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Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra ultiman su tijeretazo

La Generalitat catalana congela dos meses los pagos a las residencias concertadas

El presidente de Cataluña, Artur Mas, acompañado por el presidente de la Comunidad valenciana, Alberto Fabra
El presidente de Cataluña, Artur Mas, acompañado por el presidente de la Comunidad valenciana, Alberto FabraBernal Revert

La España autonómica se aprieta el cinturón. Las 17 regiones, 12 de ellas gobernadas por el PP, encaran sus próximos presupuestos con duros recortes. Las comunidades, que deben cerrar el año con un 1,3% de déficit del PIB, se han comido el 1,2% en el primer semestre.

El Ministerio de Economía ha llamado a capítulo a las autonomías. En plena precampaña del 20-N y, pese a los esfuerzos de los políticos de desterrar del vocabulario términos como recortes o planes de ajustes, la crudeza de las cifras no engaña. Tras los anuncios de Castilla-La Mancha –que reducirá su presupuesto de 2012 un 20%-, se sumaron Murcia (18%) o Extremadura (hasta un 20%). La tijera llega ahora a Cataluña, la comunidad más endeudada de España, donde la Generalitat ha congelado dos meses los pagos a las residencias concertadas y el Ejecutivo de Artur Mas (CiU) planea quitar media paga extra a 40.000 médicos y enfermeros. La Comunidad Valenciana, donde el sucesor de Francisco Camps, Alberto Fabra, quiere ahorrar más de 1.800 millones “amortizando” funcionarios, adelgazando empresas públicas o aplicando un ERE a Canal 9 se ha sumado Navarra. La Comunidad foral ha pasado de ensalzar sus cuentas a anunciar una disminución de 327 millones en sus presupuestos.

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Yolanda Barcina (UPN), que gobierna en Navarra tras el 22-M con el PSOE, ha anunciado de golpe el mayor recorte de gasto público realizado hasta la fecha. El Gobierno foral aprobará mañana un ajuste de 327,2 millones de euros. Se van a eliminar de los presupuestos de este año gastos por valor de 163,6 millones de euros y se aplazará para 2012 partidas que suman otros 163,6, lo que sitúa el límite de gasto no financiero para el próximo ejercicio en 3.711 millones de euros. Los recortes –según Barcina- no afectarán a las políticas sociales.

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Los recortes de la Generalitat en sanidad se extenderán ahora al bolsillo de 10.000 médicos, 18.000 enfermeros, 2.400 residentes y otros 10.000 trabajadores de la sanidad catalana. Los cerca de 40.000 empleados de la red pública de salud deberán renunciar a la mitad de la paga extraordinaria de Navidad: una horquilla de entre unos 420 y 1.120 euros, en función de las distintas categorías profesionales.

Murcia, la tijera llega a la universidad

El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, del PP, auguró el jueves una “reducción” de la financiación de las universidades de la Región. Durante la inauguración del curso en la Universidad Politécnica de Cartagena, pidió un “sacrificio” a los rectores. El último plan de ajuste aprobado por su Gobierno en diciembre (1.000 millones) conllevó recorte de salarios, el aumento de la dedicación docente y la reducción de profesores asociados. Valcárcel no da cifras, pero la Región tiene pendiente obras en la Escuela de Arquitectura e Ingeniería e Ingeniería Civil (UPCT) o el Campus de Ciencias de la Salud (UMU) que ahora quedan en el aire. La medida se suma a otras iniciativas, como la reducción del horario de los ambulatorios.

Fabra, menos empresas públicas

La austeridad fue uno de los propósitos del presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Alberto Fabra, tras suceder a Francisco Camps. El jefe del Consell , que gestiona la segunda autonomía más endeudada, por detrás de Cataluña, con un déficit de 20.547 millones de euros, casi un 20% de su PIB, presentará la próxima semana un paquete de recortes sobre empresas públicas –excluida la televisión pública, pendiente de un ERE- con el que el Gobierno valenciano prevé apretarse el cinturón para ahorrar un 20% del gasto, 400 millones de euros, que se sumarán a un plan de ajuste de 1.800 millones que ya está en marcha. El Consell contempla amortizar más de 700 puestos de trabajo en la Administración (por jubilación o porque no hay titular de las plazas); reducir un 22% los liberados sindicales; eliminar al personal de información en las urgencias hospitalarias; rebajar el gasto farmacéutico y aplazar la inversión prevista en universidades, entre otras medidas.

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