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El PP protegerá a los funcionarios que destapen casos de corrupción

El programa de Rajoy asegura que agilizará los procesos judiciales de corruptos

Una ley de transparencia y un portal que dé acceso a información pública son las dos medidas más concretas que incluye el programa electoral del PP en relación con la lucha contra la corrupción. El documento hecho público esta mañana no delimita las fórmulas contra la que califica de “una seria patología de la democracia” aunque sí abre un amplio abanico en cuestiones referidas a la transparencia, sobre la que el candidato popular, Mariano Rajoy, dice que será “seña de identidad” de su futuro gobierno.

En cualquier caso, entre los objetivos que se marca figura el refuerzo a “la respuesta del ordenamiento jurídico a las conductas delictivas constitutivas o relacionadas con la corrupción” y promete que asegurará “su rápido enjuiciamiento”, aunque no precisa con qué reforma procesal o de enjuiciamiento. Además, el PP aborda la figura del “delator” y asegura que mejorará la “protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas o corruptas”. Actualmente, el Código Penal ya protege a los funcionarios que denuncian acciones corruptas, siempre que no hayan participado en ellas. Respecto a los particulares, el ordenamiento jurídico incluye protección aún en el caso de que hayan participado pero siempre que no sea reiterativo y si la denuncia se realiza de forma inmediata.

“La lucha contra la corrupción es uno de los objetivos principales del Partido Popular, ya que el funcionamiento del sistema democrático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos”, indica el programa. Sin embargo, resulta curioso que en el apartado en el que más figura la palabra corrupción sea en el referido a deportes.

Aún así, también plantea cambios en la gestión urbanística, principal foco de los casos de corrupción. El programa critica el actual modelo “de potestades públicas discrecionales y subjetivas” y dice que dará paso a otro “de autorizaciones públicas objetivas y regladas para las transformaciones y cambios de uso del suelo, que erradiquen la corrupción”, aunque no explicita cómo y pese a que el urbanismo es una competencia transferida a las comunidades autónomas.

Al igual que el PSOE, el PP habla de la aprobación de una ley de transparencia dirigida, fundamentalmente, al acceso a documentos públicos, después de que “durante los últimos años se han ido adoptando medidas parciales e inconexas, absolutamente insuficientes para alcanzar los niveles que los españoles demandan y que nuestro entorno internacional ya ha logrado”.Así, propugna“normas claras” para ofrecer información sobre los presupuestos y la situación patrimonial de todos los partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, fundaciones y ONG que reciban fondos públicos para financiar su actividad.

El PP propone la creación de un portal de acceso a información de las entidades públicas y la aprobación de una ley de transparencia

Respecto al portal de transparencia, el PP asegura que incluirá el programa de gobierno y evaluaciones periódicas de su ejecución, información sobre el presupuesto y de todos los expedientes de contratación y subvenciones, así como los nombres y la remuneración de todos los altos cargos y personal de confianza en puestos de asesoramiento técnico o político. El portal también publicará, “todas las subvenciones concedidas, los criterios utilizados para su adjudicación, los instrumentos de evaluación de su eficacia y la relación nominativa de sus beneficiarios”.

“La ejemplaridad y la transparencia deben presidir la actuación de quienes asumen responsabilidades públicas, en una doble dimensión, personal e institucional”, decía el preprograma de Rajoy. Con la utilización de ese concepto “ejemplaridad”, el PP, inevitablemente, ha hecho recordar aquel “es un ciudadano y un político ejemplar”, con el que el líder del PP se refirió al presidente de los populares de Castellón, Carlos Fabra, que está pendiente de ser juzgado, al menos, por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.