Gallardón traspasará el metro a Aguirre y ve difícil unificar Samur y Summa

Tras su mayoría absoluta en las elecciones del mayo, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, coincidieron en sentarse a negociar para “avanzar de forma rápida en la delimitación de los servicios que cada Administración debe prestar, evitando duplicidades y costes redundantes”. Con la esperanza de que esta racionalización conlleve además un recorte de gastos (“no tenemos ni un puto duro”, llegó a decir Aguirre), se creó una comisión en la Asamblea, ante la que comparecerá Gallardón el 30 de noviembre. El Ayuntamiento cifra en 892 millones (sobre un presupuesto de 4.542 millones en 2011) los gastos a los que hace frente sin estar obligado: en parte son voluntarios (por ejemplo, los de ámbito cultural); otros complementan servicios de otras Administraciones (como hacían hasta ahora las becas de comedor), y otros directamente se solapan con los de Gobierno o Comunidad. En este último apartado es en el que mayores avances se pueden lograr sin coste político, pues los ciudadanos no pierden servicios, pero se ahorra evitando duplicidades. Ayuntamiento y Comunidad han mantenido cuatro reuniones de nivel técnico (con directores generales y profusión de cifras y datos). Se han tratado servicios sociales, educación, empleo, medio ambiente (con temas de poco calado, como las sanciones por ruido) y salud pública (prevención de plagas). Mañana se discutirán los servicios de emergencia Samur y Summa. Y quedan pendientes cultura, deportes y sanciones (ahora los expedientes se reparten según su gravedad y no por la naturaleza de la falta). Tras estos análisis individualizados tendrá que hacerse un mapa global, cuadrando los intercambios de funciones, presupuestos y plantilla para concluir el ahorro posible. Serán necesarias así reuniones políticas de alto nivel. Y en los casos que afecten a funcionarios, deberá negociarse con los sindicatos. Por ello, es posible un acuerdo en algunos temas antes del 1 de enero (es decir, para el presupuesto de 2012), pero otros quedarán para una segunda fase.

» Metro. El Ayuntamiento está dispuesto a que la Comunidad gestione este servicio, dado que su ámbito es ya supramunicipal. Posee el 75% de las acciones, frente al 25% regional, pero el usufructo y los derechos políticos están cedidos en ambos casos al Consorcio Regional de Transportes. Traspasar esas acciones a la Comunidad conllevaría compensar su valor y el dinero que el Ayuntamiento dejaría de aportar para financiar un servicio del que es su máximo beneficiario. “Es factible pero complejo”, aseguran las fuentes consultadas. Ese ahorro en las aportaciones al Consorcio, en cualquier caso, podría ser la clave de bóveda para cuadrar su presupuesto.

» Educación. El Ayuntamiento cuenta con 52 escuelas infantiles, y solo dos son de gestión directa; la Comunidad tiene algo más de 60, pero el 40% son de gestión directa, lo que complica su traspaso porque implica mover trabajadores públicos (con un coste en nóminas de 30 a 40 millones). Unificar la enseñanza de 0 a 3 años a nivel regional tiene sentido como portal de acceso al sistema educativo (una competencia de la Comunidad); además, muchos centros están integrados físicamente en otros de Primaria. Pero también tiene sentido lo contrario, que toda la red pase a ser de gestión municipal, como servicio de proximidad. Se busca la solución más idónea ante una realidad compleja, y la que mayor ahorro de costes implique. En este último caso, la Comunidad asumiría a cambio el centenar de centros de día municipales; el traspaso sería sencillo, puesto que en su mayoría son de gestión directa. Y tendría sentido, pues las materias relacionadas con la Ley de Dependencia son de atribución regional. Quedarían por repartir los centros de mayores, un servicio que el Ayuntamiento, con casi un centenar (frente a 16 regionales), considera de proximidad, no asistencial, y por tanto en su órbita.

» Servicios de emergencia. El Samur municipal (que atiende en la vía pública) y el Summa regional (que actúa en viviendas) se tratarán en la reunión de mañana, pero el Ayuntamiento cree que se trata de dos de los servicios más complejos de encajar, por su estructura, y con toda probabilidad quede relegado a la segunda fase.

» Empleo y vivienda. En el primer caso, el marco estatal prevé que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad desempeñen un papel propio en esta materia. Además, está pendiente aún la reforma normativa que desemboque en las agencias de colocación, por lo que las fuentes municipales consultadas consideran que lo más sensato es aparcar el tema. En cuanto a la vivienda, la primera reunión puso de manifiesto fuertes diferencias entre ambas Administraciones, a lo que se une la complejidad que conllevaría un traspaso del patrimonio gestionado por la EMV y el IVIMA.