_
_
_
_
_

El Supremo decide el lunes sobre las actas de la Junta en el 'caso ERE'

La juez reclama la disponibilidad de todas las decisiones del Gobierno desde 2001

Un grupo de periodistas gráficos graba el traslado de las actas de la Junta de Andalucía a los juzgados en abril.
Un grupo de periodistas gráficos graba el traslado de las actas de la Junta de Andalucía a los juzgados en abril.PACO PUENTES

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción ha señalado para el próximo lunes 19 de septiembre la deliberación sobre el conflicto que enfrenta a la juez de Sevilla Mercedes Alaya con la Junta de Andalucía a fin de decidir si la magistrada puede disponer de todas las actas del Consejo de Gobierno andaluz desde 2001, como reclama dentro de la investigación por la supuestas prejubilaciones fraudulentas en el caso de los ERE. El Ejecutivo andaluz sostiene que esta documentación es secreta.

En una providencia conocida esta mañana, el presidente del Supremo, Carlos Dívar, que preside el Tribunal de Conflictos, y los magistrados José Manuel Bandrés y Octavio Juan Herrera, señalan la deliberación para el día 19 a las 10 de la mañana y convocan a todos los miembros del tribunal, al tiempo que pasan las actuaciones al vocal ponente.

Más información
El 'caso ERE' en cifras

La juez Alaya reclamó en marzo, a pesar de la Junta de Andalucía, todas las actas para evitar manipulaciones. El Gobierno las entregó en abril, pero recurrió al considerar la decisión "inédita", "más allá de lo razonable" y "no motivada".

El Ejecutivo andaluz alegó que la ley de Gobierno de la comunidad, en el artículo 31. 1, señala que "los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos".

Las actas salieron del palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza, en un armario acorazado y han sido custodiadas por la Guardia Civil hasta que la Audiencia de Sevilla decidió en julio que volvieran a su lugar de origen a la espera de la decisión que se adopte el próximo lunes.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

El caso ERE investiga el destino de 560 millones destinados a expedientes de regulación de empleo. Se han detectado 59 intrusos -personas que no trabajaron para las entidades subvencionadas- y 87 anomalías administrativas. También se cuestiona la concesión de ayudas directas a empresas en crisis, fondo que contó con 87 millones.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_