Madrid la necesidad de “soberanía plena” de la ciudadanía vasca. La nueva fuerza política vasca -que tras el buen resultado obtenido por Bildu en las elecciones municipales y el anuncio del fin de la violencia etarra aspira a conseguir cinco escaños- promete realizar "una férrea defensa" de la "soberanía política, económica, social, cultural, lingüística y ecológica" de Euskadi y Navarra.

Geroa Bai, una coalición formada por Zabaltzen (asociación de independientes de NaBai organizados), EAJ/PNV, Atarrabia Taldea, que se autodefine como el “voto útil abertzale y vasquista”, promete defender “los derechos históricos de Navarra frente a acciones que menoscaben o limiten su autonomía política y fiscal”, en referencia a la reforma constitucional. El “nuevo pacto político con el Estado” al que aspiran, deberá cumplir, al menos, tres requisitos: dotar a Navarra de los niveles de autogobierno que sus ciudadanos libremente decidan, concertación entre todos los partidos, sin exclusiones, y sometimiento a referéndum popular del resultado de la negociación con el Estado.

La cuestión de “una reforma constitucional que recoja el derecho de autodeterminación” y “un modelo de gestión tributaria que recaiga en las comunidades autónomas”, es decir, la “plena descentralización de los tributos”, forman parte también de los objetivos que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) se autoimpone para la próxima legislatura, como explica Francisco Jorquera, su candidato al Congreso. Su aspiración hacia la autogestión tributaria, aclara el diputado, "no es incompatible con que el Estado introduzca mecanismos de redistribución territorial y social".

Como los gallegos, la coalición de nacionalistas canarios Unidos por Canarias –formada por Coalición Canaria y Nueva Canarias- también aboga por la gestión autonómica de impuestos, para lo que defenderá “la existencia de una Agencia Tri­butaria de Canarias, que asumirá la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos”. Los canarios no piden la independencia, pero sí “nuevas competencias sobre materias de gran interés para el fu­turo del Archipiélago”, relacionadas principalmente con la acción exterior de las islas.

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El pacto fiscal catalán

Convergència i Unió (CiU) exige también “el derecho a decidir”, legitimado, asegura, por los votos de los ciudadanos catalanes que les auparon al Gobierno de la Generalitat de Cataluña en las últimas elecciones autonómicas, el pasado 28 de noviembre de 2010. La "nueva política catalana en Madrid", asegura CiU, “no puede ni quiere renunciar a su autogobierno, a su identidad y a su construcción nacional, por más piedras que le pongan en el camino [en referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía catalán]”. La segunda premisa en la que se basarán sus actuaciones en el Congreso y el Senado es ésta: “Después de todo lo ocurrido, las relaciones entre Cataluña y España indudablemente tienen que cambiar”.

“Somos una nación, nosotros decidimos”, asevera sin ambages el programa electoral del partido de Gobierno en Cataluña, que promete defender el “modelo de inmersión lingüística”. Su gran apuesta será, sin duda, "el pacto fiscal”, una suerte de Concierto económico basado en el modelo vasco al que apelan porque consideran que el actual sistema de financiación autonómica, “bajo la piel de la solidaridad con los territorios más pobres, esconde en realidad un enorme expolio fiscal”.

El partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va un paso más allá en sus reivindicaciones tributarias y exige directamente un sistema como el de Euskadi: “Concierto económico sí, pacto fiscal no”, detalla su programa electoral. Un concierto económico que entiende debe cumplir con “una soberanía fiscal efectiva”, o en sus propias palabras, “disponer de competencias en exacción, gestión, recaudación, liquidación, inspección y revisión de los tributos generados en Cataluña, el País Valenciano y las Islas Baleares”, y el “establecimiento de un sistema tributario propio con plena capacidad normativa sobre el conjunto de tributos, sin perjuicio del marco de armonización fiscal europeo”.

En definitiva, en lo que todos los partidos nacionalistas coinciden es en la defensa de un modelo de Estado que reconozca sus respectivas identidades "nacionales", que les permita recaudar y gestionar su riqueza, con mayor o menor solidaridad con el resto de autonomías, y que garantice una relación "de tú a tú", sin unilateralismo ni centralismo, con la Administración central.

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