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Cartografía de la asfixia municipal

Un tercio de los Ayuntamientos recurre a regulaciones de empleo y subidas de impuestos

La FEMP abordará la reforma de la financiación local tras el 20-N

Ildefonso Rubio, funcionario del Ayuntamiento de Barbate, que adeuda las nóminas a su plantilla
Ildefonso Rubio, funcionario del Ayuntamiento de Barbate, que adeuda las nóminas a su plantilla

La secuencia se desarrolló el pasado jueves. Cien trabajadores se concentraron ante la sede del Gobierno de Murcia para denunciar a su empresa, el Ayuntamiento de Moratalla (8.500 habitantes), gobernado con mayoría absoluta por el PP. El Consistorio adeuda a su plantilla las nóminas de cinco meses —8.000 euros de media por empleado— y desconoce cuándo pagará.

Moratalla no es una rara avis, sino un ejemplo de la agonía financiera que padecen la tercera parte de los 8.114 Consistorios, según la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La institución trabaja en una propuesta para modificar la financiación local, que se esbozará tras las elecciones generales. La norma, según fuentes del organismo, pretende resolver una ecuación que permita a los municipios garantizar prestaciones, como las escuelas infantiles o los servicios sociales, que concentran el 25% de su presupuesto, y cuyas competencias han absorbido de las autonomías por la vía de los hechos consumados. “Es una reforma urgente”, justifica el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Javier Suárez Pandiello. Mientras llega la ley, los municipios anuncian ERES, subidas de impuestos y preparan la tijera para atenuar su asfixia.

Fuente: Ministerio de Economía ampliar foto
Fuente: Ministerio de Economía

» Andalucía. Las cuentas no cuadran en Jerez, cuyo Consistorio arrastra una deuda de 953 millones. Su situación alcanzó el cénit al sufrir cortes de luz por no abonar una factura de 3,1 millones. La alcaldesa, María José García Pelayo (PP), recaló en el cargo con la mirada puesta en la tijera. Recortará hasta un 40% las nóminas de los 2.700 trabajadores municipales —seis millones de euros al mes—, venderá la gestión de la empresa municipal de agua y aprobará un ERE en Onda Jerez, que afectará a la mitad de la plantilla (85 empleados). También en Cádiz, los funcionarios de Barbate (23.000 habitantes), La Línea (69.000) y Los Barrios (23.000) han declarado la guerra a sus Ayuntamientos por los impagos.

» Cataluña. Moià (Barcelona) encarna el drama del pinchazo inmobiliario y la euforia sobre la evolución de la economía. El municipio disparó sus ingresos durante el auge del ladrillo y levantó equipamientos impropios para sus 5.700 habitantes. Ahora sufre la resaca de la fiesta. Arrastra un endeudamiento del 375% (el máximo permitido por ley es del 75%) y abona las nóminas de sus funcionarios gracias al auxilio de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona. Sus proveedores, en cambio, no cobran. “Tenemos servicios pensados para una ciudad mucho más grande”, admite el alcalde, Dionís Guiteras (Esquerra), que tras acceder al cargo, el pasado mayo, declaró a EL PAÍS: “A partir de agosto no podremos enterrar a los muertos”. Junto a Moià, medio centenar de municipios de Cataluña atraviesan dificultades económicas serias.

» Comunidad Valenciana. Nàquera (Valencia, 5.600 habitantes) vive con la soga al cuello. Su alcalde, el independiente Damián Ibáñez, reunió en julio a los vecinos para anunciar recortes. El regidor reveló una deuda de 22 millones, que heredó de su antecesor del PP, y ahora anuncia recortes. También preparan la tijera en Benidorm (Alicante, 71.000 habitantes), que recortará un 20% su plantilla (1.060 trabajadores) para combatir una deuda de 130 millones.

» Madrid. El Ayuntamiento de Parla (130.000 habitantes), gobernado por el socialista José María Fraile, baraja un ERE que afectará a 110 trabajadores municipales, entre los que figuran 66 funcionarios. El Consistorio, atenazado por una deuda que el PSOE cifra en 50 millones y el PP eleva a 200, ha visto cómo un juez autorizaba el embargo de su patrimonio por un impago de cuatro millones.

» Galicia. Moaña (Pontevedra, 20.000 habitantes) salvó in extremis en agosto un inminente corte de luz pagando sus facturas, mientras que Vimianzo (A Coruña, 8.000 habitantes) planteó devolverle al constructor su Casa de la Cultura por no poder abonarle 800.000 euros.

» Castilla y León. El alcalde de Cacabelos (León, 5.000 habitantes), el popular Adolfo Canedo, fio a la suerte el futuro del municipio, convulsionado por embargos por valor de un millón de euros. El regidor jugó al Euromillón para tapar el agujero, pero no tuvo suerte. El Consistorio prevé un plan de saneamiento para pagar a proveedores. En Trefacio (Zamora, 189 habitantes), el alcalde del PSOE se encontró una deuda de 450.000 euros, gestada durante 28 años de equipos del PP. En los últimos cuatro años, los vecinos han visto cómo desfilaban por el Ayuntamiento nueve secretarios municipales.

» Murcia. A los apuros financieros de Lorca, que arrastra una deuda de 105 millones, se sumó el pasado 11 de mayo el terremoto, que dejó un reguero de pérdidas de 1.650 millones, según el Ayuntamiento. Su alcalde, Francisco Jódar (PP), anuncia ahora “medidas de choque”, como reducir en 55 trabajadores la plantilla municipal de 600. “Estamos desesperados, esto no lo podemos arreglar solos”, apunta Jódar.

Con información de Ana Huguet, Ivanna Vallespín, Cristina Vázquez y Artur Balaguer.

500 años para pagar una deuda

JOAQUÍN GIL

Los 250 vecinos de Peleas de Abajo (Zamora) necesitarán 500 años para saldar los impagos municipales con sus proveedores. Una deuda de 4,6 millones, repartida en 18.400 euros por habitante, ha convertido a la ciudad en el emblema de la ruina. Al borde de la quiebra, Peleas de Abajo lo ha perdido todo. Los bancos han devorado en tres décadas fincas, montes y bosques municipales. La localidad solo conserva el edificio del Ayuntamiento y un empleado. ¿Qué la ha conducido al precipicio? “El despilfarro y el descontrol”, sentencia el alcalde, Félix Roncero, que el 22-M desalojó del poder a la familia Rodríguez, que gobernó durante 32 años bajo las siglas del PP. Roncero acusa a los dos regidores del municipio, Josefa Rodríguez (1979-2003) y Marcelo Jurado Rodríguez (2003-2011), su hijo, de disparar con pólvora del rey. Por su culpa, sostiene, el Consistorio se enfrenta a impagos de los bancos (2,7 millones de euros), Hacienda (550.000 euros) —el Ayuntamiento no pagaba la Seguridad Social de sus trabajadores desde 2005— y proveedores (500.000 euros). El nuevo alcalde, que se ha quitado el sueldo de 20.000 euros que cobraba su antecesor, comunicó en junio a los proveedores que solo cobrarán el 20%, y en 25 años. Es decir, nada, ya que la cantidad apenas compensa los gastos financieros. Por ello, los empresarios afectados están dispuestos a renunciar al dinero a cambio de que el Consistorio denuncie al antiguo regidor, al que responsabilizan del agujero. “Me dicen que tengo que meterlo en la cárcel porque les ha dejado en la ruina”, dice Roncero.