Camps argumenta que él compra trajes más caros que los de Gürtel

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, sigue empeñado en que acudan a declarar los responsables de los establecimientos en los que adquiere habitualmente sus trajes. Quiere que acudan al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en calidad de testigos, para que confirmen que no solo les compra prendas de vestir sino que las que adquiere son más caras que las que regalaba la trama Gürtel, valoradas entre 650 y 1.000 euros.

Camps está pendiente de que el tribunal valenciano decida si sigue adelante con la causa de los trajes y marca la fecha del juicio o atiende alguna de sus solicitudes. Entre las últimas cuestiones que ha alegado, argumenta jurídicamente el tan manido “no se vende por tres trajes” y califica de “grotesco” el “entender que unas cuentas prendas de vestir (…) puedan entenderse de provecho” para el acusado que, según los indicios, acumuló supuestamente prendas regaladas por la trama hasta un total de 14.000 euros. El escrito presentado ante el tribunal sostiene que las prendas son de “escaso valor y relevancia”. Y mantiene que se trata de un “sinsentido” alegando que el valor de las prendas que el adquiere en los almacenes que frecuenta son de un valor superior. Por ello insiste, ya que no es la primera vez que lo solicita, que acudan a declarar los empleados de los establecimientos en los que compra trajes para intentar demostrar que los que él usa son más caros.

El expresidente valenciano argumenta que no se ha demostrado que utilizara los trajes 

Otra de las alegaciones de Camps se refiere a que no se ha probado la existencia de los trajes ni su uso y lo hace después de intentar presentar como prueba no solo las fotos de sus armarios (con prendas de origen justificado) sino fotos institucionales en las que no aparece con los trajes supuestamente regalados por la trama. Sin embargo, en su declaración ante el juzgado, el expresidente de la generalitat nunca negó la existencia de dichos trajes, sino que alegó que los había pagado, aunque no pidió el ticket para poder justificarlo. Incluso, dio referencias del uso que dio a algunas prendas: “Recuerdo perfectamente el día que estrené los zapatos, fue en un acto de la precampaña electoral en Valencia, a finales de marzo de 2007”, dijo ante el juez.

Otra de las teorías que expone Camps para argumentar su inocencia es que, después de que fuera probado que conocía a Álvaro Pérez “El Bigotes”, tal como han demostrado algunas de las conversaciones intervenidas, el expresidente valenciano alega que desconocía las “relaciones societarias” de este con el cabecilla de la trama corrupta Gürtel, Francisco Correa.

Camps afirma que el delito, si se cometió, tuvo lugar en Madrid y la fiscalía sostiene que ocurrió en Valencia

Tras la decisión de decretar la apertura de juicio oral, Francisco Camps ha hecho otro intento porque la vista con jurado no sea fijada ya y celebrada, posiblemente, en plena campaña electoral. Ha pedido, ahora, que sea el Tribunal Supremo el que acoja la causa ya que, según alega, en el caso de cometerse el supuesto delito de cohecho impropio del que se le acusa, este se cometió en Madrid. La defensa del presidente Camps insistió en su escrito de cuestiones previas en que “ninguna actuación dice que parte de los hechos ocurrieran en Valencia”. Lo cierto es, sin embargo, que ya en febrero de este año, en su escrito de conclusiones, la Fiscalía Anticorrupción señaló que las dádivas eran recibidas por los imputados en Valencia, bien en sus domicilios, bien en el de Álvaro Pérez, El Bigotes, o bien en la sede de Orange Market.

 La postura de la acusación parece haber sido firme al respecto. Así, en las sentencias que condenaron a Víctor Campos (exvicepresidente de la Generalitat) y a Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo), en el apartado de “hechos probados por conformidad”, se establece: “Finalmente las prendas y demás objetos se entregaban a sus destinatarios en Valencia, bien en sus propios domicilios, bien en la sede de la sociedad Orange Market o en el domicilio de Álvaro Pérez Alonso, quien participaba directamente en la administración de la mercantil Orange Market”.

Las fuentes jurídicas consultadas recuerdan que el delito de cohecho pasivo impropio, en la redacción del Código Penal vigente en el momento de los hechos, castiga a “la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente”. Es decir, que el delito se comete con la aceptación (el simple hecho de regalar no es delito), y por tanto lo más relevante no es dónde adquirió los regalos la trama, sino donde los recibieron los imputados: según la acusación y las condenas de dos de los acusados, ello ocurrió en Valencia, y por tanto el órgano competente sería el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Todo ello, prosiguen las mismas fuentes, sería coherente con la trayectoria procesal que ha seguido el caso, y con las posturas mantenidas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Superior de Valencia y, añaden, por la propia defensa del expresidente de la Generalitat durante dos años y medio.