Bildu rompe su aislamiento en el Ayuntamiento de San Sebastián
La formación de Izagirre logra el respaldo del PP para ubicar la estación de autobuses Los socialistas le apoyaron en la subida de tasas e impuestos municipales para 2012
El alcalde donostiarra, Juan Karlos Izagirre, y su equipo de Bildu están consiguiendo salir del atolladero en el que se encontraban tras las constantes derrotas que le estaba infligiendo la oposición (PSE-EE, PP y PNV) en el Ayuntamiento de San Sebastián. La coalición soberanista, que cuenta con ocho de los 27 concejales de la corporación, ha logrado salvar esta situación al lograr de una tacada acuerdos muy significativos con los grupos socialista y popular. Se visualizó ayer por la mañana con el acuerdo suscrito entre Bildu y el PP para construir la estación de autobuses en el barrio de Riberas de Loiola. Unas horas después, el gobierno local y el PSE-EE sumaron sus votos en un pleno extraordinario para aprobar la subida de tasas e impuestos municipales para 2012.
A punto de cumplir cinco meses en el poder, el gobierno de Bildu rompe por primera vez su aislamiento político en esta ciudad. Después de mostrarse dispuesto al consenso sin obtener apenas ningún resultado, Izagirre pudo celebrar ayer por fin la consecución de sendos acuerdos de una relevancia capital para su gestión. El portavoz del PP, Ramón Gómez, anunció que apoyará la propuesta de Bildu de construir una estación intermodal en Riberas de Loiola, lo que echa por tierra el acuerdo de ubicar la terminal de autobuses en Atotxa, adjudicada desde abril pasado por el anterior equipo de gobierno (PSE-Aralar-Alternatiba). Gómez quiso precisar que “no es un pacto con Bildu”.
Con la decisión de Bildu y PP, que suman mayoría en el pleno, se reabre un debate que viene desde hace 20 años. Jon Albizu, concejal de Movilidad, expresó su satisfacción y dio la “bienvenida” a los populares al acuerdo. Gómez aclaró que el gobierno anterior “ocultó” a la oposición informes del Gobierno vasco y la Diputación que planteaban “dudas” sobre la capacidad del emplazamiento de Atotxa para absorber un flujo de tráfico de “400 autobuses diarios en hora punta”, así como “dificultades” para ofrecer “nuevas conexiones o incrementos de frecuencia”.
La terminal de Riberas, que ya defendió en su día el PP, podría estar operativa en 2016, según el regidor. Su construcción exige que el Ejecutivo autonómico ceda una parcela de su propiedad en la que tiene previsto construir oficinas. Ni Bildu ni el PP precisaron si el Ayuntamiento deberá indemnizar a las adjudicatarias (Transitia, Murias e Iza).
El PSE y el PNV criticaron duramente esta decisión. El portavoz socialista, Ernesto Gasco, calificó de “disparate” y “cúmulo de despropósitos” por pactar el “retraso” en la construcción de la estación sin haber presentado “ningún estudio de costes, ni plazos concretos para el inicio de las obras”. Eneko Goia, del PNV, reprochó al PP su “inconsistencia” por haber dado marcha atrás al apoyo que dio hace un mes a Atotxa, e hizo responsable a Gómez de los “retrasos” que se produzcan a partir de ahora.
En medio de esta tormenta, el grupo socialista y Bildu se aliaron en el pleno municipal para aprobar un incremento generalizado de las tasas municipales. Si hasta ahora una familia pagaba un promedio de 716 euros al año por este concepto, en 2012 abonará 24 euros más. El Consistorio se garantiza aumentar en 3,2 millones los ingresos fiscales. A cambio de su apoyo a Bildu, el PSE logró que fuesen aprobadas todas sus propuestas: bonificaciones para las rentas más bajas en el IBI y establecer desde 2013 una tarifa variable de basuras en función del consumo de agua que se dé en cada hogar. También, consiguieron introducir ventajas en el IAE para las empresas que generen empleo.
La mayoría de los impuestos subirán un 3%, el equivalente al incremento previsto del IPC, aunque el IBI, que pagan todos los ciudadanos, se encarecerá un 5% y el billete ordinario del autobús subirá cinco céntimos y costará 1,45 euros.
Anulado un estudio ferroviario
La Diputación de Gipuzkoa sigue adelante con su política de reducción de gastos. Si el martes pasado la portavoz foral, Larraitz Ugarte, anunció la decisión de poner en cuestión un total de 25 proyectos de carreteras que suman una inversión de 731 millones de euros, el Boletín Oficial de la provincia publicó ayer una orden foral que anula un contrato que había sido promovido por el anterior gobierno foral (PNV y Hamaikabat).
Ugarte, diputada de Movilidad y Transporte Público, adoptó el pasado 17 de octubre un acuerdo por el que la institución guipuzcoana renuncia a contratar unos “servicios de consultoría” para realizar un análisis sobre la integración de los distintos modos ferroviarios existentes en Gipuzkoa, incluido el AVE vasco. La cancelación de este contrato, valorado en 150.000 euros (IVA incluido) se realiza “por motivos de interés público”.
La antecesora de Ugarte en el cargo, Arantza Tapia, del PNV, justificó ayer la contratación de dicho estudio, cuyo objeto era “optimizar las actuales infraestructuras ferroviarias y detectar las necesidades existentes”. Tapia afirma que la decisión de renunciar a este informe técnico supone “un incumplimiento flagrante de un mandato de las Juntas Generales” adoptado a raíz de una enmienda presentada por el PP a los presupuestos forales de este ejercicio.
El contrato en cuestión contemplaba “realizar un análisis que aborde la integración de la red ferroviaria urbana, metropolitana, regional y la alta velocidad”, conocida como la “rotonda ferroviaria de Gipuzkoa”. Esta iniciativa estaba siendo impulsada por el Departamento vasco de Transportes, que pretendía estudiar la viabilidad de unir la línea de EuskoTren en Eibar con el trazado de Renfe en Zumarraga. De este modo, quedaría cerrado el círculo ferroviario en Gipuzkoa que serviría como alternativa a la actual red de carreteras.
La Diputación considera que este proyecto de largo alcance en el tiempo no es ahora mismo prioritario a la vista de las restricciones presupuestarias que van a guiar la elaboración de las cuentas forales del próximo ejercicio, que se verán reducidas en unos 200 millones con respecto a 2011.
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