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ETA anuncia que colaborará con el grupo internacional que verifica el alto el fuego

La comisión creada el miércoles en Bilbao es rechazada por el Gobierno

La banda se queja del bloqueo de los Estados de España y Francia

Los miembros de la Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego de ETA.
Los miembros de la Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego de ETA.

ETA da por buena la recién creada comisión internacional de verificación del alto el fuego de ETA, nacida a instancias de la izquierda abertzale y el abogado sudafricano Brian Currin y anuncia que colaborará con ella. Así lo asegura en un comunicado difundido esta tarde en la versión digital de los diarios Berria y Gara. La organización terrorista se queja, además, de la situación de bloqueo que, según su interpretación, han impuesto los Estados de España y Francia al proceso iniciado por la banda con la tregua. Gara dice exactamente que ETA "adopta el compromiso de colaborar con la Comisión Internacional de Verificación", mientras que Berria se limita a decir que la banda "da por buena" la comisión.

La comisión de verificación está incluida en el llamado acuerdo de Gernika, en el que se pide a ETA un alto el fuego "general, permanente y verificable" (la verificación sería llevada a cabo por este grupo internacional) como paso previo a la definitiva desaparición de la banda. En el comunicado, según avanza el diario Berria, la banda recuerda que en marzo aceptó una verificación informal de la tregua y se queja de la actitud de los Estados español y francés durante todo este tiempo. La nota añade que la mera constitución de la comisión es "un paso importante"

Esta comisión internacional, rechazada por el Gobierno que solo espera el comunicado del final etarra, fue creada el pasado miércoles en Bilbao ya aseguró nada más constituirse que tenía garantías” de que la banda ha asumido que el alto el fuego permanente anunciado en enero es “unilateral”, es decir, que no depende de lo que vayan a hacer los Gobiernos central o vasco o la justicia, por ejemplo, y “sin condiciones”, lo que implica que no puede esperar contrapartidas políticas por el cese de la violencia.

La comisión, constituida por cinco expertos y una coordinadora, tendrá como objetivo “verificar de forma imparcial” que la banda sigue cumpliendo sus compromisos. Al igual que el grupo internacional de contacto liderado por Currin, la comisión ha chocado con las reticencias de los Gobiernos central y vasco a reunirse con ella. No obstante, sus miembros esperan que tras el 20-N exista un “clima más propicio” para que puedan sentarse a hablar con el Gobierno entrante. Ambos Ejecutivos creen que las fuerzas de seguridad no necesitan ayuda externa para verificar el alto el fuego o el cese de la extorsión a empresarios, por ejemplo. Estiman que la labor de Currin solo sirve a la izquierda abertzale para escenificar su propio relato alternativo sobre el final de ETA.

El director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, rechazó esta semana pasada la comisión internacional. A su juicio, la única verificación que admite España es la que hacen los servicios antiterroristas: "Si ven un terrorista, verifican que lo es y lo detienen".

El comunicado de ETA llega hora después de que Ekin, la estructura que la organización terrorista creó para dinamizar y dirigir todo el apoyo a la banda en su parte legal y transmitir sus directrices al entorno de Batasuna, anunciara también en el diario Gara que se autodisuelve 12 años después de su puesta en marcha. Dos miembros de su última dirección revelan en la edición de hoy del diario Gara esta decisión, que enmarcan en el cambio radical de estrategia de la izquierda abertzale.

También llega después de que los presos de ETA hayan suscrito el pasado día 23, de forma mayoritaria, el llamado acuerdo de Gernika, en el que se aboga por las vías exclusivamente políticas y por “un definitivo abandono de su actividad armada” a cambio de contrapartidas —como una amnistía total— consideradas inasumibles por el Gobierno.

El llamado Colectivo de Presos y Presas Políticos Vascos (EPPK), que engloba a los 732 presos de ETA, hacía público entonces un comunicado en el que mostraba su “compromiso firme de empujar para avanzar en el proceso democrático, dentro del Acuerdo de Gernika y según sus contenidos”. Dicho acuerdo fue introducido en las cárceles por la izquierda abertzale que apuesta por las vías pacíficas para su debate entre los presos y para intentar que los reclusos presionaran a ETA para que anunciara su final.

[En el comunicado, la banda considera que el paso dado “debería ser el precedente de los compromisos multilaterales que necesita el proceso de resolución” y cita, expresamente, “el respeto de los derechos básicos de los presos políticos vascos” y “el respeto de la actividad política de la izquierda abertzale”, en alusión a Sortu. La adopción de esos compromisos, apunta la banda, les podría llevar “a dar pasos determinantes e irreversibles”.]